Mientras Alberto Fernández lamentaba, desde El Paramillo, en Lavalle, que Rodolfo Suarez no lo estuviera acompañando en la puesta en marcha de la ampliación del establecimiento depurador; mientras enumeraba una serie de obras en Mendoza, bajo el control y dominio nacionales y por un monto cercano a los 96 mil millones de pesos de acuerdo con sus cuentas, el área de comunicación de la gestión mendocina distribuía un parte de prensa por el que desmentía algunas de las afirmaciones del presidente y corregía otras, con cierta sutileza. Allí, en ese informe para medios, se puso especial foco y atención a los años en los que, tanto esa obra de Lavalle, como la del penal federal en Cacheuta –también recorrida ayer por el jefe de Estado nacional–, fueron reiniciadas y retomadas, sin nombrarlo, durante el gobierno de Cambiemos, luego de haber permanecido sin actividad o con demoras notables. Y por si hiciera falta algo más, el comunicado le adosaba a todo este nuevo culebrón entre nación y provincia reavivado tras ese laudo negativo a Mendoza por Portezuelo, que ambas obras fueron terminadas por el gobierno de Mendoza y con aportes e inversiones surgidas de la administración local.

Sobre el complejo penitenciario federal, Fernández eligió hablar del 2011 como el año en el que se iniciaron las obras, en el mismo lugar en donde se levanta Almafuerte, la cárcel provincial. Pero evitó describir lo que ocurrió a lo largo de esa década hasta estos tiempos. La obra fue paralizada porque uno de los constructores quedó envuelto en la famosa “causa de los cuadernos” por la que se está investigando el grado de participación de un buen número de empresarios beneficiados con licitaciones y contratos nacionales a cambio de pagarle coimas a los funcionarios del kirchnerismo. Y sin mencionar este costado de la historia en la construcción del penal federal, la provincia afirmó, mientras hablaba Fernández en Lavalle, que era “importante recordar que en el 2018 ya se había habilitado el sector de hombres, con capacidad de 760 plazas y una superficie cubierta de más de 23 mil metros cuadrados. Ahora –agrega el parte– quedaron habilitados el nuevo ingreso principal, el área de preegreso, con 32 plazas para los condenados que están por cumplir su pena, el casino de penitenciarios, el área de servicios generales, estacionamiento, edificios administrativos, el comando central de seguridad y el pabellón de mujeres con 112 plazas”.

Y un punto especial, nada menor, según el comunicado del gobierno de Suarez: “Después de un año de paralización por la pandemia”, dice, asevera que fue “el gobierno provincial” el que “pudo hacer frente a las vicisitudes y concluir con las tareas de construcción del sector de mujeres donde se concretaron los trabajos de terminaciones internas relacionadas con los dispositivos de seguridad”.

Y más adelante, el parte del gobierno, siempre poniendo en foco la presencia del ministro de Infraestructura de la provincia, Mario Isgró, se ocupa de la obra de saneamiento ubicada en El Paramillo. Y es donde se remarcan las fechas, como hitos trascendentes de una obra que Fernández, ayer, atribuyó en su totalidad a la nación y a su gobierno de tres años, exclusivamente. El documento destaca dos aspectos, centrales: que los fondos de la planta provinieron del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que comenzó en el 2017, no “hace tres años” como dijo el presidente.

Según el gobierno mendocino, “la mayor inversión de las últimas décadas en materia de agua y saneamiento (…) comenzó en el 2017 y tuvo un presupuesto oficial de 45 millones de dólares”. También recuerda que fue en “mayo del 2017” cuando la provincia firmó el convenio con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) para comenzar, afirma, el proceso administrativo de estas tareas. Y que fue en ese momento, asevera, que el Estado nacional ya contaba con el préstamo del BID para el “Programa de Agua Potable y Saneamiento para Centros Urbanos y Suburbanos (PAyS).

Más adelante en el comunicado, el gobierno de Suarez enumera una serie de obras complementarias a las del complejo depurador El Paramillo y otras a ser realizadas en distintos puntos de la provincia como en Guaymallén, Las Heras, Godoy Cruz y Capital; en San Carlos, Tunuyán y en San Martín con un “aporte presupuestario, por parte de la provincia” de 40 millones de dólares. Y no deja pasar la oportunidad para aclarar que tales fondos corresponden a las primeras inversiones establecidas por una autorización legislativa del 2010, para el plan estratégico de obras y mejoramiento operativo de agua potable y saneamiento de Mendoza, que el gobierno –destaca– logró recuperar en el 2016 porque inicialmente se habían utilizado esos fondos para gastos corrientes y no para obras”.

Desde lo puramente político, fue evidente que el presidente intentó sacarle el mayor rédito posible al desplante del gobernador y en eso se concentró cuando dijo que lamentaba su ausencia y que no estaba en ese lugar en tren de campaña, sino más que nada como una demostración del país federal en el que dice creer. Pero también fue una manera, la excusa ideal, para esquivar o para no hablar, ni pensar siquiera en todo lo que tenía por delante mientras hablaba: un acto esquelético, desprovisto de invitados, unas pocas sillas dispuestas en el medio de la nada misma, todo expuesto por las imágenes aéreas que distribuyó la señal oficial. Al presidente no lo acompañó el gobernador en ésta, su tercera visita a la provincia. Pero tampoco el kirchnerismo. La Cámpora, que suele llenar de banderas, globos y militantes los actos oficiales de Cristina Fernández de Kirchner, este miércoles, deliberadamente, no asistió y tampoco se preocupó en aclarar o de explicar el faltazo. Un presidente que ha comenzado a transitar sus últimos meses de gobierno vapuleado por la oposición, desgastado y rechazado, fuertemente, por el ala más religiosa, fanatizada y sectaria que hoy tiene el peronismo. Un malquerido en todo sentido.