Este martes ingresó al Poder Judicial un pedido de Jury de Enjuiciamiento contra el juez Antonio Sánchez Rey, que previamente había presentado renuncia y fue rechazada por el gobernador Alfredo Cornejo.
El magistrado de 76 años quedó en el centro de la polémica por un millonario acuerdo por un accidente laboral que sufrió en mayo de 2017. Ese convenio, por 4,5 millones de pesos, finalmente no fue homologado y llegó a la Suprema Corte.
En caso de avanzar el Jury y ser destituido, Sanchez Rey perderá la posibilidad de jubilarse con el 82% móvil del sueldo que percibe como juez, que actualmente superaría los $200 mil.
El pedido contra el magistrado de la Quinta Cámara Laboral, que por su antigüedad en el cargo percibe uno de los salarios más altos del Poder Judicial, fue realizado por la Unidad Especial para la Prevención del Fraude en las Relaciones Laborales y los Recursos de la Seguridad Social, que depende del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación.
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Esa Unidad Especial fue creada el año pasado justamente para prevenir la defraudación en materia de relaciones laborales, ley de riesgos del trabajo y recursos destinados a la seguridad social.
El delegado en Cuyo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Gustavo Cairo, explicó que su organismo en su momento fue el que decidió no homologar el millonario acuerdo. Ahora, ante la sospecha de connivencia entre el juez y el abogado de la ART, es que directamente interviene la cartera nacional conducida por Dante Sica
“No lo homologamos porque había diferencias importantes en los montos”, explicó Cairo. Según recordó, el juez pedía 4,5 millones de pesos y el cálculo que había realizado la Superintendencia apenas superaba el millón.
Además, para los médicos de la Superintendencia, el magistrado no había sufrido un daño psicológico por la lesión y pretendían que terminara la rehabilitación para poder determinar el grado de discapacidad.
El caso
Sánchez Rey reclamó al Estado porque un portón automático de una cochera oficial le atrapó el brazo. A través de su abogado, su hijo Diego Sánchez Azcona, llegó a un acuerdo con la ART Provincia por un resarcimiento de $4,5 millones.
El caso salió a la luz y generó polémica porque el convenio debía ser homologado por sus mismos compañeros de la Quinta Cámara Laboral, Viviana Gil y Jorge Rolando Consolini, quienes en primera instancia no se recusaron.
Los camaristas luego denunciaron que sufrieron presiones de parte del juez. Luego el caso pasó a la Sexta Cámara y finalmente quedó en manos de la Suprema Corte.
A raíz de estos hechos, desde el Ministerio de Producción y Trabajo solicitaron que se investigue si existió connivencia entre los abogados que llegaron al millonario acuerdo de indemnización por las lesiones que sufrió Sánchez Rey. En este contexto, el pasado viernes se realizaron allanamientos en las oficinas de los letrados.