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26 de mayo de 2021
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Megacausa federal

Los hechos y delitos que confesaron los abogados imputados en el Bentogate

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La imagen que confirmó a la fiscalía que existía pago de coimas. Fue enviada por Martín Ríos a Diego Aliaga

Su declaración les permitió a dos letrados recuperar la libertad. El 8 de junio se levanta el secreto del sumario y se vienen más imputaciones a representantes legales.

Son días importantes en la investigación que lideran el fiscal general Dante Vega y el juez Eduardo Puigdéngolas contra una presunta banda que cometía delitos con expedientes judiciales y tenía como rol central para la decisión de la concreción de las maniobras al juez federal Walter Bento.

Se espera que el martes 8 de junio se levante el secreto del sumario impuesto en las actuaciones y se resuelvan nuevas imputaciones. No solo eso, la defensa del titular del Juzgado Federal Nº1, representada por Mariano Cúneo Libarona, tiene previsto hacer declarar al sospechoso número 1, debido a que está acusado de una batería de delitos como cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Las nuevas acusaciones apuntan a representantes legales y procesados o condenados por diversos hechos, es decir, abogados y clientes que requerían de sus servicios, respectivamente. Uno de ellos es mencionado en la causa desde la incorporación de las primeras fojas pero su participación no había sido probada hasta que empenzaron las primeras confesiones.

Ver también: Bentogate: son tres los policías que estaban agendados en el teléfono clave del caso

En los letrados está enfocada la mayor parte de la instrucción que se inició en marzo del año pasado luego del análisis del teléfono celular de un sujeto detenido por narcotráfico por la Policía contra el Narcotráfico de la provincia (PCN), Walter Bardinella Donoso.

Los abogados cuestionados se transformaron en una pieza fundamental de la asociación ilícita que los investigadores aseguran que integraban junto con el nexo o facilitador identificado como Diego Aliaga (asesinado en julio del año pasado), debido a que forman parte de los testimonios y cientos de mensajes de texto y audio incorporados como prueba en la causa.

El miércoles 5 de mayo, cuando se desarrollaron una docena de allanamientos en el Gran Mendoza, tres reconocidos abogados locales fueron detenidos por estar sospechados de cohecho activo. Sólo uno de ellos continuaba ayer tras las rejas de una comisaría, Luciano Ortego.

Los otros dos, Martín Ríos y su socio Matías Aramayo, decidieron declarar como arrepentidos luego de una semana de estar privados de su libertad. La recuperaron pero continúan imputados por la citada calificación en tres hechos.

Lo que dijeron se basó, básicamente, en confesar la acusación del Ministerio Público. Esto terminó complicando al señalado jefe de la asociación ilícita, el juez Walter Bento, y al resto de los imputados.

Ver también: En detalle: la declaración más importante del Bentogate

En detalle

De acuerdo con información a la que accedió este diario, Ríos y Aramayo, representados por el abogado Pablo Cazabán, decidieron hablar en el expediente como arrepentidos.

Después de algunas horas en los Tribunales federales, admitieron lo que sostenía el fiscal Vega: que, mediante diversas presentaciones, preparaban el terreno para que el juez terminara beneficiando a sus clientes a cambio de una coima en moneda extrajera.

Confesaron que se juntaban y enviaban mensajes de texto y audio con Bardinella y también con Aliaga (este daba las instrucciones y, entre todos, terminaban de cerrar el “trato” con el magistrado, se desprende del expediente) y que fueron parte activa de beneficios que recibieron los imputados por contrabando Javier Santos Ortega y Juan Carlos Molina.

Fuentes judiciales detallaron a El Sol que Ríos y Aramayo reconocieron los hechos que tenían como escenario el Juzgado Federal Nº1 de la Provincia y que se concretaron en causas penales en las que se manejaban importantes sumas de dinero.

Ríos aceptó que tenía conexión directa con Diego Aliaga, considerado la mano derecha del juez. Es más, dijo que hasta le solicitaba instrucciones en los diversos expedientes, es decir, conocer los pasos a seguir en las causas donde se pagaban coimas para obtener los beneficios en el juzgado a cargo de Bento. Siempre mientras era abogado de Bardinella.

Los mensajes de teléfono –la mayoría mediante la red social Telegram– jugaron un papel determinante en la acusación por cohecho que recayó sobre Ríos.

Un ejemplo de ello se advierte en uno que le envió a Aliaga el 1 de julio del 2019, ya que probó que había diálogo entre ellos para llegar a los acuerdos. “Diego, mañana sería bueno vernos por el tema este, que... bueno, por el expediente”.

La respuesta de Aliaga llegó dos horas después: “Dale”. Por su parte, también admitió las conversaciones con Bardinella, como una que se registró el 4 de agosto del mismo año. “Luciano (Ortego) no me dio la plata y no me la va a dar por lo menos en las buenas”.

Y, en otro mensaje de audio, Bardinella le muestra su intención de pagarle a Ríos, ya que tiene un auto que puede ponerlo de garantía, tal como se lee en la causa. “Yo quiero mañana rendir con lo mío, porque la verdad que estoy desesperado por arreglar lo mío, no puedo seguir más en esta situación”, señala la transcripción del audio que envió el presunto narco mientras se encontraba con pedido de captura y buscaba una excarcelación en el juzgado de Bento.

Otro de los mensajes que admitió Ríos, tal como explicaron las fuentes consultadas, es uno que Bardinella le envió el 5 de agosto del 2019: “Yo creo que ya están los tiempos, por eso es que estoy insistiendo tanto con este tema; me gustaría firmarte ya como mi abogado, renunciar al otro y hacer todo esto, así podemos meter el trámite”.

Para los investigadores judiciales, este tipo de diálogos confirmó uno de los modus operandi de la organización: hacer renunciar a ciertos abogados particulares para que entraran en escena otros (en este caso, Ríos y Aramayo), se contactaran con Aliaga y este, con el llamado por ellos “Gran Jefe”, es decir, Walter Bento.

Si bien no lo mencionan con su nombre, los mensajes entre Bardinella y Ríos, entendieron la fiscalía y el juez Puigdéngolas, hacían referencia a Bento: “Hola Walter (Bardinella), buen día, ahora me fijo si ya llegó este hombre (sería Bento), yo tengo el escrito hecho para presentar el pedido de esa prueba que queríamos, así que ya me fijo enseguida y te aviso”.

Por su parte, en otro de los mensajes, cuando ya había pasado el tiempo, Bardinella le pidió a Ríos que renunciara a su defensa y que le devolviera “los dos mil quinientos dólares que le dio”.

Para el Ministerio Público, esta suma de dinero integraba parte de la coima que debían pagarle al juez Bento, ya que no es una práctica común que dinero abonado a un abogado sea solicitado como reintegro por los servicios prestados.

Por último, Ríos y Aramayo también admitieron las maniobras delictivas en el caso por contrabando que tenían como procesados Javier Santos Ortega y Juan Carlos Molina.

Ver también: Bentogate: la declaración que muestra cómo actuaba el facilitador

Estos dos hombres quedaron detenidos por traer diversa indumentaria ilegal desde Chile en el 2019. Santos Ortega fue el primero de los detenidos en la megacausa que complica el juez Bento en declarar como arrepentido.

Lo hizo 48 horas después de su detención, es decir, el viernes 7 de este mes. Y dijo que pagó más de 700.000 dólares para que se modificara su situación procesal. Fue este imputado el que confirmó el modus operandi de la asociación ilícita, describieron las fuentes.

Este consistía en cambiar los abogados que primero intervinieron en la causa para que entraran en escena Ortego, Ríos y Aramayo.

Esta situación generó algo pocas veces visto en los tribunales, que un abogado desplazado por su cliente solicitara explicaciones al juzgado acerca de su sustitución.

Ríos y Aramayo confirmaron lo que sostuvo Vega en el dictamen que los complicó, es decir, que después de pagar una coima luego de mantener contactos con Diego Aliaga (la que superó los 700.000 dólares) se modificó la calificación que los mantenía tras las rejas y lograron la excarcelación.

Continúa en una comisaría y busca la excarcelación

Luciano Ortego es el único de los abogados que continuaba ayer tras las rejas. Este letrado era íntimo amigo de Walter Bardinella Donoso y es considerado una de las piezas clave del rompecabezas de la asociación ilícita que, afirma la fiscalía, se creo para beneficiar a ciertos detenidos a cambio del pago de coimas.

Se creía que Ortego también iba a acogerse al sistema de declaración de arrepentidos días después de los allanamientos masivos, pero no lo hizo.

Para los investigadores, mantenía contactos con Bardinella, Diego Aliaga, otros imputados como Eugenio Nasi (uno de los 16 sospechosos que tiene la causa) y algunos colegas, y esto lo posicionó a la cabeza de los más complicados en la acusación.

El viernes, su defensa, a cargo de Carlos Moyano, presentó un habeas corpus quejándose de las condiciones de encierro en las que se encuentra. El mismo fue rechazado por la Justicia.

Principalmente, Moyano –quien ya había solicitado la excarcelación pero el juez de la causa hasta ayer no la resolvió (inclusive, no se realizó la encuesta ambiental requerida)– explicó en el escrito que Ortego es paciente de riesgo frente a la pandemia del coronavirus porque padece EPOC y trombosis en las piernas y que su estadía en una comisaría donde entra y sale gente cotidianamente era un problema para su salud.

Como no le hicieron lugar, presentó la correspondiente apelación.

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