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11 de julio de 2019
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Otra denuncia por abuso eclesiástico llegó a la Corte

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Se trata de una demanda civil por daño moral contra la Congregación Salesiana de San Juan Bosco, iniciada por un ex estudiante que denunció haber sido vejado por un sacerdote en el 2008.

La Suprema Corte de Mendoza admitió un recurso extraordinario presentado por la Congregación Salesiana de San Juan Bosco para que revise, “revoque y anule” un fallo confirmado por un tribunal de alzada por el cual ordena resarcir económicamente a un ex alumno del colegio Don Bosco, “por la falta de participación y control de la investigación interna” luego de su denuncia de abuso contra un cura de esa institución.

Es el segundo caso que llega a la Corte, después del antecedente de Iván González, quien ganó la demanda contra el Arzobispado en el 2015.

El denunciante, de 36 años, aseguró haber sido abusado por un sacerdote en el 2008, cuando tenía 14 años, y que en la instancia canónica “se le negó información y no pudo defenderse en la causa administrativa que se inició por el caso”. En tanto, la institución religiosa –a través de su abogado Luis Cuervo– sostiene que las actuaciones se ampararon en lo establecido por el Derecho Canónico, que rige a los miembros de aquella institución y que debe ser respetado por la República Argentina.

El planteo recayó en la Sala I, integrada por los ministros Julio Gómez, Dalmiro Garay y Pedro Llorente, quienes lo aceptaron y deberán analizar lo resuelto por el Tribunal de Gestión Asociado Nº2, expediente 251.763, en octubre del 2017, y confirmado por la Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, Paz y Tributario en el 2018.

El primer fallo dictaminó que el Derecho canónico no puede desconocer los tratados internacionales y que rezan sobre las garantías del debido proceso, tanto en la Justicia penal argentina como en otros, en este caso, el eclesiástico.

En ese sentido declaró inconstitucionalEn ese sentido, declaró inconstitucional dos artículos del Derecho canónico: 1.717 y 1.719. Ambos versan sobre la investigación previa a la que se deben someter los miembros de la Iglesia bajo sus normas.

El primero, establece: “Siempre que el Ordinario tenga noticia, al menos verosímil, de un delito, debe investigar con cautela, personalmente o por medio de una persona idónea, sobre los hechos y sus circunstancias así como sobre la imputabilidad, a no ser que esta investigación parezca del todo superflua” y añade:

  • a) "Hay que evitar que, por esta investigación, se ponga en peligro la buena fama de alguien".
  • b) "Quien realiza la investigación tiene los mismos poderes e idénticas obligaciones que el auditor en un proceso; y, si se realiza después un proceso judicial, no puede desempeñar en él la función del juez”.

Ver también: Víctimas de abuso eclesiástico creen que el Arzobispado busca encubrir

Respecto del 1.719, indica: “Si no se requieren para el proceso penal, deben guardarse en el archivo secreto de la curia las actas de la investigación y los decretos del Ordinario con los que se inicia o concluye la investigación, así como todo aquello que precede a la investigación”.

Esta sentencia fue recurrida por los abogados de la congregación, y, en noviembre del año pasado, un tribunal de alzada confirmó lo resuelto en primera instancia.

Y se subraya: “Considerar que la Iglesia católica, en su calidad de persona pública no estatal, se encuentra obligada a cumplir con el deber de informar que consagran los tratados internacionales de derechos humanos, no implica en modo alguno vulnerar el Derecho canónico ni el Concordato firmado con la Santa Sede. Cualquier intento de eximirse del deber de informar por parte del Arzobispado carece de toda lógica y sustento, cuando es la propia persona denunciante la que solicita se le informe sobre el resultado de la denuncia por ella misma formulada”.

Asimismo, también se menciona: “El canon 1.717 del Código canónico, en cuanto consagra un procedimiento resguardado por el secreto, a los fines de no poner en peligro la buena fama de alguien, no puede prevalecer sobre los tratados internacionales de Derechos Humanos”.

Dante Simón, el mismo instructor del caso Próvolo, realizó la investigación administrativa contra el cura salesiano.

"Un fallo de gravedad institucional"

El recurso extraordinario de la Congregación Salesiana de San Juan Bosco reclama: “Decimos que prefiere apoyarse de un modo en el derecho humano de la información y participación en los procesos canónicos, que no se encuentra en modo alguno precisado en la normativa convencional ni legal que confusamente analiza y sin debida fundamentación aplica a mi mandante (...). Este error gravísimo lleva al tribunal a provocar inevitablemente el desplazamiento real de las normas competentes y con ello (...) una gravedad institucional al incumplimiento de la República Argentina de las obligaciones asumidas también convencionalmente para respetar los procedimientos internos de la Iglesia católica”.

El Sol intentó comunicarse con la congregación que tiene su sede administrativa en Córdoba pero no obtuvo respuesta.

La experiencia en primera persona y un deseo de Justicia 

El denunciante accedió a hablar con este diario a través de su abogado, Carlos Lombardi, y señaló: “Espero que la Corte falle como lo hizo la Justicia en primera instancia y se dé a conocer que un Concordato no puede estar por encima del derecho de las personas a acceder a la información. Creo que, después de muchos años, todo esto está llegando a buen puerto”.

“Creo que lo que resolvió la Justicia es ejemplar y espero que se ordene el resarcimiento al daño causado por no haber conocido qué actuaciones hubo en mi caso”, expresó.

Ver también: Le ganó un juicio al Arzobispado: "No les importan las víctimas"

“Nunca supe que pasó con el sacerdote que denuncié, sé que lo trasladaron a Córdoba y después a Paraguay. Pero no me informaron si se lo sancionó. Tardé muchos años en llevar esto a la Justicia porque, cuando tenía 14 años y él 40, no advertí que estaba siendo víctima de un abuso y de una manipulación por parte de esta persona, agregó.

En tanto, su abogado, presentó hace algunos días un escrito frente a la admisión formal al recurso extraordinario que debe ser analizado en el contexto de los abusos sexuales eclesiásticos. 

"El fenómeno tiene un patrón común y similares características:

  • a) abusos sexuales a niños/as y jóvenes producto de la relación de poder y subordinación ejercida por los sacerdotes abusadores;
  • b) orden de las autoridades hacia las víctimas de guardar silencio por los abusos sufridos;
  • c) traslado y encubrimiento de los sacerdotes abusadores por parte de los obispos;
  • d) aplicación de las normas jurídicas canónicas que son violatorias de derechos humanos y garantías procesales;
  • e) investigaciones marcadas por el secreto dispuesto premeditadamente por las normas jurídicas canónicas internas;
  • f) denuncias que fueron ocultadas, que no fueron atendidas, ni tampoco informadas a las autoridades civiles;
  • g) privación alas víctimas de participar en los procedimientos canónicos;
  • h) juramento de silencio a las víctimas;
  • i) impunidad de la situación y trato vejatorio hacia las víctimas.

Desde la querella se solicitó que se falle en igual sentido que el del tribunal de alzada, cuando la Corte resuelva sobre este caso.

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