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3 de diciembre de 2009
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REPERCUSIONES DE LA DENUNCIA

Para los legisladores, debe intervenir la Justicia

Así opinaron desde las distintas bancadas políticas, por la gravedad de los dichos de Cazabán. También reconocieron la valentía del funcionario.

    Las explosivas declaraciones del secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, acerca de la supuesta extorsión que el grupo Vila - Manzano está ejerciendo sobre el gobierno de Celso Jaque, cayeron como una bomba entre los legisladores.

    Mientras algunos se miraban atónitos, y demoraron en reaccionar, otros tomaron el toro por las astas y elaboraron rápidamente una resolución para pedir a la Justicia que intervenga de oficio e investigue el caso (ver página 2).


GRAVEDAD INSTITUCIONAL. Más allá de los colores políticos de los legisladores consultados, todos coincidieron en opinar que tanto Cazabán como el mismo gobernador deberían haber acudido a la Justicia desde que ocurrió el primer indicio de presión de este grupo económico sobre el Gobierno.

    Así opinó el jefe del bloque de diputados cobistas, Andrés Marín. “Más allá de la polémica por los casinos, lo grave es que el gobernador y sus colaboradores no hayan ido nunca a la Justicia a denunciar esta situación”. Sin embargo, para el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús (PJ), la Legislatura es el mejor lugar para denunciar este tipo de presiones.

    “El Ejecutivo tiene que resguardar la institucionalidad y está bien que haya sido en este ámbito”. Además, Tanús aseguró que debe ser intolerable estar gobernando y que quieran manejar la política estas corporaciones económicas. Por su parte, el diputado Ricardo Puga (PIM), quien fue el que pidió la interpelación al secretario general del Gobierno, sorprendió con sus declaraciones: “Mire, ellos han sido socios, Cazabán todavía es el abogado en San Rafael de todas las cuestiones penales del grupo Vila-Manzano, así que esta es una pelea entre ellos”.

   Además, Puga cargó contra la falta de iniciativa del funcionario jaquista, al afirmar: “Si yo soy extorsionado, voy a la Justicia Penal y hago la denuncia. Pero él no ha ido a la Justicia Penal. Entiendo que esta es una cortina de humo de Cazabán para tapar las irregularidades que hay en las habilitaciones de casinos en la provincia”, concluyó el legislador. Por otra parte, el diputado Raúl Vicchi (UCR) dijo que, debido a la gravedad de la denuncia, si el secretario cuenta con las pruebas fehacientes de lo denunciado, debería hacer intervenir sin pérdida de tiempo al Poder Judicial.

    “Con estas cosas, hay que tener muchísimo cuidado. No pueden quedar sólo en declaraciones políticas. El fiscal tiene que actuar de oficio por esta denuncia”, sostuvo el radical.

INVESTIGACIÓN. Para el diputado peronista disidente Daniel Cassia, quien ha expresado en reiteradas oportunidades sus diferencias políticas con Cazabán, el motivo de la interpelación al secretario general pasó “a un quinto plano”. Cassia dijo que lo más importante es dilucidar la cuestión de fondo, es decir, la veracidad o la falsedad de los hechos denunciados. En este sentido, el papel que le cabe a la Legislatura es el de tomar la posta y solicitar a la Justicia que eche luz sobre lo dicho por el funcionario.

    El demócrata Diego Arenas se mostró preocupado por lo sucedido en el recinto: “Es grave desde el punto de vista institucional que el secretario general de la Gobernación venga y diga que un grupo económico lo está extorsionando. Es un grupo muy fuerte y muy poderoso, que tiene una gran ascendencia en diversos aspectos de la economía de Mendoza. Queremos que se investigue y si esto se acredita, por supuesto deberán ser sancionados y condenados por este accionar”.

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