La durísima discusión con Obras Sanitarias Mendoza sigue y, ahora, la empresa pretende desplazarla del rubro de la tarifa al de las inversiones. En una extensa nota que envió al Ministerio de Obras Públicas en enero, OSM rechazó el plan de obras que fijó el Gobierno a fines de diciembre y –contra la opinión del Ejecutivo– aseguró haber cumplido con las metas del contrato de concesión, que data de 1998.

   En este sentido, el Gobierno había establecido que la empresa debía hacer un gasto de casi 50 millones de pesos en obras, distribuidos en los dieciséis años que restan para la finalización del contrato. Por otro lado, OSM fijó su posición respecto del nuevo cuadro tarifario del agua, que autoriza la facturación, a partir de abril, de un aumento promedio de 19,7%.

   “La empresa estaría dispuesta a aceptar un aumento parcial y transitorio, mientras se avanza en un acuerdo total”, indicó OSM en la nota enviada al Gobierno. La oposición empresarial fue reforzada por el vocero de la firma del agua, Alejandro Coll. “Seguimos actuando dentro de una negociación”, aseguró, a pesar de que el gobernador Julio Cobos considera que la discusión con OSM ya está cerrada. POE. Lo que continúa en el centro del debate es el Plan de Operación y Expansión (POE) para el mejoramiento del servicio de agua, un ítem fundamental de la privatización de la empresa.

   El Gobierno dice que OSM no cumplió con los montos de inversión que establecía el POE a lo largo de los 25 años de la concesión. Este déficit fue fijado en 76 millones de pesos. En diciembre, el Ejecutivo descontó lo que le debe a la empresa por atrasos tarifarios y otra obligaciones y concluyó que OSM tiene que invertir algo más de 48 millones de pesos en obras para ponerse al día con el Estado.

   Pero la versión de la empresa es muy diferente. En el largo escrito que mandó al Ejecutivo en enero, OSM desconoce esta deuda de obras.“No lo dicen concretamente, pero eso se desprende de la nota, en la que consideran que han cumplido con las metas”, explicó la subsecretaria de Servicios Públicos, Patricia Gutiérrez. La discusión por el POE no sólo afecta la renegociación del contrato, sino que también motivó una denuncia ante la Justicia provincial por parte de las autoridades de
OSM.

PROCESO. Tras recibir la nota, el Gobierno decidió ignorar los planteos de OSM y el viernes dio un nuevo paso: envió el expediente de la renegociación del contrato al Ente de Agua y Saneamiento (EPAS), que deberá ordenar y darle continuidad al proceso (ver aparte).

   La carpeta con la nota de queja de OSM también fue enviada al ente de control del agua. Pero desde el Poder Ejecutivo aclararon que a esta altura no es posible modificar la oferta oficial, más allá de que la propuesta todavía tiene que pasar el filtro de la Legislatura provincial. “Desde el momento en que el gobernador lo anunció, el 29 diciembre, el aumento de la tarifa quedó en firme”, aseguró la subsecretaria Gutiérrez.