La detención de un adolescente de 15 años como presunto partícipe del ataque armado contra una familia en Los Corralitos abrió un nuevo capítulo en el debate por la baja de la edad de imputabilidad en el país. El chico fue señalado como quien condujo la motocicleta en la que escaparon los autores de los disparos y, por su edad, es inimputable.
Se trata del hijo de un reconocido capo narco condenado en la provincia, apodado el Boliviano, sobre quien este diario ha publicado decenas de informes a lo largo de los últimos años. Su identidad se reserva para no identificar al menor.
El hecho ocurrió este domingo a las 16, en la intersección de Milagros e Infanta Isabel, en Guaymallén. De acuerdo con la imputación formalizada este miércoles por la fiscal Florencia Díaz Peralta, Nelson Antonio Del Re, una mujer y un adolescente acudieron en camioneta al lugar para concretar la compra de una motocicleta por 2.500.000 de pesos. La operación había sido pactada a través del Marketplace de Facebook y continuada por WhatsApp.
La reconstrucción de los detectives agrega que, al arribar fueron abordados por Lautaro Jeremías Ellena, quien se desplazaba con muletas y tenía un yeso en la pierna derecha.
Tras indicarles dónde estacionar, extrajo un arma de fuego y exigió el dinero. Ante la resistencia, efectuó disparos a corta distancia e impactó en el pecho de Del Re, quien este miércoles continuaba internado en estado crítico.
En simultáneo, su hermano Marcos Jesús Ellena abordó a la mujer y gatilló el arma contra su cabeza, aunque el disparo no salió. Luego disparó contra el conductor, provocando el estallido de los cristales y heridas cortantes en el rostro del menor que estaba en el vehículo.
Con el ataque consumado, los malvivientes escaparon en una moto KTM anaranjada y negra. La investigación determinó que quien conducía el rodado era el menor de 15 años, que había aguardado en el lugar buscando ayudar a sus cómplices a escapar. Los dos mayores fueron detenidos e imputados por homicidio criminis causa en grado de tentativa y quedaron a disposición de la fiscal Peralta.
La situación procesal del adolescente recorrió otro camino: quedó excluido de un proceso penal ordinario ni recibir una imputación formal como los adultos.
La legislación argentina fija en 16 años el piso de responsabilidad penal. Por eso, quedó a disposición de la Justicia Penal de Menores, que podrá disponer medidas tutelares, de protección o eventualmente de resguardo, pero no avanzar en una acusación con expectativa de pena.
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El trasfondo familiar añadió un elemento de fuerte impacto. El menor es hijo del Boliviano, condenado en el 2024 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 en una causa por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
En un juicio abreviado homologado por el juez Alberto Daniel Carelli, el cabecilla recibió 5 años y tres meses de prisión, multa de 38 millones de pesos y declaración de reincidencia. Esa pena fue unificada con una condena previa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización -más de 7 kilos de marihuana y casi un kilo y medio de cocaína-, por lo que deberá cumplir 7 años y medio de prisión.
Con el paso de los meses, logró el beneficio de la detención domiciliaria, al igual que su ex mujer y madre del menor, quien también fue hallada culpable.
La investigación, liderada por el fiscal federal Fernando Alcaraz, expuso una estructura dedicada a blanquear dinero del narcotráfico entre 2017 y 2021. El decomiso incluyó 23 bienes, entre ellos ocho automóviles, catorce motocicletas y dinero en efectivo, con un patrimonio estimado en más de 100 millones de pesos.
Uno de los emblemas del expediente fue el “Complejo Sueños Dorados”, en Los Corralitos, un proyecto inmobiliario inconcluso que funcionaba como pieza central del entramado.
De acuerdo con información a la que accedió este diario, el Boliviano se encuentra actualmente con prisión domiciliaria. Su historial incluye condenas anteriores en 2007 y 2015 por tráfico de estupefacientes y antecedentes internacionales que lo vinculaban con la distribución de marihuana en Chile. Su ex mujer, también condenada esa causa, consiguió el mismo beneficio y permanece con pulsera que permite su monitoreo.