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27 de noviembre de 2020
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Opinión

Otra movida sobre Portezuelo y en el kirchnerismo local vuelven a rezar

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Fiel a su estilo, el gobierno de Rodolfo Suarez prefirió la cautela y tomó el camino de la interpretación positiva y paciente, más que nada, a la espera de que los hechos políticos y técnicos que se avecinan no tornen la obra un acontecimiento inviable, o bien que ingrese en un proceso burocrático eterno que la termine diluyendo en la nada misma.

La nueva resolución que se conoció ayer sobre la marcha del litigio con La Pampa por la construcción del dique Portezuelo del Viento en Malargüe se festejó en la gobernación de Sergio Ziliotto y puso en alerta al oficialismo mendocino, al ordenar a las provincias que conforman el Coirco –el comité que se ocupa de la gestión y administración de las aguas del río Colorado, del que es parte Mendoza– revisar los estudios de impacto ambiental que ya se hicieron aguas abajo de donde está proyectada la presa y sus consecuencias sobre el caudal del Colorado, llamar a audiencias públicas en los cinco territorios involucrados y la generación de un fondo especial de sustentabilidad para las posibles contingencias futuras que pudiese generar la presa.

“¡Qué manera de perder el tiempo sin ningún sentido!”, indicó, a través de un comunicado, el senador nacional y ex gobernador Julio Cobos, para quien no hay dudas de que se busca dilatar el proceso sobre la obra “más estudiada de la historia desde el punto de vista técnico, económico y ambiental”. Otro que se indignó con la resolución que ordenó distribuir el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, resultó ser el diputado nacional Omar De Marchi quien planteó dejar el Coirco como provincia porque, de permanecer dentro del comité, Portezuelo no se hará nunca. Tras cartón, tampoco mezquinó críticas al kirchnerismo al sostener que es “evidente que lo que busca es perjudicar a Mendoza”.

Víctor Ibañez, ministro de Gobierno de Suarez, fue el encargado de interpretar desde lo técnico la nota de Interior. Lo hizo desde un costado optimista y entusiasta, quizás demasiado, frente al cúmulo de miradas adversas de buena parte del arco oficialista. Pero, el ministro, según pudo saber este periodista, no se había reunido con el gobernador ni tampoco había profundizado en el análisis fino de lo resuelto por De Pedro en los contactos que mantuvieron de manera remota.

En el Gobierno mendocino quieren creer que lo dispuesto va en la línea de lo que ha venido proponiendo Suarez en el Coirco y que fue lo que las provincias restantes habían rechazado. Antes de que Mendoza le pidiera al presidente Alberto Fernández (y la Nación debiese oficiar de árbitro entre las provincias) que intercediera y, por medio de un laudo, resolviera si la obra se hace dentro del Coirco, La Pampa había conseguido el apoyo de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, con lo que la posición de Suarez había sido derrotada 4 a 1.

¿Y qué había propuesto el Gobierno mendocino? Un plan compartido con La Pampa para gestionar el primer llenado de la presa, lo que significaba darle la posibilidad a esa provincia de intervenir en la decisión de cuándo abrir y aumentar el paso del agua hacia el embalse y cuándo disminuir o cerrar en función de las urgencias, prioridades y necesidades hacia abajo. Además, un fondo de 5 millones de dólares aportados por Mendoza como garantía para cubrir posibles contingencias que perjudicaran a los pampeanos.

Al interpretar la nota de la Nación, el Gobierno provincial entiende que cuando la Nación ordena “la elaboración de los términos de referencia de un estudio de impacto ambiental regional que recoja los análisis realizados previamente por las universidades nacionales, (que) analice los efectos ambientales del desarrollo de la obra Portezuelo del Viento a lo largo de la cuenca del río Colorado”, está disponiendo lo que ya había ofrecido también la provincia: la revisión y posible ampliación de los informes sobre la base de cuatro estudios ya realizados por la UNCuyo y la UTN, primero, y los de las universidades del Litoral y La Plata, después.

También, se les pide a las provincias que llamen a audiencias públicas para que todos los ciudadanos de los territorios involucrados con las aguas del Colorado (el Grande es el principal afluente de ese río interprovincial) puedan participar con sus objeciones o apoyos.

Este punto –el de las audiencias públicas– puede que sea el que demore, no se sabe por cuánto tiempo, el proceso. En la intimidad y en reserva, lo que sí teme el entorno de Suarez es que, si, finalmente, todo gira hacia un nuevo estudio de impacto ambiental y si, peor aún, se llegara a realizar bajo las condiciones que ordena la Ley de Obras Hidráulicas, ahí es probable que se ingrese en un túnel desconocido, con muchas posibilidades de encontrar más malas noticias que buenas.

Por el momento, el Gobierno ha ratificado el proceso de licitación que está en marcha con el estudio del sobre 2 –el de la propuesta técnica– que podría concluirse entre diciembre de este año y enero del que viene. Luego se conocería la oferta económica del único grupo empresario que se presentó a la licitación, el que componen la china Sinohydro y las mendocinas Impsa, Ceosa y Obras Andinas.

Con los elementos que hay disponibles a la vista, resulta, en verdad, apresurado arriesgar una conclusión si todo apunta a bloquear definitivamente la construcción de la presa, como pretende La Pampa y como sospechan Cobos y De Marchi. Pero, si llegara a ocurrir que la revisión de los estudios de impacto ambiental, que ya están hechos, pasen por el cedazo de la temida Ley de Obras Hidráulicas, la que contiene un instructivo para impedir, literalmente, cualquier emprendimiento de una naturaleza similar a la de Portezuelo, colocará en un más que incómodo lugar político a una de las figuras del kirchnerismo nacional más importantes del momento: a la líder consumada del perokirchnerismo mendocino, Anabel Fernández Sagasti. La senadora ha emprendido, precisamente, un cuidado camino para volver a tener una chance más por conquistar la Gobernación, el objetivo inmediato más importante de todo el peronismo provincial.

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