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24 de mayo de 2007
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ABORTOS

Piden garantizar atención sanitaria

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) recomendó ayer que, de acuerdo a la ley vigente, se garantice la atención sanitaria en los abortos legales y se cree un registro de profesionales objetores de conciencia ante estas operaciones.

    El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) recomendó ayer que, de acuerdo a la ley vigente, se garantice la atención sanitaria en los abortos legales y se cree un registro de profesionales objetores de conciencia ante estas operaciones. Pese a que las interrupciones de embarazos no punibles –establecidas en el artículo 86 del Código Penal– no requieren autorización judicial, el documento advierte que, en la práctica cotidiana, las intervenciones no se realizan “adecuadamente”.

    “Los médicos no siempre ejecutan los abortos legalmente permitidos en tiempo y forma”, dice el texto. “En la mayoría de los casos, solicitan autorización al Poder Judicial, aunque este procedimiento sea innecesario”, agrega. La recomendación, que fue enviada ayer a todos las carteras de Salud y legislaturas del país, está especialmente dirigida a los profesionales de salud y directivos de hospitales públicos que reclaman una orden judicial para autorizar la práctica.

    También aboga para que los servicios de salud apliquen el Protocolo de Atención Post Aborto, emitido por el Ministerio de Salud de la Nación en 2005 que, según las autoridades del organismo, “las provincias no aplican”. El artículo 86 de Código Penal establece que el aborto no es punible cuando el embarazo pone en peligro la vida o la salud física o psíquica de la mujer (inciso 1) y cuando es producto de una violación a una mujer “idiota o demente” (inciso 2).

   No obstante, la titular del INADI, María José Lubertino, afirmó que “hay médicos y servicios que se niegan a atender los abortos previstos por el Código Penal y, en algunos casos, las dilaciones y la judicialización innecesaria de estos casos produce la muerte de las personas”. Explicó que el documento se enmarca en la discriminación por mala atención o falta de atención en los casos de abortos legales o post aborto. “La recomendación plantea que hay una situación de discriminación manifiesta para con las mujeres de bajos recursos”, afirmó.

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