access_time 18:33
|
18 de septiembre de 2009
|
|
FUTURO INCIERTO DEL PROCESO ORAL EN TRIBUNALES

Planteos de nulidad podrían hacer caer el juicio por el crimen de Micaela Reina

Tanto el fiscal como la defensa criticaron el accionar del pesquisa que instruyó el caso, Alejandro Iturbide. Pidieron que se lo investigara

    En el juicio por la violación seguida de muerte de la pequeña de doce años Micaela Reina, que se comenzó a debatir en la Quinta Cámara del Crimen, los detalles que salieron a la luz antes de comenzar con la rueda de testimonios preocuparon a las partes, y las calificaciones contra los imputados corren el riesgo de caerse. Es que la defensa solicitó la nulidad de todo lo actuado, a lo que adhirió el fiscal, pero sólo en relación a quien está sindicado como el autor material, Apolo Jacob Díaz. Ambas partes fueron muy duras en sus críticas con el fiscal de Guaymallén que instruyó el expediente, Alejandro Iturbide.

    Además, el fiscal Javier Pascua pidió que se extrajera compulsa para investigar a todos los que intervinieron en la instrucción, no sólo a Iturbide, sino también a aquellos que, directa o indirectamente, realizaron la pesquisa o se manifestaron en el expediente. Esto significa que el juez de Garantías Manuel Cruz Videla también está entre los que Pascua solicitó que se investigasen, debido a que fue el magistrado que controló el proceso del fiscal de la causa.

    Antes de comenzar con la etapa de producción de la prueba, y cuando los tres imputados, Díaz, Walter Prádenas y Alejandro Prádenas (tío y padre de la víctima) ya se encontraban en la sala, la defensa de Díaz solicitó la nulidad de todo lo actuado en contra de su pupilo procesal. Las defensoras oficiales hicieron referencia a la falta de notificación a las partes durante la investigación penal preparatoria respecto de las pruebas producidas, entre ellas, el ADN que comprometió a Díaz, atentando de esta manera contra el principio constitucional de defensa en juicio. Además, requirieron la inmediata libertad de su defendido.

    Asimismo, se corrió vista al fiscal para que emitiera su opinión, y el magistrado sostuvo que la pericia –el examen de ADN– era válida, pero que el proceso había sido nulo, porque las partes no habían sido notificadas formalmente. Luego, se opuso a que Díaz recuperara la libertad y, para agregarle un condimento más al conflicto, pidió una ampliación de la calificación legal contra los Prádenas, solicitando que fueran juzgados por el delito de privación ilegal de la libertad en concurso real con abandono de persona seguida de muerte y, también, que se ordenara su inmediata detención. Esto eleva la pena hasta los 21 años de prisión. Continuando con el pedido para echar por tierra la instrucción de Iturbide, la defensa de los Prádenas pidió la nulidad de todo lo actuado.

QUÉ PUEDE PASAR. El tribunal presidido por Laura Gil de Chales e integrado por Gonzalo Guiñazú y Rafael Escot resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes, para resolver sobre las posibilidades que tienen que estudiar en estos días. Cuatro son las situaciones que pueden acontecer. En primer lugar, si hacen lugar al planteo de los abogados defensores de Díaz, se tendrá que liberar al joven y ordenar que sea investigado nuevamente. Esto provoca que, después de dos años, las pruebas que lo involucraron ya no puedan ser realizadas nuevamente, como el ADN.

    Si hace lugar al incidente de los letrados que patrocinan a los Prádenas, no habrá juicio y el expediente deberá bajar para ser instruido por otro fiscal. Una tercera opción se puede dar si resuelven a favor de Pascua. Esto significa que Díaz no recuperaría la libertad, no sería juzgado pero sí investigado nuevamente, y que los hermanos sindicados de ser los entregadores de Micaela continuarían en el banquillo, aunque detenidos y afrontando una imputación más severa.

    Como última opción, los magistrados pueden resolver no hacer lugar a ningún incidente y proseguir con el debate oral normalmente con la etapa de producción de la prueba. Los integrantes del tribunal se enfrentan a un gran desafío que puede terminar con resultados gravísimos respecto del actuar de la Justicia durante la investigación del hecho, que ya había sido cuestionada los días del asesinato por la participación de la jueza de Familia Elsa Galera, quien intervino cuando se presentó la denuncia por la desaparición de la niña, una semana antes del hallazgo del cuerpo, en mayo del 2007. El lunes se dará a conocer la decisión.

SEGUÍ LEYENDO:

Diario El Sol Mendoza. Domicilio: La Rioja 987, M5500 Mendoza. Argentina. Director Periodístico: Jorge Hirschbrand. © Copyright Cuyo Servycom SA 2020. Todos los derechos reservados.