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30 de septiembre de 2009
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LEGISLATURA

Pedido de informes por ascensos penitenciarios

El diputado provincial peronista disidiente Daniel Cassia se hizo eco de la nota publicada ayer por este diario y realizará un pedido de informe para que el Ejecutivo aclare una serie de ascensos penitenciarios que se realizaron en forma discrecional por parte de la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos, que comanda Sebastián Godoy Lemos.

El diputado provincial peronista disidiente Daniel Cassia se hizo eco de la nota publicada ayer por este diario y realizará un pedido de informe para que el Ejecutivo aclare una serie de ascensos penitenciarios que se realizaron en forma discrecional por parte de la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos, que comanda Sebastián Godoy Lemos.
Entre otras promociones polémicas de personal, figuraban colaboradores cercanos al funcionario, como secretarias, asesores y su chofer. La situación generó gran malestar entre los trabajadores de los correccionales, quienes vieron afectada su carrera, ya que muchos de ellos se encontraban en condiciones de ascender y, por la decisión del Ejecutivo, no pudieron hacerlo.
Cassia solicitará a la Subsecretaría de Justicia, dependiente de la cartera de Gobierno, que envíe el detalle de los ascensos, en el que figuren los nombres y apellidos, cargos y situación anterior de los empleados promocionados. Además, solicitará la nómina de las personas en condiciones de ascender y que, por esta determinación, no han podido hacerlo.
 Al ser consultado por este medio acerca de los ascensos del personal, Godoy Lemos explicó que promovió a los empleados amparándose en una ley –la 7.878– que data del 2008, y es una suerte de emergencia penitenciaria. Esta, en su artículo 7, permite realizar ascensos especiales. Godoy Lemos aseguró que lo hizo para cubrir cargos vacantes, ya que desde hace cinco años no se realizaban.
Sin embargo, Cassia mencionó el artículo 8 de la misma ley, por la cual se debe de justificar cada uno de los ascensos, basándose en “criterios de razonabilidad” para mejorar el sistema penitenciario, que podrían no haberse cumplido.

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