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11 de julio de 2007
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CONFLICTOS EN PERÚ

Ordenan a militares mantener la paz

El gobierno de Alan García ordenó a las Fuerzas Armadas utilizar los recursos necesarios para impedir la toma de edificios públicos

           El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Jorge del Castillo, afirmó ayer que las Fuerzas Armadas usarán los recursos necesarios, de acuerdo al reglamento, para impedir la toma de locales públicos durante las protestas sociales y sindicales. “Un viejo dicho dice: ‘Guerra avisada no mata gente’, así que están prevenidos. De ninguna manera el Gobierno va a aceptar que gente con ideologías extrañas a Perú o enemiga del avance y el progreso pretenda impedir el desarrollo normal de las actividades”, aseguró Del Castillo, citado por la agencia DPA.


          El Gobierno dispuso que a partir de hoy y por el plazo de treinta días, las Fuerzas Armadas intervengan en el país para apoyar la labor de la policía en el mantenimiento del orden público ante nuevas jornadas de protestas anunciadas a partir de hoy. A través de un decreto supremo se ordenó que las instituciones castrenses ayuden a garantizar el funcionamiento de las entidades públicas, los servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos en el país.


       Durante la intervención de los militares en el control del orden público no habrá restricción ni se suspenderán los derechos fundamentales contemplados en la Constitución y las leyes, indica el decreto. El jefe del equipo ministerial explicó que los militares no manejarán los conflictos de la calle, sino que se encargarán de custodiar instalaciones como puertos, aeropuertos, centrales eléctricas y, eventualmente, algunos puentes estratégicos. “Si quieren protestar, ahí están las calles, no se les niegan los permisos. La policía canaliza las movilizaciones, en eso no hay inconvenientes.


        Lo que ellos no pueden hacer es violentar las cosas, golpear a la gente y, además, tomar locales públicos. Eso de ninguna manera”, indicó Del Castillo. La medida gubernamental se dictó en medio de la huelga indefinida que acatan desde la semana pasada los maestros del sector estatal, quienes bloquean vías en diversas zonas del país y causan desórdenes durante sus protestas en rechazo a la Ley de Carrera Pública Magisterial. En tanto, los productores de la hoja de coca del Valle del Río Apurímac y Ene, que abarca las regiones de Junín, Cusco y Ayacucho, iniciaron el lunes una huelga en rechazo al plan de desarrollo y seguridad que el Gobierno pretende implementar en la zona.


         La tensión social en el país podría agudizarse desde hoy debido a que la Confederación General de Trabajadores del Perú y otros gremios sindicales convocaron a una jornada nacional de lucha de 48 horas para exigir a Alan García el cumplimiento de sus promesas electorales. El presidente en declaraciones a la prensa, muy enojado, calificó ayer de locos y suicidas a los impulsores de las protestas pero insistió en que se trata de pequeños grupos “que están perdiendo sus privilegios” y que no hay una convulsión social en el país. Desde la oposición política, por el contrario, afirman que se vive en Perú una peligrosa crisis social y le exigen soluciones económicas a García.

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