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29 de septiembre de 2009
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GOBIERNO

Penitenciarios denuncian ascensos a dedo en la Subsecretaría de Justicia

Personal de los penales asegura que se ha promovido a gente fuera de la carrera. Figuran colaboradores cercanos al subsecretario Godoy Lemos, como asesores, secretarias y choferes

    El personal penitenciario está enojado, y mucho. Es por lo que considera “ascensos a dedo” dentro del sistema penitenciario, realizados en diciembre del 2007 y setiembre del 2009, dispuestos por la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos, que comanda Sebastián Godoy Lemos. Las promociones se hicieron bajo el paraguas de la ley 7.878, que, a los fines prácticos, funciona casi como una norma de emergencia penitenciaria, similar a la de Seguridad. Lo que permite esta legislación es realizar ascensos especiales y modificar las funciones que cumple el personal de las penitenciarías.

    Esto con el fin de mejorar y superar la crisis del sistema. Sin embargo, el personal de carrera que realizó la denuncia –cuyos nombres serán resguardados por su propia solicitud– se quejó porque, entre las personas ascendidas, se encuentran colaboradores cercanos a la Subsecretaría de Justicia: choferes, secretarias, y funcionarios de tercera línea y hasta el director del penal de Almafuerte, Sebastián Sarmiento, un hombre del sector Azul del peronismo, que fue secretario del senador Miguel Serralta. Sarmiento es abogado y no tenía el rango para ser director del penal, por lo cual, debieron otorgárselo.

    El Sol consultó con el subsecretario Godoy Lemos, y él no desmintió la situación, sino que aseguró que los ascensos habían sido realizados en forma discrecional, amparándose en la ley antes mencionada y a fin de cubrir cargos para los que no había personal. Otro aspecto llamativo de la situación es que la Bicameral de Seguridad no pide antecedentes acerca de quiénes son las personas ascendidas, y si aportarán o no a la mejora del sistema, como pretende el espíritu de la ley. Así lo expresó el diputado Mariano Ficarra (UCR), presidente de la comisión, quien aseguró que ellos sólo visan los expedientes que vienen desde el Ejecutivo, porque suponen que los requisitos para los ascensos ya vienen estipulados en esa misma documentación.

LA DENUNCIA. Los penitenciarios que denunciaron la situación detallaron quiénes, de las que obtuvieron un ascenso, eran las personas más cuestionadas. Entre ellas se encuentra David Magniafico, quien ingresó a las filas del servicio en diciembre del 2005. En el mismo mes del 2007 fue ascendido por primera vez y el 15 de setiembre de este año obtuvo su segunda promoción. Es decir que, con tres años y medio de antigüedad, ostenta sexta jerarquía. Magniafico es colaborador de Godoy Lemos.

    Otro de los polémicos ascensos es el de Juan Pablo Rodríguez, quien ingresó el 1 de diciembre del 2007 como suboficial subalterno. El 15 de setiembre fue ascendido a oficial jefe alcaide. Según los denunciantes, para ser promovido a este cargo, al menos, transcurren 18 años dentro de la carrera penitenciaria. Rodríguez se desempeña en las segundas líneas del ministerio de Gobierno. Situaciones similares son las de Paula Sandmeier, y Paula Romanini. Mientras que Jorge Álvarez, según los mismos denunciantes, se desempeñó nueve años como chofer penitenciario y ahora trabaja para Godoy Lemos.

VERSIÓN OFICIAL. Para el subsecretario de Justicia, las promociones fueron hechas en forma discrecional, amparándose en el artículo 7 de la ley. Se hicieron para cubrir cargos jerárquicos, ya que hacía 5 años que no se realizaban ascensos. Sin embargo, en el artículo 8 de la misma norma, se pide que las acciones dispuestas en la ley se basen en criterios de razonabilidad debidamente fundados y con el visto bueno de la Inspección General de Seguridad (IGS). Hay aclarar que sí cuentan con este último punto, es decir, que la IGS avaló los procedimientos.

    Godoy Lemos se mostró particularmente molesto por el planteo de los penitenciarios, ya que sostuvo que esta gestión fue la primera que se preocupó por el sistema al que pertenecen. De hecho, se sancionó una ley que reglamenta el sistema como ninguna norma anterior lo había hecho, la 7.493, que fue modificada por la norma que permite los ascensos en forma discrecional. “Para que los 1.700 penitenciarios estén conformes, habría que ascenderlos a todos”, soltó el funcionario, y agregó: “Los cargos que la ley nos dice que hay que designar, los estamos designando, y los que hay que concursar, los estamos concursando. Si ellos creen que están capacitados, que se presenten al concurso”.

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