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28 de octubre de 2009
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ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, YA VEREMOS

Pasaron tres años y el fiscal Martearena no resuelve la causa contra Miguel Alonso

Se vencieron los plazos procesales para elevar la causa a juicio o sobreseer. La interna del caso.

    Transcurrieron más de tres años desde que el fiscal especial Eduardo Martearena inició un expediente contra el otrora titular del Instituto de Juegos y Casinos Miguel Alonso, por el delito de enriquecimiento ilícito. La causa que vinculó al iglesista fue una bomba en el seno del cobismo, que por aquellos días gobernaba la provincia. Alonso fue imputado en febrero del 2007, luego de una denuncia anónima, y los tiempos procesales se vencieron. El fiscal tenía –según establece el artículo 349 del Código Procesal Penal– 18 meses para elevar la causa a juicio o sobreseer tras la acusación. A pesar delo que afirman las normas, el sumario judicial que motivó la renuncia del ex funcionario radical está paralizado, duerme en la Fiscalía Especial.
    Hace más de un año y medio que no suma pruebas en sus fojas y desde la defensa –representada por Oscar Dimas Agüero– esperan que el magistrado resuelva cuanto antes la situación, según comentó ayer el letrado a El Sol. En este escenario podrían presentarse dos alternativas: una es el sobreseimiento, y la otra, la citación a juicio. Sin embargo, desde los Tribunales provinciales afirman que esto no va a suceder en los próximos días, porque es un caso político y el fiscal especial estuvo hace poco tiempo en el centro de la escena por la llamada causa Cadillacs y por una denuncia en su contra en la cual se lo acusa de falsificar un expediente (ver aparte).
LOS MOTIVOS. No es una novedad que Martearena espera llegar a camarista próximamente. Y para conseguir ese ascenso necesita un fuerte apoyo legislativo legislativo. Ante el evidente enojo del justicialismo por la investigación judicial por el cuestionado pago de 315.000 pesos para el recital de la banda porteña, el apoyo de legisladores oficialistas estaría más que en veremos. Por este tema, desde el entorno del magistrado con oficina en el Palacio Policial afirmaron “que este no es el momento para elevar la causa de Alonso a juicio ni tampoco para sobreseer”, porque estaría condicionando su promoción a juez de Cámara. En el Poder Judicial se habla de la causa Alonso pero todos prefieren no identificarse. Fiscales, abogados y jueces de Cámara opinan que la demora en la que está incurriendo Martearena tiene un motivo: pasar la audiencia del Senado. Y si esto se da, quedaría al margen del caso Cadillacs.
    Es más, aseguran que hace más de un mes que “tiene arreglado” el sobreseimiento de Miguel Alonso para también sacar provecho político en la Cámara Alta, ya que así obtendría los votos del radicalismo. Para ejemplificar la cuestión procesal, la resolución de la causa “Fiscal c/ Carbajo Daniel y Rovera Graciela p/ amenazas coactivas y privación ilegítima de la libertad”, que emitió el ex juez de la Tercera Cámara del Crimen Omar Palermo en febrero del 2007, sentencia: “Vencido el término de la investigación penal preparatoria, el Ministerio Público carece de facultades para solicitar la prórroga de la misma, el juez de Garantías no tiene atribuciones para prorrogar un plazo ya vencido. Corresponde intimar al representante del Ministerio Público que intervenga en la causa a efectos de que se pronuncie por el sobreseimiento del imputado o por la elevación de la causa a juicio, sin que sea posible la incorporación de nuevos elementos probatorios, debido al vencimiento del término de la investigación penal preparatoria, cuya prórroga fue solicitada extemporáneamente”.
     Así las cosas, Martearena no puede solicitar más prórrogas en la instrucción y está obligado a definir la situación. De todas formas, no la tomaría mientras la defensa no presente un pronto despacho. Se trata de un escrito por el cual se solicita que se resuelva rápidamente una cuestión pendiente de dictarse, en este caso, la resolución sobre la elevación a juicio o el sobreseimiento. Su utilidad radica en que pone en evidencia la falta en que está incurriendo el fiscal, quien se encuentra demorado en la definición.

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