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21 de septiembre de 2006
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JUECES VS. GOBIERNO

Polémico aval a la indexación salarial

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La sala de conjueces de la Corte provincial declaró ayer inconstitucional la Ley 7.125, que eliminó la indexación. El Gobierno anunció que llevará la pelea a la Corte Nacional.

    Con una demora de tres años, finalmente la sala de conjueces que responde a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia declaró ayer inconstitucional la ley que eliminó el sistema de ajuste indexatorio de los magistrados mendocinos. Aunque el fallo es sólo declarativo (no incluye reclamos monetarios), su redacción respalda los “derechos adquiridos”de los jueces que cobraron la indexación salarial por la vía del embargo o las sentencias judiciales de primera instancia.

    Más de 200 magistrados, de un total de 330, han accedido a la actualización automática por esta vía, a pesar de que una ley y la reforma constitucional lo prohíben. La sentencia cuestionó con dureza la Ley 7.125 del 2003, por la que se buscó eliminar el ilegítimo régimen indexatorio de los jueces, y se derogaron los decretos y acuerdos de 1986, que activaron este beneficio.

    Como esta norma, sancionada en el gobierno de Roberto Iglesias, no alcanzó para frenar los embargos de los jueces, su sucesor, Julio Cobos, optó en el 2005 por reformar el artículo de la Constitución que habla de la intangibilidad de los sueldos de los magistrados (151). Todas estas medidas fueron atacadas por la sentencia de los conjueces locales, quienes virtieron opiniones contundentes contra las fuerzas políticas que promovieron la extinción de la indexación salarial (ver aparte).

REACCIÓN. El Poder Ejecutivo reaccionó al fallo de ayer con mesura.Tras una reunión que duró casi toda la mañana con el asesor de Gobierno, César Mosso Gianinni, y el fiscal de Estado, Pedro Sin, el vicegobernador, Juan Carlos Jaliff (en ejercicio de la gobernación debido al viaje de Julio Cobos a Estados Unidos), indicó que el Ejecutivo seguirá dando batalla contra la indexación, esta vez en el terreno presuntamente más favorable para la cruzada contra los jueces: la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

    En realidad, el Gobierno esperaba el cachetazo de los conjueces que eligió la Corte provincial para tratar el tema de la indexación. Lo que quería Cobos es que el fallo saliera cuanto antes, ya que esto permitirá que la Corte nacional trate ahora el caso mendocino. “Por fin la sala de conjueces tomó una decisión. Ahora podemos ir a la Corte nacional para que resuelva la cuestión de fondo”, dijo Jaliff a los medios.

    A lo que agregó que este fallo “no se ajusta a la jurisprudencia de la actual Corte Nacional, por lo cual, una sentencia de la Corte nos favorecería”. En este punto, el vicegobernador hizo referencia a que el máximo tribunal del país ya se expresó en contra de la indexación de los jueces frente a un reclamo de magistrados de Entre Ríos. También destacó Jaliff que el Ejecutivo va a insistir en que la reforma constitucional contra los jueces, que es cuestionada en el fallo local, “está vigente”.

LARGO CAMINO. El trámite que ahora emprenderá el gobierno de Cobos para llegar al máximo tribunal del país no será corto. Primero remitirá a la sala de conjueces un “recurso extraordinario” que, casi con seguridad, será rechazado por los abogados que lo conforman. El paso siguiente será elevar un “recurso en queja” a la Nación, para que los jueces supremos del país se hagan cargo de solucionar la pelea salarial. Así, según el asesor Mosso Gianinni, recién a fin de año la Corte nacional estaría en condiciones de tratar el caso de la indexación, que desde hace cinco años tiene en vilo a las instituciones mendocinas.

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