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5 de septiembre de 2006
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LA CRISIS CARCELARIA

Otro cambio de jefe en la Penitenciaría

Se trata de Alberto López, un asesor legislativo sin experiencia en la materia. Es el sexto director del gobierno de Cobos. Asume hoy, en medio de un conflicto con oficiales del penal.

    La crisis de la Penitenciaría precipitó la renuncia de su actual director, el oficial retirado Carlos Lugea, quien será remplazado, a partir de hoy, por un abogado radical que no tiene experiencia en la materia. El sucesor de Lugea es Alberto López, un hombre de 40 años que asesoraba al bloque de diputados radicales. Esta persona se convertirá en el sexto titular de la cárcel en lo que va del gobierno de Julio Cobos. “No tiene experiencia penitenciaria, pero tiene claros los objetivos y quiere hacerse cargo de este desafío. En ese puesto no hay fines de semana ni vacaciones, y tampoco noches”, indicó ayer el ministro de Gobierno, Sergio Marinelli, en el anuncio del nuevo director carcelario, que se produjo después de una deliberación entre los funcionarios del área que duró toda la mañana.

    Dentro del propio partido, López es casi un desconocido. Sin embargo, en el Poder Ejecutivo remarcaron que ha tenido una participación importante en el diseño de un nuevo plan de política penitenciaria que el Gobierno quiere aplicar desde el momento en que inaugure la nueva cárcel de Cacheuta (ver aparte). También se hizo hincapié en que López tiene “la confianza del Gobierno”, un punto excluyente en días en que todas las decisiones gubernamentales están teñidas por la fuerte interna radical. De hecho, un dato a tener en cuenta es que López sería un dirigente cobista muy cercano al diputado Alfredo Cornejo, la mano derecha del gobernador.

PRESENTACIÓN. López fue presentado ayer a la tarde, en una reunión privada, a la plana mayor del Servicio Penitenciario, un día antes de asumir. A esta reunión en la cárcel tuvieron que asistir los funcionarios del Ministerio de Gobierno. La intención del encuentro fue dar una señal de respaldo político al nuevo director, quien asumirá en medio de una situación muy conflictiva con los oficiales que se ocupan de la seguridad del penal. El malestar de los penitenciarios comenzó hace más de un mes y se debe a la presencia de un grupo de 14 oficiales federales que, por un convenio con el Gobierno Nacional, vinieron hace más de 15 días a prestar asesoramiento.

    Sin embargo, internamente son percibidos como interventores. La semana pasada hubo una señal de ese malestar: un grupo de agentes hicieron una protesta en plena plaza de armas de la cárcel por descuentos salariales que les había aplicado el Gobierno. La queja subyacente en el reclamo era que los federales tienen sueldos mucho mejores que los provinciales. Esa protesta fue el comienzo del fin de la gestión de Lugea, quien había anunciado que se quedaría en el cargo hasta el mes que viene.

    Sin embargo, el ministro Marinelli lo acusó por no haber evitado la queja de los uniformados a su cargo, y por ello Lugea tuvo que irse anticipadamente. No obstante, el Gobierno intentó bajar el tono de este entredicho, y ayer elogió el trabajo y la disposición de Lugea, quien se quedaría en la cárcel durante un “período de transición”, para asesorar a López.

SIN DESPIDOS. A pesar del duro cuestionamiento de la semana pasada a la plan mayor de la cárcel y de la necesidad de renovar las filas, ayer, el Ejecutivo descartó que vaya a despedir a otros oficiales de la cúpula penitenciaria. Incluso, el subsecretario de Justicia, Gustavo Castiñeira de Dios, dijo que la crisis que muchos observan no existe, y que ya no hay odios entre los oficiales federales y provinciales. “Al principio había reticencia y malestar con los federales, pero ahora todos trabajan juntos”, aseguró el funcionario.

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