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23 de agosto de 2006
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AMENAZAS A CALLEJEROS

Piden pericias psiquiátricas a padres de Cromagnon

El letrado de la banda Callejeros hizo el pedido para establecer la peligrosidad de algunos padres, tras las amenazas lanzadas la semana pasada a la prensa.

    El abogado de los músicos de Callejeros solicitó ayer la realización de pericias psiquiátricas para establecer si “son peligrosos para sí o terceros” tres padres de víctimas de la tragedia de Cromagnon, que advirtieron ante la prensa que “si hay que matar, mataremos”. Eduardo Guarna efectuó la petición, a la que tuvo acceso Télam, ante el juzgado de instrucción a cargo de Silvia López Crespo, donde se encuentra radicada desde hace meses una denuncia por amenazas y coacción agravada contra Ricardo Righi, Nora Bonomini y Luis Fernández.

    “Ante la gravedad de los hechos y el nivel de amenazas vertidas, solicito la pronta intervención de los médicos forenses para que se practiquen los exámenes de rigor para poder determinar” si esos tres padres “son peligrosos para sí o terceros y, en consecuencia, tomar las medidas cautelares aconsejadas para el caso”. Guarna destacó que Righi, Fernández y Bonomini “han venido ejerciendo una fuerte presión a distintos funcionarios judiciales y el grupo musical Callejeros con sus amenazas”, y manifestó su alarma por “el grado de peligrosidad que entraña el estado actual de la situación”.

    El letrado concluyó su pedido señalando la urgencia con la que a su criterio debería actuarse, “máxime cuando se evidencia un grado de desesperación sin límite, al pregonar: ‘Si tenemos que matar, mataremos’”. La jueza que investiga la tragedia de Cromagnon, María Angélica Crotto, también había denunciado que fue amenazada de muerte en su despacho por personas que dijeron ser familiares de víctimas del incendio. Pero la situación se agravó el 7 de este mes, cuando el ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra fue sobreseído en una de las causas judiciales que afronta por el incendio, lo que abrió una polémica entre legisladores, el ex mandatario y los familiares de las víctimas.

    Al sobreseerlo, la jueza Crotto consideró que Ibarra no tenía control directo del funcionamiento de locales como el de Cromagnon. La bronca de los familiares se acentuó el 14 de agosto, cuando Gabriela Alegre, a cargo de un programa ejecutor de Sitios de la Memoria del Gobierno porteño, tuvo que renunciar a su cargo luego de descubrirse tres cajas con pertenencias de víctimas de Cromagnon en la Subsecretaría de Derechos Humanos, área de la que era titular en la gestión de Ibarra.

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