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27 de julio de 2021
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Opinión

YPF y Mendoza, con la sensibilidad a flor de piel

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El negocio de YPF sólo está puesto en la venta de las naftas, suelen mascullar con sorna, también algo de desprecio y a coro, determinados y precisos funcionarios del Gobierno mendocino. Hace varios años que la petrolera ha dejado de tener a Mendoza como destino importante de sus inversiones, direccionadas, en su gran mayoría, hacia la formación de Vaca Muerta, que encuentra en la provincia de Neuquén su más preciado tesoro, compuesto por reservas hidrocarburíferas, en particular de gas, de las más importantes del mundo. Sólo en gas, se cree, que Argentina podría garantizar su abastecimiento por los próximos 180 o 190 años. Mendoza, Río Negro y La Pampa comparten una porción de esa riqueza estratégica, pero YPF, principal inversor y operador del área, poco y nada ha invertido en esos territorios comparado con el desarrollo neuquino, y en Mendoza es habitual que, cada tanto y en épocas de fuertes crisis económicas, como la actual, se señalen las diferencias entre una y otra. Y en más de una oportunidad se ha tomado con pinzas las promesas de inversión que se renuevan, también, de tanto en tanto.

Por eso, a muchos sorprendió el anuncio de una inversión equivalente a la prevista para Portezuelo del Viento, de casi 1.000 millones de dólares, que tiene pensado realizar YPF en la lengua mendocina de Vaca Muerta, en Malargüe.

Desde que arrancó el gobierno de Suarez, su gestión tomó el compromiso de apuntar todo el peso del Estado a la generación de empleo genuino. Y una de las apuestas fue acordar con YPF y limar las diferencias que se fueron acumulando por la lentitud de la petrolera al momento de efectivizar sus inversiones en la provincia. Es más, cuando se anunciaron mejoras en la refinería de Luján, por montos varias veces millonarios, el Gobierno acompañó y festejó, aunque las declaraciones oficiales apuntaron también a buscarles otros destinos a los recursos, como, por ejemplo, a la reactivación de pozos que la petrolera tiene casi paralizados por un número cercano a los 180 en las áreas que controla dentro de Vaca Muerta y fuera de ella, en los convencionales. Ese plan, que comenzó a ver la luz a mediados del año pasado, el Petróleo Activa, fue hecho casi a la medida de la problemática que engloba la petrolera estatal: la sola reactivación de tal cantidad de pozos podría significar, según la previsión que hicieron en el Gobierno, la recuperación de unos 1.500 puestos de trabajo que se perdieron, sobre todo, con la llegada de la pandemia de coronavirus, a comienzos del 2020, pero que, en verdad, configuraron el resultado de una situación que había arrancado mucho antes, cuando la compañía fue tentada a realizar su apuesta más fuerte en Neuquén.

Los roces entre el Gobierno y la petrolera, que de todas maneras nadie dramatiza ni que tampoco hacen provocar una crisis de nervios incontrolable que haga estallar por los aires la relación, se han acentuado, al no ser cumplidas las expectativas de inversión ni tampoco algunas comprometidas ciertamente y que tienen una antigüedad de varios años, de entre 12 y 15 a esta parte. Ayer mismo, cuando YPF y la provincia manifestaron que la empresa llevará adelante “una inversión histórica”, como así fue descripta oficialmente, se hizo un repaso de ciertos y precisos compromisos no cumplidos por YPF y que surgieron luego de que la Provincia les prorrogara las áreas que se vencían al promediar la primera década del nuevo siglo.

Por caso, ayer se volvió a ventilar un reclamo de vieja data por parte de la Provincia que la empresa negó sistemáticamente: una inversión de más 600 millones de pesos que se originó por el Plan Gas y que consistió en un esquema de incentivos a la producción vía subsidios y subastas puesta en marcha por Cristina Fernández de Kirchner y que retomó la administración de Alberto Fernández.

El otro aspecto planteado, en medio de las alegrías mutuas por las inversiones anunciadas y prometidas, se remonta a los años en los que la administración de Celso Jaque (2007-2011) incorporó en las licitaciones de áreas que llevó adelante y también como mecanismo de negociación con las petroleras que pedían beneficios, el aporte de 2 por ciento de sus inversiones anuales a un fondo específico para la construcción de escuelas. Por ese concepto, a YPF se le está reclamando alrededor de 7,5 millones de dólares.

Ni aquellos pagos adeudados por 600 millones de pesos surgidos del Plan Gas ni los 7,5 millones de dólares no aportados al fondo escolar fueron judicializados por la Provincia, aunque la Fiscalía de Estado intervino en varias oportunidades, como resultado de los pedidos de análisis realizados desde el Ejecutivo, tanto del actual como el de Alfredo Cornejo.

Y, como siempre sucede cada vez que las partes, gobierno y empresa, negocian o les buscan solución a cuentas del pasado, ambas reclaman, exigen o piden, como sucedió ayer cuando YPF solicitó que se extienda por 10 años las concesiones de las áreas Chihuido de la Salina, Chihuido de la Salina Sur y Paso de las Bardas Blancas. A cambio, prometió, una vez más, invertir unos 25 millones de dólares.

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