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11 de mayo de 2007
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ASESINADO DURANTE EL GOBIERNO DE ISABEL PERÓN

Piden esclarecer la muerte de un estudiante

Una nueva querella presentada ante la Justicia Federal solicita que se investigue el asesinato de un estudiante de periodismo ocurrido en junio de 1975 en nuestra provincia. El martes, la abogada de la Fundación Ecuménica de Mendoza, Viviana Beigel,presentó una acción en la Secretaría F del Juzgado Federal por un delito considerado de lesa humanidad.

    Una nueva querella presentada ante la Justicia Federal solicita que se investigue el asesinato de un estudiante de periodismo ocurrido en junio de 1975 en nuestra provincia. El martes, la abogada de la Fundación Ecuménica de Mendoza, Viviana Beigel,presentó una acción en la Secretaría F del Juzgado Federal por un delito considerado de lesa humanidad. Se trata del crimen de Amadeo Sánchez Andía, quien fue secuestrado en el Hospital Regional de San Martín y ejecutado horas más tarde en un paraje de Canota, en el departamento de Las Heras.

    El joven Sánchez Andía, junto a dos compañeros de militancia, se dirigían a la provincia de Córdoba para participar de un encuentro estudiantil. Pero el destino desafortunado lo acompañó en el camino, porque, al llegar a La Paz, el colectivo en el que viajaba sufrió un accidente de grandes proporciones, quedando herido, por lo que fue trasladado al nosocomio más cercano –el de San Martín-, según la explicación de la letrada. Allí fue custodiado por la Policía Federal debido a que, cuando fue socorrido para la inmediata asistencia médica, le hallaron entre sus pertenencias elementos que lo vinculaban de manera directa con movimientos políticos de aquellos tiempos. Además, era miembro del centro de estudiantes de la Escuela de Periodismo local.

    Mientras el joven se encontraba consciente en una sala de cuidados intensivos, un operativo clandestino, en complicidad con los guardias federales, lo sacó a la fuerza del lugar, relató Beigel. De allí lo llevaron a Canota, paraje en el que habría sido asesinado. Las sospechas recaen sobre miembros de la organización Triple A, quienes habrían actuado bajo el amparo de agentes de la Policía Federal. La jurista explicó que el hecho está considerado como crimen de lesa humanidad, a pesar de haber sido cometido durante el Gobierno de Isabel Perón.

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