Las víctimas de los maltratos fueron cinco hermanos, dos mujeres y tres varones, asignados cuando eran pequeños a una pareja del barrio Covimet, de Godoy Cruz, mediante el Programa de Familia Cuidadora de la entonces Dinaadyf. Su mamá no los podía cuidar y terminaron viviendo por resolución judicial en el departamento de un trabajador del Estado que se desempeñaba en la Colonia 20 de Junio.

Durante más de 10 años, en un período establecido entre 1993 y el 2003, casi todos los chicos –hoy mayores de edad– vivieron bajo la sombra de un chacal que abusó sexualmente –al menos– de tres de ellos y humilló al resto con violencia física y psicológica.

Las agresiones fueron constantes y con un nivel de impunidad que le permitían profundizar los actos con el paso de los años, detallaron los denunciantes en sus exposiciones ante la Justicia, ya que contaba con la complicidad de su pareja, una mujer con quien tenía una hija.

La presentación que recibió el Ministerio Público el 11 de octubre del 2019 inició la instrucción que quedó a cargo del fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual Gustavo Stroppiana.

Las víctimas tuvieron que atravesar distintos procesos a lo largo de estos meses porque la causa estuvo, prácticamente, frenada por distintos motivos: trascendió que hubo desde decretos de prescripción, por el tiempo transcurrido entre los hechos y la denuncia, hasta la pérdida del expediente en el ámbito de la fiscalía.

A pesar de todos los inconvenientes que surgieron, y gracias a la insistencia de las víctimas –cuentan con la representación del abogado querellante Sergio Salinas–, dos años y cinco meses después de la denuncia inicial, el sujeto fue capturado este viernes por la mañana en su vivienda ubicada en la zona de la última etapa de los monoblocks del tradicional complejo.

Si bien su identidad se preserva para evitar que se revele la de los hermanos, trascendió que fue imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con un menor de 18 años de edad y por ser el autor encargado de la guarda, en modalidad de delito continuado en concurso real con promoción a la corrupción de menores agravado por ser el autor persona conviviente y encargada de la guarda.

Quedó alojado preventivamente en la Comisaría Séptima, y, este lunes, el fiscal Stroppiana ordenó que sea derivado a la cárcel. También solicitó que se desarrollen los peritajes psicológicos correspondientes.

Quienes tienen contacto con la causa contaron a El Sol que se está frente a uno de los casos de abuso sexual más impactantes de los últimos años en la provincia. Se trata de “hechos aberrantes en algo así como la casa del terror”, describieron las fuentes.

En detalle: hechos escalofriantes

Reconstruir el caso para ordenar la detención de este nuevo chacal mendocino no fue una tarea sencilla para el fiscal Stroppiana.

Se sabe que los cinco hermanos tenían entre 1 y 8 años cuando comenzaron a vivir en la vivienda de una familia cuidadora y que los abusos los sufrieron dos mujeres y uno de los varones. Cada una de las víctimas fue relatando en sede judicial los hechos sufridos.

La más grande, actualmente de 36 años, fue la primera que denunció al hombre que la cuidó hasta un tiempo antes de cumplir la mayoría de edad, cuando tuvo un cambio de familia cuidadora.

Describió que comenzó a ser abusada con acceso carnal cuando tenía entre 12 y 14 años –1997 y 1998– y que los ataques continuaron mientras vivieron en el mismo techo, hasta abril del 2003.

Por su parte, un hermano de esta joven, actualmente de 35 años, también confirmó –el 22 de octubre del 2019– que fue abusado sexualmente por el mismo hombre durante su infancia.

Explicó que los vejámenes hacia su persona se iniciaron, aproximadamente, en 1997 y que también se prologaron mientras él se encontraba bajo el Programa Familia Cuidadora de la Dinaf.

La más chica de los hermanos, actualmente de 29 años, radicó la denuncia el 29 de octubre del 2019. Dijo, de acuerdo con lo que podía recordar, que los abusos contra ella comenzaron cuando tenía entre 6 y 7 años, es decir, en 1998 o 1999.

Esta joven realizó un repaso detallado en sede judicial de algunos de los hechos que sufrió. Dijo que el cuidador la obligaba a acostarse en la cama a su lado y que le bajaba los pantalones y le introducía los dedos en sus genitales.

También aseguró que el chacal le practicaba sexo oral y la accedía mientras sus hermanos se encontraban jugando afuera del domicilio.

Además, contó que, una noche, el violador la llevó hasta una de las habitaciones y la hizo observar cómo accedía a uno de sus hermanos varones, quien se encontraba desnudo. Y detalló que, una siesta, obligó a este mismo chico a que la penetrara (a su hermana).

En la primera parte de la instrucción, el fiscal Stroppiana señaló que los abusos sufridos por los hermanos más grandes prescribieron porque radicaron la denuncia 12 años después de cumplir la mayoría de edad, tal como sostiene la modificación del Código Penal a través de la ley 27.206 de Respeto a los Tiempos de las Víctimas, en octubre del 2015.

La misma dispone que, en el caso de delitos contra la integridad sexual, el plazo de prescripción se suspenderá mientras la víctima sea menor de edad, lo que habilitó a estirar los tiempos para el “cierre” definitivo de la causa.

Sin embargo, el abogado Salinas entiende que la acción penal es imprescriptible porque Argentina firmó en 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño, que así lo establece para la protección de los chicos en este tipo de casos.

Ante esto, es altamente probable que las denuncias radicadas por los hermanos mayores terminen siendo debatidas por tribunales de alzada, siempre con el objetivo de una de las partes para que sean instruidas para que el sospechoso sea juzgado por todos los hechos