En lo que se considera como un intento por sortear el bloqueo que tanto radicales como demócratas le pusieron a la posibilidad de reformar la Constitución de la Provincia, el gobierno de Francisco Pérez analiza utilizar una ley del 2001, aprobada por la Legislatura, por la que se sancionó la necesidad de modificar integralmente la Carta Magna y, por medio de ese instrumento, llamar a elecciones de convencionales para que se aboquen a tratar su propio proyecto reformista.
El peronismo tendría el aval técnico de una serie de constitucionalistas y especialistas a los que ya consultó sobre el tema, quienes le dieron el aval para seguir adelante con aquel proceso del 2001 que quedó trunco porque el referéndum de ese año, si bien logró imponer el Sí a favor de la reforma, no obtuvo la cantidad de votos requeridos, es decir, no llegó a la mitad más uno de los votos positivos de todo el padrón.
La jugada, compleja y que obligaría a solicitarle a la actual Corte una nueva interpretación sobre el famoso artículo 221 para ver si la Constitución habla de la mitad más uno de los votos del padrón o de quienes efectivamente votan para que se habilite el proceso de reforma, fue cuestionado por la plana mayor del radicalismo que, informal y obligadamente, analizó el tema para catalogar, en principio, como “un intento desesperado y retorcido” este nuevo intento por imponer el proyecto de Pérez que la UCR y el PD han bloqueado anunciando que no se prestarán a discutirlo “porque no están dadas las condiciones sociales” para avanzar en esa línea.
El peronismo, según pudo saber este diario, ha desempolvado un par de antecedentes de procesos de reforma de la historia mendocina para justificar los movimientos actuales. En ambos casos, la Legislatura de la Provincia había aprobado la necesidad de la reforma y activado los procesos que fueron abortados por dos golpes de Estado y retomados años después, en épocas democráticas,aunque con procesos igualmente polémicos. El primero de los antecedentes es el de los años 40, que quedó trunco en el golpe de 1943 y que se continuó en 1948 culminando con la reforma del 49. Ese proceso, sin embargo y otra vez mediante una nueva interrupción democrática, la de 1955, es abolido por obra del interventor Isidoro Busquets, de origen radical, que restituyó la Constitución liberal de 1916.
El otro ejemplo que hoy rescata la administración de Pérez es el de los años 60. En 1962, con el demócrata Francisco Gabrielli, se inicia otro intento por modificar la Constitución, que desemboca en un escandaloso pacto entre gansos y radicales alcanzado en la Convención Constituyente del 65, por el cual se restituye la elección indirecta del gobernador y vice y de los intendentes para bloquear el acceso al poder del peronismo. El radical Santiago Felipe Llaver, integrante de aquella convención, se retiró molesto con ese acuerdo acompañando a los peronistas que también abandonaron el ámbito. Ya gobernador Llaver, con la recuperación democrática de 1983, reinstauraría la elección directa del jefe del Poder Ejecutivo al impulsar positivamente la enmienda votada en las elecciones de 1985, situación que persiste hasta ahora.
Al menos dos constitucionalistas le han dado al Gobierno una visión favorable para llevar adelante su aventura reformista. Uno de ellos, Mariano Domínguez, integrante del Colegio de Abogados de Mendoza, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de ese órgano, dijo a El Sol que la movida tiene color y que “se ve factible desde lo técnico y no es inconstitucional”. El otro especialista que se manifestó en esa línea fue Víctor Ibáñez, quien en diálogo con la radio MDZ dijo que el gobierno de Pérez podría llamar a elección de convencionales constituyentes tomando la ley del 2001.
El peronismo entiende que hoy están dadas las condiciones para pedir una nueva interpretación a la Corte sobre el famoso cepo de los votos que se requieren para habilitar una reforma constitucional. Entiende que la composición del más alto tribunal de Justicia, distinta de la de 14 años atrás, hoy puede jugar a su favor para sortear la traba del artículo 221. En 1998, la Corte de entonces sostuvo que hay que tomar la totalidad del padrón, y no la cantidad de los que efectivamente votan, para calcular la mitad más uno de los votos positivos necesarios para modificar el texto. Por otro lado, hoy, como los radicales y demócratas no le darán apoyo a la sanción de la ley que debe declarar la necesidad de la reforma, el Ejecutivo entiende que podría tomar la norma del 2001 –sancionada durante la administración radical de Roberto Iglesias– para, directamente, llamar a convencionales constituyentes en el 2013, que serían los encargados de llevar adelante el proceso de reforma integral de la Constitución, el proyecto político más ambicioso que impulsa Pérez para trascender en su gobierno.
En el 2001, el electorado, en realidad, no le prestó atención al proceso de reforma que habían logrado acordar radicales y peronistas. Las urgencias y prioridades eran otras, y los partidos políticos, pese a que habían logrado sancionar la necesidad de la reforma, ni siquiera militaron con convicción para que la gente votara por Sí o por No el referéndum. El Sí ganó, sin embargo, con una cantidad exigua de votos. La relación fue de unos 100 mil votos a favor contra unos 80 mil en contra. La gran mayoría se olvidó de introducir la papeleta. Aquel proceso involucró a los tres partidos mayoritarios nominando a un responsable por cada facción para que analizara los puntos a reformar. Carlos Egües representó a la UCR, Juan Marchena al PD y Ariosto Falaschi al PD. Entre los puntos convenidos estaba el espinoso tema de los mandatos y se establecía limitar a una reelección al gobernador, vice, intendentes y legisladores. El proyecto hablaba de funcionarios, pero se entendía que abarcaba a todos los cargos electivos. Iglesias, frente a un escribano público, se excluiría de la posibilidad de ser reelecto, decisión que hasta el día de hoy enarbola como una virtud frente al intento reeleccionista que no esconde para sí el gobernador Pérez.