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12 de febrero de 2019
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Análisis

Piedemonte: propietarios deberán pagar las obras de prevención

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Tras la presentación del estudio de evaluación de amenazas en la zona, el secretario de Ambiente advirtió que quienes vendieron sin permiso serán responsables de pagar las medidas que se tomen para solucionar el problema.

La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial presentó el estudio de evaluación de amenazas aluvionales en la zona del Piedemonte, donde se declaró la emergencia ambiental por decreto la semana pasada, en el que se indica qué áreas son de amenaza alta, media y baja.

En base a esto, el titular de la Secretaría, Humberto Mingorance, explicó que las obras que deban realizarse para regularizar la situación y disminuir el riesgo, si quieren seguir habitando en el lugar, serán responsabilidad de los vendedores del terreno y de sus actuales propietarios, debido a que los desarrollos se realizaron sin autorización.

"No tenemos construcciones permitidas en zonas peligrosas porque para autorizar se requiere el estudio hidráulico. El Estado no tiene por qué asumir las tareas que son producto de un desarrollo informal: puede ser que se las exijamos al privado o puede ser que sea insalvable", apuntó Mingorance.

Respecto al temor de algunos habitantes de la zona de perder sus viviendas, sobre todo en Luján de Cuyo y El Challao, el secretario indicó que se estudiará cada caso particular, buscando regularizar la situación, pero que existe la posibilidad de que tengan que abandonar la zona.

"Es un tema sensible, la gente se hizo su casa en ese lugar porque sólo ahí pudo comprar, pero el Estado no puede estar ausente del riesgo que puede sufrir una familia en esa zona", puntualizó.

Por otro lado, también se aclaró que se analiza si el Gobierno deberá realizar obras complementarias para minimizar el riesgo. Esto dependerá de que se finalicen los análisis necesarios, que desde Ambiente estiman que estarán listos para agosto.

Las soluciones propuestas

Víctor Burgos, investigador del Instituto Nacional del Agua, presentó los resultados de la investigación y señaló que el objetivo es reducir la vulnerabilidad de la zona aumentando la capacidad de adaptación en el sector hídrico. Para esto, se analizaron escenarios posibles, como incendios, el avance agrícola y urbano, junto con el cambio climático.

"Hay 10 mil familias ubicadas en medio de 200 subcuencas que recorren la zona. La presencia de desarrollos urbanos construídos de forma tradicional multiplica 10 veces el escurrimiento de agua, perjudicando el área de forma superficial y subterránea", advirtió.

Para determinar qué zonas son críticas, se analizaron alrededor de 14 factores, como la longitud de los cauces o la distancia entre ellos, la pendiente, la potencia de la erosión y el tiempo de viaje de las crecidas. "En las zonas rojas, el agua llega hasta abajo en 15 minutos", informó Burgos.

En base a esto, las soluciones propuestas para disminuir las amenazas giran en torno a imitar las condiciones naturales del lugar. "Pequeñas obras hidráulicas, con un desarrollo de bajo impacto, pueden minimizar el riesgo", señaló el investigador.

La pauta principal es utilizar drenajes no convencionales, para retener el agua en lugar de distribuirla. De esta forma, se reemplazan las acequias con otras estructuras, como las trincheras de infiltración.

Estas zanjas almacenan el agua sin darles una vía de salida, por lo que el suelo la absorbe. "Es más económico un metro de esta trinchera que un metro de acequia", apuntó Burgos. Otra idea también es desarrollar plazas que puedan inundarse para que sirvan como contención de agua en caso de aluviones.

También se propuso colocar bocas de tormenta, que capturan el agua de la lluvia y la transportan por un sistema de drenaje hacia plantas tratadoras.

Por otro lado, Burgos dio a conocer también pautas legales que pueden utilizarse para disminuir las amenazas. "La idea es que los municipios determinen qué superficie de lotes pueden tener según la pendiente y hasta qué punto pueden nivelar", explicó. Con esto, se busca que la restricción sirva para no agravar el ecosistema del piedemonte.

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