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8 de junio de 2021
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Se reactivó la causa

Bentogate: más abogados detenidos y 16 nuevas imputaciones

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Javier Angeletti, Jaime Alba y Jorge Miranda, los nuevos abogados imputados.

Este martes se levantó el secreto del sumario. Hubo allanamientos masivos en el Gran Mendoza. Los letrados Jaime Alba, Javier Angeletti y Jorge Miranda, entre los acusados.

Fueron 20 días de silencio, de acumulación de nuevas pruebas. El juez federal sureño Eduardo Puigdéngolas ordenó el secreto del sumario de las actuaciones en el llamado Bentogate, que explotó a principios del mes pasado y que tiene a un magistrado de ese fuero como cabecilla de una presunta organización que se dedicaba a cobrar coimas a cambio de morigerar la situación procesal de ciertos detenidos, porque se venían nuevas imputaciones.

Y este martes por la mañana terminó la espera en la causa que también tiene como principal pesquisa al fiscal general Dante Vega: 16 nuevas acusaciones en el expediente y cuatro detenciones más.

En primera instancia, trascendió que se trata de tres nuevos abogados imputados –uno oficial de la Justicia federal nombrado en el 2019 y dos particulares– y dos policías de la provincia, además de personajes que pagaron coimas. 

Ver también: Bentogate: la declaración que muestra cómo actuaba el facilitador

Uno de los uniformados fue citado por presuntos vínculos con uno de los abogados sospechados y el otro, por mantener contacto con el señalado narco Walter Bardinella Donoso, el sujeto que permitió, indirectamente cuando lo apresaron y le secuestraron el teléfono en marzo del año pasado, conocer las maniobras irregulares en el Juzgado Federal Nº1 de Mendoza, que tiene como titular al juez Walter Bento.

Después de la declaración, como arrepentidos, de dos abogados –Martín Ríos y Matías Aramayo– y un contrabandista –Javier Santos Ortega–, quienes señalaron, cada uno por su lado, que participaron en los arreglos y pagaron coimas para recibir beneficios en el citado juzgado federal, los investigadores judiciales decretaron que las defensas no tuvieran acceso al expediente porque se venían nuevas imputaciones. Sumaron pruebas de relevancia y otros testimonios y la pesquisa avanzó a pasos gigantescos.

Y allí entró en escena el nombre de Jaime Alba, el amigo íntimo del ex despachante de aduana Diego Alfredo Aliaga (51), asesinado a fines de julio del 2020 y considerado el nexo o facilitador entre el magistrado sospechado y los letrados.

Ver también: En detalle: la declaración más importante del Bentogate

Alba nació el 23 de octubre de 1972, es querellante en la causa por el crimen de Aliaga en representación de la familia de la víctima y está domiciliado en el barrio privado La Barraca.

Efectivos de Investigaciones de Mendoza lo detuvieron este martes acusado como organizador de asociación ilícita. Era uno de los nombres que se manejaban desde los primeros días de la instrucción pero su participación no había podido ser comprobada.

Con la incorporación de nuevas pruebas, los detectives sospechan que Alba tenía relación con la familia Aliaga y que, a su vez, participaba en los arreglos con algunos clientes en el juzgado de Bento.

Los detectives apuntaron a una vieja causa de contrabando que investigó el juez federal y que tuvo como imputados a Diego Aliaga y a su padre, también ex despachante de aduana. Se trata de la llamada “Fiscal contra Costa, Walter A. y ots s. infracción ley 22.415”, del 2009.

De acuerdo con la investigación fiscal, los Aliaga y otro imputado, acusados por contrabando de mercaderías, fueron beneficiados por el magistrado en dos oportunidades.

Ver también: Los hechos y delitos que confesaron los abogados imputados en el Bentogate

Con respecto a Diego Aliaga, la primera fue en fecha 3 de agosto del 2010, al dictar la falta de mérito en su favor, y la segunda, el 14 de mayo de, 2014, cuando lo sobreseyó.

La investigación sostiene que Alba era uno de los organizadores de la asociación ilícita y que pudo haber participado en los cruces y las maniobras para llegar a tener resoluciones favorables en el expediente. Debido a esto, el padre del empresario asesinado, también iba a ser imputado en el Bentogate.

Además, analizaron la declaración que Alba hizo en la causa por el crimen de su amigo, dos días después de la detención del principal sospechoso de ese hecho de sangre, Diego Barrera.

El letrado fue citado por el asesinato el 5 de agosto del año pasado por el fiscal federal Fernando Alcaraz. Declaró a las 12.38.

Y dejó entrever que su amigo mantenía contactos con representantes legales y también con el malviviente Bardinella Donoso cuando le preguntaron si conocía a las personas que asesoraban a Aliaga: “También había una persona, Walter (Bardinella) Donoso, que estaba detenida por ley 23.737 en la Justicia federal y Diego le había puesto como abogados a Luciano Ortego y a Matías Aramayo y en varias oportunidades me consultó personalmente si yo podía tomar esa causa porque se trataba de esa persona que no había sido reconocida y no tenía nada que ver en la investigación y porque no entendía por qué estos abogados no la podían sacar. Nunca intervine en esa causa como abogado”, contó ante el representante del Ministerio Público.

Luciano Ortego es uno de los abogados que continúan detenidos en la causa. Fue acusado, en un principio, por cohecho activo (pago de coimas) en seis hechos.

Tras el levantamiento del secreto del sumario, este martes, su situación procesal se agravó y pasó a ser acusado como organizador de la asociación ilícita junto con Alba. También se modificó la calificación contra Bardinella: lo incorporaron como parte de la asociación ilícita. 

Los otros abogados que fueron imputados por cohecho este martes son Jorge Miranda (defensor oficial federal) y Javier Leonidas Angeletti. Ambos también están sospechados de cohecho para beneficiar a acusados en el expediente de contrabando que llevaba el juez Bento.

El caso que más llamó la atención es el de Miranda. El defensor público oficial asumió en el 2019 y cubrió una vacante que llevaba diez años sin asignación. Conocido como el Negro, trabajó muchos años en los Tribunales Federales. Fue secretario del Juzgado Federal Nº3 durante un par de años y renunció. Ejerció la abogacía de forma particular y hasta fue docente en la Universidad Nacional de Cuyo.

Uno de los casos de mayor repercusión que lo que tuvo como protagonista fue cuando se hizo cargo de la defensa de Alejandro Amitrano, el hombre que mató a su hija Belén en 1999, estuvo prófugo de la Justicia más de 13 años y en el 2014 terminó condenado a perpetua.

Por último, el otro letrado sospechado de pagar coimas, Angeletti, es conocido por ser parte de las defensas de los procesados de la megacausa por contrabando que tiene a 15 imputados desde el 2016. Fue vinculado con el pago de coimas mientras defendía a Eugenio Nasi.

En un primer momento, Angeletti solicitó la excarcelación de su cliente y el beneficio le fue negado el 7 de agosto del 2018, después de que la fiscalía rechazara el pedido a través de un dictamen.

Sin embargo, mientras el trámite continuaba su curso en la Cámara Federal de Apelaciones, Bento concedió “intempestivamente” a Nasi su libertad, señala la investigación de la fiscalía.

Ver también: Bentogate: los audios, llamadas y mensajes que complican a los detenidos

Sin freno

Así las cosas, el juez Walter Bento permanece acusado como jefe de una asociación ilícita, cohecho, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Está previsto que declare el próximo martes 15.

Para la fiscalía y el juez Puigdéngolas, el magistrado recibió grandes sumas de dólares para beneficiar a algunos detenidos y con ese dinero adquirió vehículos, casas y se pagó costosos viajes al exterior, principalmente a destinos como Miami y Las Vegas. Su esposa, Marta Boiza, también fue acusada.

Ver también: Bentogate: viajes a Estados Unidos, autos de alta gama y casas por millones de dólares

Los abogados Ortego, Ríos y Aramayo, también fueron detenidos y los últimos dos declararon como arrepentidos.

Lo mismo hizo uno de los contrabandistas. Ortega: dos días después de las detenciones y mientras pasaba sus horas en una comisaría, el viernes 7 de mayo, se quebró y decidió declarar para confesar que había pagado más de 700.000 dólares por un cambio de calificación que le permitió recuperar la libertad en una causa.

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