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3 de junio de 2019
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Decreto

Petroleras pagarán a la Provincia más de $63 millones por incumplimientos

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El gobierno aceptó la propuesta de pago de las empresas Ketsal-Kilwer, vinculadas al grupo Vila-Manzano, que retiraron una oferta de explotación por un área del sur provincial.

La provincia de Mendoza cobrará más de un 1.400.000 dólares (aproximadamente 63 millones de pesos, al cambio actual) por un antiguo incumplimiento de la sociedad petrolera Ketsal S.A y Kilwer S.A (UTE), vinculada al Grupo Vila-Manzano.

Según establece el decreto N° 1.066, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el monto reclamado corresponde a la garantía del mantenimiento de la oferta efectuada por la UTE respecto del Área Río Atuel en el concurso público para seleccionar interesados en la exploración y eventual explotación de hidrocarburos en la provincia.

En concreto, las empresas presentaron una oferta en 2008, con una promesa de inversión de 86,3 millones de dólares, para explotar ese área petrolera del sur provincial. Pero luego retiraron la propuesta y en 2014 comenzó la causa judicial “Provincia contra Ketsal por cobro de pesos”.

Este lunes, finalmente, el Ejecutivo aceptó "la propuesta de pago efectuada por Ketsal S.A. y Kilwer S.A. para el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha 12 de diciembre de 2018 y su auto aclaratorio de fecha 7 de febrero de 2019", según asegura el artículo 1 del decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Gobierno, Lisandro Nieri.

En este sentido el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, explicó que la UTE fue multada por haber retirado una oferta en una licitación del año 2008 del Área del Río Atuel. 

“Se les aplicó el cobro de garantía para evitar la falta de seriedad. Todo este trabajo fue parte parte de lo que nos dedicamos al llegar a la gestión como revertir áreas, acomodamos todo para despejar los contratos no cumplidos”, aseguró el funcionario.

Propuesta de pago

La multa asciende a 1.401.800 dólares (863.120 dólares de capital más 538.760 dólares por los intereses), que se pagará en tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 467.293,33 dólares.

El primer pago deberá realizarse dentro de los diez días de la notificación del decreto. Las restantes dos cuotas se abonarán, cada una, en los meses siguientes inmediatos correspondientes al pago de la primera cuota.

El dinero que cobre la provincia quedará depositado en rentas generales pero una vez que esté reglamentada la ley N° 9.137 (Registro Provincial de Empresas de la Actividad Hidrocarburífera), parte de esa suma se destinará a sistema de control de hidrocarburos.

De esta manera, el Gobierno suspenderá la acción judicial contra Ketsal - Kilwer mientras vencen los plazos establecidos para la propuesta de pago.

Antecedentes polémicos

La relación entre Ketsal-Kilwer y el gobierno provincial fue polémica desde el inicio. Pese a tener nula experiencia en la industria, las petroleras fueron las grandes ganadoras de una polémica licitación de las áreas secundarias impulsada en la gestión de Julio Cobos entre 2006 y 2007, que finalmente fueron adjudicadas en los primeros meses del gobierno de Celso Jaque.

Si bien en el pliego licitatorio se aclaraba que ninguna compañía podía quedarse con más de cinco áreas, en 2008 Ketsal-Kilwer se quedó con siete. Entre ellas con Chachahuén, el bloque estrella de esa licitación ubicado en Malargüe, por la que la UTE vinculada al grupo Vila-Manzano ofreció US$126,7 millones.

La inversión fue prácticamente nula, pero esa situación no impidió que se genera un negocio inmobiliario. En el caso de Chachahuén, Ketsal-Kilwer primero se acercó a Energía Mendocina, de Omar Álvarez, y después apareció YPF, que se convirtió en el mayor accionista de la sociedad y operador del área.

Este esquema de negocios se repitió luego en otras áreas petroleras que el gobierno entregó inicialmente al grupo Vila - Manzano. Y en algunos casos, ese vínculo se transformó en un problema para YPF.

En diciembre del año pasado, la Provincia y la principal empresa de hidrocarburos resolvieron una disputa de larga data por las áreas petroleras de San Rafael y Ñacuñán. Estas áreas fueron adjudicadas a Ketsal-Kilwer en la licitación organizada en 2008 y posteriormente fueron transferidas a YPF en 2011.

Al no revestir interés geológico para la empresa, de común acuerdo con la Provincia, la petrolera nacional optó por pagar los montos no invertidos y de esta manera dejar las áreas vacantes para otros operadores. El monto abonado por YPF fue de 265 millones de pesos en concepto de resarcimiento por incumplimiento de compromisos de exploración.

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