La trama de acontecimientos develada en octubre del 2004, en la que se vieron envueltos algunos legisladores del Partido Justicialista, Alfredo Cornejo –por entonces, ministro de Gobierno– y el abogado Pablo Cazabán, comenzará a resolverse a partir de hoy en el Quinto Juzgado Correccional. Cazabán fue denunciado por el ahora diputado de la Nación por calumnias, cuando el letrado denunció en la Justicia que legisladores habrían recibido contratos de locación de servicios, de manos del Ejecutivo, a cambio de aprobar la ley de transporte, con la cual el Gobierno adquirió alrededor de 150 micros para destinar al servicio de transporte publico de pasajeros.

         En su denuncia, Cazabán había mencionado directamente a tres personas: Carlos Ciurca, Miguel Serralta y Héctor Gómez, todos legisladores justicialistas. Además, aseguró que existían sobradas pruebas que comprometían a Cornejo, quien era señalado como el funcionario que habría ofrecido los contratos a estas personas a cambio de que se apruebe la ley.

        Así fue que el ex ministro de Gobierno denunció a Cazabán por calumnias y ahora la Justicia será la encargada de resolver esta historia que, en caso de condena para el letrado, el Código Penal tipifica una pena que va de uno a tres años de prisión. Según fuentes judiciales, Cornejo fundamenta su exposición en la Justicia en que Cazabán denunció algo que sabía de antemano que era falso.

ENREDOS.

        La Ley de Transporte fue aprobada en la legislatura el 4 de abril del 2004 y la promulgaron semanas después. Con este aval, y una inversión de 20 millones de pesos, el Ejecutivo compró 126 micros y 20 vehículos medianos. Según Cazabán, existían pruebas para demostrar que existieron serias irregularidades en la aprobación de la ley. El penalista aseguró –y aún sigue sosteniéndolo–, que varios legisladores recibieron contratos de locación a cambio de que se apruebe la norma. La denuncia fue radicada en octubre del 2004 en el Tercer Juzgado de Instrucción y el magistrado que instruyó la causa fue Luis Correa Llano, quien hoy es fiscal de la Unidad de Delitos Complejos.

         Correa Llano comprobó que nueve contratos fueron entregados por el Ejecutivo de manera irregular, aunque no se pudo verificar que haya sido con la intención que motivó la denuncia de Cazabán. Además, según Cazabán, gente vinculada a Carlos Biancinelli, actual diputado provincial, también habría estado involucrada en estos contratos entregados de manera irregular. Como no se pudo acreditar que los contratos hayan sido otorgados a cambio de que se apruebe la ley, Correa Llano sobreseyó a todos los denunciados por el letrado. Después de esto, Cornejo denunció al abogado y ahora la historia terminará por resolverse entre hoy y mañana