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15 de diciembre de 2006
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ESCÁNDALO POR LAS CIFRAS DE INSEGURIDAD

Piden sanciones por el ?dibujo? de datos públicos

La Bicameral de Seguridad y los bloques de senadores del PJ y el PD reclaman sanciones para los funcionarios que falsearon la información

           Integrantes de la Bicameral de Seguridad, respaldados por los bloques de senadores justicialistas y demócratas, evalúan las responsabilidades administrativas y penales que cabrían a los funcionarios del Ministerio de Seguridad que reconocieron haber “dibujado” datos delictuales para cumplimentar la Ley de Responsabilidad Fiscal. Las confesiones públicas de Lelio Meli, coordinador de Recursos Humanos, Administrativos y Logísticos del ministerio, y de Daniel Sat, director de Administración, de que los datos que saltaron a la luz en la presentación del presupuesto, el martes en la Legislatura, eran “oficiales, pero no reales” dejó al desnudo una maniobra gubernamental que linda con lo ilegal.



        Es por esto que los legisladores denunciaron ante el Tribunal de Cuentas la irregularidad, buscando que se aplique la Ley de Responsabilidad Fiscal por haber violentado la norma.


MOLESTOS.


         “Disentimos con el gobernador, quien dice que esto es un error y una torpeza, y lamentamos que tenga que gobernar con gente torpe”, destacó el senador Daniel Cassia (PJ), que fue quien dio a conocer la planilla que desató el culebrón. La maniobra oficial, entienden los senadores, configura una clara violación de la ley, que en su artículo 4 inciso A establece que los responsables directos, a los efectos de la norma, serían el gobernador y el ministro del área en cuestión. En segundo orden, seguirían los responsables de la elaboración y publicación del informe.


SANCIONES.


          La ley de Responsabilidad Fiscal obliga a adjuntar un programa de indicadores de resultados donde se debe detallar la forma en que se obtiene la información de base y se elabora cada indicador, el que no deberá ser alterado. Debido a que esto ha sido obviado por el Ministerio de Seguridad, ahora el Tribunal de Cuentas pasa a ser el organismo responsable de sancionar a los cuestionados funcionarios, a los que se les puede establecer multas equivalentes a diez por ciento del sueldo y otras sanciones.


           Al margen de la responsabilidad administrativa, también está la responsabilidad civil y penal que pueden llegar a afrontar los falseadores de información pública. Para Cassia, esto configura una falta grave, porque alteraron total o parcialmente y de manera indebida información que se encuentra bajo su custodia, además de actuar con “negligencia, dolo o mala fe”. Esto último se enmarcaría dentro del artículo 248 del Código Penal, donde se habla del abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, figuras que cuentan con sanciones que van de prisión de un mes a dos años e inhabilitación para ejercer funciones públicas.


       Cassia recurrirá ahora a algunos de los fiscales de Delitos Complejos para que investigue el hecho, mientras que aguarda la intervención del gobernador y del ministro de Seguridad.

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