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21 de julio de 2021
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Aprietes después de un audio

Bentogate: Diego Barrera pidió domiciliaria y protección para toda su familia

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Diego Barrera está detenido en la cárcel de San Felipe.

Uno de los testigos más importantes de la megacausa por corrupción en la Justicia federal solicitó beneficios luego de volver a declarar.

Diego Barrera es uno de los testigos más destacados del llamado Bentogate, la causa con más de 20 imputados que generó un fuerte cimbronazo en la Justicia federal hace ya dos meses.

La semana pasada, este empresario, que está procesado con su familia por el secuestro y asesinato del ex despachante de aduanas Diego Aliaga, fue llevado de “urgencia” a declarar en los Tribunales de calles España y Pedro Molina luego de que la defensa del juez Walter Bento presentara un audio en el que, supuestamente, Barrera afirmaba que la causa contra el magistrado estaba armada. Acto seguido, los letrados Mariano Cúneo Libarona y Gustavo Gazali solicitaron que se realice un cotejo de voz para confirmar las sospechas.

Ver también: Bentogate: Diego Barrera declaró de urgencia en Tribunales

Sin embargo, a las pocas horas, Barrera salió al cruce y desmintió todo: ratificó su declaración inicial a través de un escrito y confirmó, básicamente, que Aliaga y Bento integraban una organización dedicada a beneficiar a ciertos detenidos procesados por contrabando. 

Después de su última declaración, el viernes, Barrera no se quedó de brazos cruzados y pidió al titular del Juzgado Federal Nº3, Marcelo Garnica, el beneficio de la detención domiciliaria monitoreada para él y su familia, además de la incorporación de todos al Programa de Protección de Testigos de causas de corrupción.

Solicitó, asimismo, que se ordene su mantención en el Complejo Penitenciario VI de Cacheuta (cárcel federal) y la Penitenciaría provincial, “a fin de poder gozar como persona inocente del máximo contacto posible con su familia, sus representantes y mundo exterior”.

En subsidio, requirió a través de sus abogados, Antonio y Gabriel Carrizo, que todos queden detenidos en una cárcel de Mendoza, ya que él es el único que pasa sus días de encierro en un establecimiento local (en San Felipe), y su mujer, Bibiana Sacolle, y los hijos de ella, Lucas y Gastón Curi, están privados de su libertad en la penitenciaría federal de Luján.

La defensa sostuvo que “no se puede ser testigo en una causa de corrupción sin la debida protección que el Estado debe brindar a testigos y su familia, a fin de que estos puedan vivir y declarar con absoluta tranquilidad y sin coacción alguna. Sin ello, jamás se podría luchar contra la corrupción judicial”.

Fundamentalmente, cuestionó la maniobra realizada por los representantes legales de Bento, cuando presentó un audio en el que, supuestamente, Barrera aseguraba que la causa contra el magistrado estaba armada. “Es una estrategia sistemáticamente pergeñada a fin de infundir miedo o amenazas de sufrir un mal grave e inminente hacia el testigo Sr. Barrera y toda su familia, con el solo objeto de lograr la impunidad total del hecho investigado”, señaló en la presentación a la que accedió El Sol.

Y agregó: “Máxime cuando el presunto jefe de la supuesta asociación ilícita habría realizado actos de entorpecimiento probatorios (no entregar su celular, eliminar contactos y dejar otros de Telegram, hackear su celular desde Buenos Aires), lo que pone en evidencia la plena voluntad in-crescendo de minar la voluntad del testigo, para torcer su primigenia declaración”.

Por último, para sostener el pedido de detención domiciliaria y la protección de todos sus clientes, la defensa argumentó que ya no existe peligro procesal alguno (entorpecimiento de la investigación), debido a que el fiscal de la causa, Fernando Alcaraz, dio por terminada la instrucción.

Así las cosas, será el juez Garnica el que analizará el pedido de Barrera y su familia aunque no está definido cuándo lo resolverá.

Ver también: Bentogate: con una carta, Diego Barrera negó el audio que presentó el juez como prueba

Barrera y su familia están presos desde los primeros días de agosto del año pasado. El fiscal Fernando Alcaraz ordenó su captura luego de confirmar que estaban involucrados en el presunto secuestro y el asesinato de Diego Aliaga.

La víctima, se conoció unos meses antes, mantenía relaciones con el juez Walter Bento. Esto se determinó gracias al análisis del teléfono celular secuestrado a un supuesto narco llamado Walter Bardinella Donoso, quien fue capturado en marzo del año pasado.

Ver también: En detalle: la declaración más importante del Bentogate

La reconstrucción del Bentogate sostiene que el juez y Aliaga mantenían contactos (se confirmó que hubo más de 270 llamadas entre ellos) y que esos vínculos podrían estar direccionados al cobro de coimas para morigerar la situación procesal de algunos detenidos.

Para ello, sostiene el dictamen del fiscal federal Dante Vega, estos contaban con un grupo de abogados, entre los que se encontraban Jaime Alba, Luciano Ortego, Martín Ríos y Matías Aramayo.

A principios de mayo se ordenaron allanamientos masivos y detenciones. En esos días se conoció que el juez iba a ser acusado como jefe de una asociación ilícita, cohecho, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

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