Luego de que se diera a conocer la posible detención de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón y algunos de quienes fueron sus ministros, como Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf, entre otros, tanto la Policía Federal como Gendarmería Nacional confirmaron ayer que no hay ninguna orden de detención librada para estos ex funcionarios. Por su parte, el ministro de Gobierno, Sergio Marinelli, reconoció que el juez federal de San Rafael, Raúl Héctor Acosta, le solicitó a través de un escrito que investigara las identidades y domicilios, si es que los hubiera, de funcionarios del Poder Ejecutivo provincial durante 1975.
Según reza el documento, la Justicia busca a quienes posiblemente “suscribieron o dispusieron poner las fuerzas policiales y penitenciarias provinciales bajo el control operacional del Consejo de Defensa de la Nación”. Esta medida estuvo reglamentada por los decretos 2.770, 2.771 y 2.772, firmados por miembros del Ejecutivo nacional el 6 de octubre de 1975. La extraña trama salió a la luz luego de que un medio local diera a conocer que el juez Acosta ya había ordenado la detención de la ex presidenta, como así también la de varios de sus ministros. Incluso, a última hora de ayer, circularon versiones de que la medida estaba contemplada en el punto 4 de la resolución del magistrado.
DESAPARECIDO. El caso por el que, para Acosta, los ex funcionarios podrían estar involucrados en la desaparición de Héctor Aldo Faggeti Gallego, quien fue detenido y liberado antes de que el gobierno peronista fuera derrocado por los militares en marzo de 1976, pero que nunca más fue visto. Marinelli aseguró que la Secretaría Legal y Técnica está investigando quiénes cumplían funciones en el Poder Ejecutivo mientras la provincia estuvo intervenida.
“He recibido un oficio de parte del juez Acosta, en el que me solicita la identidad de las personas y el domicilio actualizado, si lo tuviéramos, de aquellos funcionarios que dispusieron el control operacional de la Policía provincial y la Penitenciaría por parte del Consejo de Defensa de la Nación”, explicó el funcionario. Con esto, Acosta intenta descifrar si algún alto funcionario del Gobierno provincial intervenido en 1975 fue funcional en la detención ilegal del sanrafaelino Héctor Faggeti.
