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9 de noviembre de 2009
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POR PEDIDO DE UN PARTICULAR

Podrían caer demandas de Edemsa contra la Provincia por un insólito error

Un abogado no matriculado en Mendoza firmó los reclamos, entre ellos, la inconstitucionalidad del aumento tarifario.

    Un fallo de la Suprema Corte de Justicia en el caso de un particular contra la prestataria del servicio eléctrico podría hacer caer una importante cantidad de reclamos judiciales que Edemsa mantiene contra la Provincia. El motivo es que la empresa designó a un abogado que oficia de apoderado de la mayor distribuidora eléctrica de Mendoza pero que no está matriculado en la provincia, por lo que su accionar se declara nulo en todas las causas en las que representa a la firma, porque la ley no lo habilita para accionar en fueros locales.
    Entre los reclamos que podrían caer se destacan la inconstitucionalidad del decreto de incremento tarifario presentado tras el último aumento otorgado a las prestatarias y una millonaria demanda presentada por la empresa en reclamo por una obra que debió hacerse en Costanera y Vicente Zapata por daños ocasionados tras la habilitación del viaducto que se inauguró en el 2007. La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia emitió un fallo en el que declara la nulidad de una de las demandas que la prestataria llevaba adelante contra un particular.
     Se trata del expediente 95.759, firmado el 30 de octubre, y el fallo beneficia a un consumidor del servicio de energía que inició un reclamo legal en marzo. El máximo tribunal de Justicia lo hizo amparándose en la ley 4.970, que en el artículo 2 establece que para ejercer la abogacía se requiere título de abogado válido según las leyes argentinas e inscripción en la matrícula regulada por esta ley, y es precisamente este segundo requisito el que el profesional no cumple. Se trata del abogado Lisandro Nóbile, quien también representa a la firma en una de las demandas más inesperadas que llegó a fines de agosto, cuando la empresa pidió ante la Suprema Corte la inconstitucionalidad del decreto de aumento tarifario firmado por el Ejecutivo tras las elecciones del 28 de junio.
    Esta acción aún está para resolverse en los tribunales locales, pero si sale favorable al Gobierno, la empresa podría recurrir al máximo tribunal nacional, aumentando a 19 las demandas activas contra Mendoza. Sin embargo, el escenario podría cambiar, porque, a última hora del jueves, el fallo de la Corte trascendió en el Ejecutivo, y apenas el Gobierno conoció la medida, presentó un desglose de las demanda de inconstitucionalidad interpuestas por este abogado. Consultados referentes del Ejecutivo sobre este tema, admitieron conocer la noticia y aseguraron que esta semana revisarán todos los reclamos anteriores que la prestataria ha elevado contra la Provincia, aunque se negaron a dejar trascender mayores detalles. El Sol intentó comunicarse con voceros de Edemsa, sin embargo, no fue posible recibir una respuesta.
LA ILUSIÓN. El 29 de agosto, la administración jaquista fue notificada sobre un pedido de inconstitucionalidad presentado por Edemsa, en el que esta solicita que el incremento tarifario sea retroactivo a febrero (es decir, seis meses antes de lo que quedó fijado). Mediante el mismo, pretendía que se incorporara la polémica cláusula de ajuste por inflación. Si este último pedido se cumpliera, los mendocinos podríamos sufrir varios reajustes anuales y, así, el aumento tarifario que se dio por decreto y ya fue ratificado hasta por audiencias públicas podría dispararse en cuestión de meses. En el seno del Ejecutivo calculan que ambos pedidos significan nada menos que 250 millones de pesos, y si bien el rechazo a la Corte de parte del Ejecutivo está presentado, el máximo tribunal aún no resuelve. Por eso, apenas se tomó conocimiento de esta demanda caída, el Gobierno presentó un pedido de desglose del escrito interpuesto por el abogado, y entre hoy y mañana revisará todos los reclamos judiciales para ejecutar similar solicitud.
ALIVIO. El fallo trascendió en los tribunales locales pero rápidamente llegó al entorno del gobernador Celso Jaque, quien se vio algo aliviado. Es que los defensores oficiales observan un incremento de la litigiosidad de parte de la concesionaria del servicio público, el cual, según sospechan, serviría como moneda de cambio para exigir incrementos tarifarios el año próximo. Lo cierto es que la Fiscalía de Estado contabiliza 19 demandas activas contra el Estado, 18 de las cuales ya están en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la otra en el Octavo Juzgado Civil de la Provincia. De esta manera, los defensores oficiales se disponen ahora a revisar todos y cada uno de los reclamos firmados por el profesional ahora cuestionado.

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