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14 de noviembre de 2006
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PASAJES PARA BARRABRAVAS DE GODOY CRUZ

Pinto no pudo explicar el origen de las facturas

La aclaración oficial generó más dudas que certezas. Los legisladores pedirían a la Suprema Corte una copia del expediente para determinar responsabilidades políticas

    Más de una hora de interrogatorio no le alcanzó al ministro de Desarrollo Social, Sergio Pinto, para explicar el origen de las facturas que comprometen al Gobierno en el pago de pasajes para la barra brava de Godoy Cruz. Pero tampoco pudo descifrar por qué el Consejo de Seguridad no daba explicaciones de su accionar a ningún miembro del Ejecutivo.

    Los legisladores de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) salieron del recinto con más dudas que certezas y remarcaron que la irregularidad es indudable, por lo que irán por una cabeza política. Para eso, en la sesión de la Cámara Alta de hoy votarán un pedido a la Corte para que facilite una copia del expediente que lleva adelante el fiscal de Delitos Complejos, Luis Correa Llano.

QUIEREN UNA CABEZA. La idea de los legisladores es conocer a fondo el compromiso del Ejecutivo en la causa, para pedir la remoción de quien corresponda. Es que la renuncia de Omar Pérez Botti, titular del Consejo de Seguridad, no alcanzó para calmar las aguas. Sin embargo, el pedido del Ejecutivo puede encontrar las puertas cerradas en el Poder Judicial si Correa Llano se ampara en el secreto de sumario que protege la investigación.

POCO CLARO. Sergio Pinto se presentó ante los legisladores porque fue citado por los integrantes de la LAC la semana pasada. Entre otras cosas, aseguró que los miembros del Consejo de Seguridad –entre los que se encontraba Omar Pérez Botti, comprometido en las escuchas telefónicas– no informaban al Gobierno sobre su accionar. El justicialista Jorge Tanús apuntó que las determinaciones tomadas por ese organismo deberían ser política de Estado.

    Pero, además, Pinto sostuvo que el expediente que da inicio a la contratación del servicio de colectivos para barrabravas de Godoy Cruz no está en su cartera. Según sus dichos, sólo aparecieron la facturas, pero no el expediente que daría origen al supuesto pago de un servicio. El funcionario insistió con su versión anterior, en la que sostenía que las facturas aparecieron en la Dirección de Movilidad a cargo de Darío Montoya, el único citado a declarar por el fiscal.

SIN RESPUESTA. Los legisladores le preguntaron a Pinto más de una vez sobre las declaraciones vertidas en El Sol por la titular de la empresa de viajes que reclama el pago de dos facturas. La mujer, de nombre Zulma, asegura que los traslados forman parte de una deuda, aunque el Gobierno ya habría realizado una cancelación parcial. Al respecto, Pinto agregó que no se comunicó con la propietaria de la empresa porque prefiere que la investigación avance. Además, sostuvo que si lo hubiese hecho, alguien podría sospechar supuestas presiones.

MALESTAR. Los escandalosos disturbios de aquel partido entre Arsenal y Godoy Cruz, protagonizados por barrabravas del Tomba y que desembocaron en una causa judicial por presunta extorsión, generaron profundo malestar en el seno del Ejecutivo. Hasta el gobernador calificó como una torpeza el accionar de los funcionarios.

    Al respecto, el titular de la cartera social dijo que no se siente ni ratificado ni sospechado por el gobernador, pero sí tranquilo y espera que la resolución judicial sea rápida, para tomar las medidas pertinentes. Mientras, el ministro de Gobierno, Sergio Marinelli, analizaba ayer a la tarde quién será el remplazante de Omar Pérez Botti al frente de la coordinación de los trabajos de construcción de la nueva cárcel de Cacheuta y del Consejo de Seguridad.

A LA CORTE. Al salir del encuentro entre los legisladores y el ministro, el demócrata Carlos Aguinaga calificó como graves las contradicciones de Pinto y planteó en el recinto la posibilidad de pedirle al titular de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Nanclares, una copia del expediente judicial. Básicamente, quiere conocer las escuchas telefónicas que el juez tiene en sus manos. Pero el secreto de sumario condiciona la entrega de la investigación de Correa Llano. Aunque esta medida podría reverse en las próximas horas. Si bien la decisión se adoptará durante la mañana, los bloques opositores aseguraron el consenso necesario para ir a la Corte a revisar el expediente.

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