Aunque directamente no lo confirmó, el juez federal de San Rafael, Héctor Raúl Acosta, sólo habría ordenado identificar domicilios de ex funcionarios del Ejecutivo nacional que gobernaron el país entre 1975 y 1976. Fuentes de la Policía Federal dijeron ayer en horas de la mañana que las órdenes recibidas del juzgado apuntaban sólo a las identificaciones de los firmantes de uno o más decretos de miembros del gabinete que actuaron por entonces y que habilitaron a las Fuerzas Armadas a “aniquilar el accionar de elementos subversivos”.
Se agregó que lo que el juez dispuso, puntualmente, fue la identificación patronímica de los firmantes del decreto y no su detención o su citación judicial, al menos por el momento. Acosta dijo: “Sobre un sospechoso puede darse una citación o una detención, pero no haría futurología en lo que hace a posibles detenciones”. Todo esto, con relación a la ex presidenta y sus ministros.
