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14 de agosto de 2022
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Opinión

Urgencia y futuro

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El 19 de julio pasado recibimos una buena noticia. El Presidente de la Nación junto a la Directora Ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, anunciaron la decisión de extender la prórroga de moratoria jubilatoria. Prórroga que beneficiará a más de 120.000 mujeres, quienes sin esta medida hubieran quedado sin la posibilidad de acceder al beneficio previsional debiendo esperar hasta cumplir 65 años para poder ingresar al sistema de la Prestación Universal para Adultos Mayores (PUAM), la cual equivale al 80% de una jubilación mínima.

Esta última prestación, que no es una jubilación, fue instaurada por el gobierno de Mauricio Macri, cuando resolvió que la moratoria quedaría vigente solo para trabajadoras mujeres, estableciendo aquella prestación universal para adultos mayores para los trabajadores.

Esta moratoria, vigente desde el año 2014, nació como parte de un conjunto de políticas integrales e inclusivas que permitió desde el año 2005 que más de 3,5 millones de argentinos y argentinas que, habiendo llegado a la edad para poder jubilarse, no alcanzaban los 30 años de aporte.

Tal como indican diversos estudios, actualmente más de 1,5 millones de personas en edad jubilatoria no cuentan con los 30 años de aportes que exige la ley. De esta manera, sólo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones en edad jubilatoria están actualmente en condiciones de jubilarse, por lo que el resto requerirá de una moratoria o de un sistema que les permita completar aportes para acceder a este derecho.

Esta muy buena noticia, sin embargo, ha generado que resurjan afirmaciones que no son ciertas y que buscan confundir. Algunos afirman que se van a jubilar personas que no han trabajado nunca o que las moratorias desfinancian el sistema previsional, para estos argumentos falaces bien valen algunas aclaraciones:

Que una persona no logre reunir 30 años de aportes al sistema de ninguna manera significa que no haya trabajado. No debemos perder de vista que las personas que entre este y el próximo año cumplen 65 años de edad, debieron sortear durante su vida activa situaciones tales como el desempleo creciente de los años 90, donde la informalidad laboral creció exponencialmente, hasta llegar a los gravísimos índices del gobierno de Fernando de la Rúa, que dejó un porcentaje cercano al 25% de desocupación y más del 50% de trabajo no registrado. La falta de registración del empleo es una realidad que, en menor medida, aún representa un grave conflicto que debe tener al Estado comprometido para superarlo.

Estos porcentajes no son números, son hombres y mujeres de nuestra patria que requieren que el Estado les garantice como adultos mayores sus derechos básicos para subsistir y es con ese fin que se proponen como instrumentos las moratorias para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos.

Así entonces, la nueva prórroga de la moratoria vigente resuelve la urgencia e interpela a la Cámara de Diputados a avanzar en el proyecto que llegó con media sanción desde el Senado y que otorga respuestas eficaces a problemas futuros.

El proyecto aprobado en el Senado, de autoría de la senadora Anabel Fernández Sagasti, prevé dos herramientas de solución al problema que enfrentan la mayoría de las personas con insuficiencia de aportes realizados.

El proyecto de ley se denomina de Pago de Deudas Previsionales y contempla la posibilidad que tanto varones como mujeres en edad jubilatoria, 60 y 65 años respectivamente, pero que no hayan alcanzado los 30 años de aportes, puedan hacerlo abonando mensualmente valores denominados “Unidad de Pago”, equivalente a un valor del 29 por ciento de la base mínima imponible de la remuneración, incluyendo periodos anteriores al año 2008 inclusive. Pero además, y aquí lo novedoso del proyecto, es que otorga la posibilidad de que aquellos trabajadores activos, en los 10 años previos a la edad jubilatoria, puedan acceder al pago de Unidad de Cancelación de Aportes debidos con anterioridad al 31 de marzo del año 2012 y así reducir la deuda previsional que pueda poseer.

Cuál será la discusión con la que pretenderá la oposición negarse a aprobar este proyecto, la otra de aquellas falsas afirmaciones mencionadas, dirán que este tipo de políticas justas y reparadoras desfinancian el sistema.

Al respecto, dos respuestas: la primera es que el sistema previsional se financia no sólo de los aportes de las y los trabajadores registrados, sino también de otros impuestos principalmente del IVA, que se eroga en cada consumo que realizamos. Si pensamos en que la franja etaria que dedica casi la totalidad de sus ingresos al consumo son los y las jubiladas, la respuesta se conforma sola.

Pero además, la oportunidad de adquirir unidades precancelables sin dudas fortalecerá el sistema con ingresos de aportes adeudados realizados por trabajadores y trabajadoras activas.

Resulta muy difícil debatir de forma lógica y profunda con aquellos que, por un lado, exigen flexibilización de los derechos laborales, exponiendo como prescindibles, entre otros, a los aportes jubilatorios. Y al mismo tiempo que se niegan a acompañar herramientas para contener dentro del sistema previsional a personas trabajadoras que no lograron completar sus aportes.

Es fundamental llamarnos a la reflexión acerca de qué destino queremos para los recursos del Estado: si se emplean para mejorar la vida de la mayor cantidad de argentinos y argentinas o si apostaremos por la desigualdad, la concentración y la especulación de algunos pocos. Ese es el gran debate que las distintas fuerzas políticas nos debemos.

Mientras esto sucede, bienvenida sea la moratoria y estarán todos nuestros esfuerzos dirigidos a construir los consensos que nos permitan aprobar un proyecto que promete eficacia al mismo tiempo que la reparación de quienes no alcanzaron sus aportes, reconociendo en ellos la fuerza trabajadora de nuestra Nación.

(*) La autora es diputada nacional por Mendoza (Frente de Todos)

 

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