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23 de octubre de 2009
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MAFIA DE MEDICAMENTOS

Oyarbide allanó organismo del que se envían fondos a sindicatos

BUENOS AIRES (DYN). La Justicia allanó ayer oficinas del Gobierno donde se manejan millonarios fondos destinados a las obras sociales sindicales, con el fin de determinar si esos entes participaron en maniobras ilegales con la provisión de remedios, en el marco de la llamada ?mafia de los medicamentos?.

La Justicia allanó ayer oficinas del Gobierno donde se manejan millonarios fondos destinados a las obras sociales sindicales, con el fin de determinar si esos entes participaron en maniobras ilegales con la provisión de remedios, en el marco de la llamada “mafia de los medicamentos”. Fuentes vinculadas al caso dijeron a DYN que el operativo se realizó en la Administración de Programas Especiales (APE), en Diagonal Norte 1149 de Capital Federal –dependiente del Ministerio de Salud de la Nación–, que controla casi mil millones de pesos destinados a compensar las prestaciones de alta complejidad de las obras sociales. El operativo fue realizado por la Policía Federal, por orden del juez federal Norberto Oyarbide, en la causa por la “mafia de los medicamentos”.


    De ese inmueble, un edificio de cinco pisos, las autoridades secuestraron, por lo menos, unos dos mil expedientes. Además, se revisaron computadoras, historias clínicas y otra documentación relacionada con el tema. El procedimiento se enmarca en la causa que investiga la venta ilegal, falsificación o adulteración de remedios. Una de las sospechas es que esas medicinas “truchas” podrían haber sido suministradas a afiliados a obras sociales, incluso con riesgo para sus vidas. Entre los principales involucrados en el caso están el empresario Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier, proveedora de obras sociales; el sindicalista bancario Juan José Zanola (cuya obra social compraba remedios a esa firma), y su mujer, Paula Aballay, también directiva del área de salud del gremio de los empleados de bancos.


      En este marco, y algunos días antes de este allanamiento, renunció el director de la APE Hugo Sola, un hombre cercano al dirigente camionero y titular de la CGT, Hugo Moyano. Como consecuencia de esta dimisión, Moyano ve afectada su influencia en esa área vital para las obras sociales y, como contrapartida, consolida su poder de control el ministro de Salud, Juan Manzur. Su dominio en ese sector le significaba a Moyano un fuerte poder político, debido a la dependencia de las obras sociales de ese organismo. Precisamente, los sindicatos, pese a su alineamiento con el Gobierno, reclaman que se les entreguen alrededor de 3.000 millones de pesos de las obras sociales que estarían depositados en el Banco Nación.



    A la vez, habría una pulseada entre los propios sindicatos por la redistribución de los más de 900 millones de pesos de la APE, ya que hay gremios que cuestionan a Moyano un supuesto favoritismo en beneficio de las entidades amigas. Asimismo, se aguarda que Oyarbide disponga las citaciones a Tribunales a Zanola y a su mujer, a los que se sumaría el ex superintendente de Servicios de Salud (SSS), Héctor Capaccioli, quien fue uno de los principales responsables de la recaudación de la campaña presidencial de Cristina Fernández.

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