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18 de mayo de 2022
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Opinión

Todo tiene un límite

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El acuerdo político entre oficialistas y opositores que declaró por ley la emergencia en anestesiología en toda la provincia, y que se alcanzó este martes en una doble jornada de sesión legislativa –en el Senado primero y en Diputados después– remite a los mejores momentos de acuerdos políticos llamados a convertirse en hitos por su aparición extraordinaria, producto de un momento límite en la prestación de un servicio básico y esencial para la sociedad.

En 1998, la Provincia sufría una rebelión de agentes del Estado o que le prestaban servicios a este, pero, en vez de tratarse de la salud, como ahora, afectó a la seguridad. La revuelta policial de octubre de aquel año, que dejó por varios días sin seguridad pública a buena parte de la provincia, en especial al Gran Mendoza, donde miles de agentes policiales se declararon en huelga sin cumplir con sus obligaciones en reclamo por mejoras salariales, culminaría en un acuerdo político de los tres partidos mayoritarios con representación legislativa: el Partido Justicialista, que gobernaba; la Unión Cívica Radical y el Partido Demócrata.

Convocadas por el gobernador Arturo Lafalla, las fuerzas políticas acordarían una ley de reforma de todo el sistema de seguridad de la provincia, modificarían también algunos aspectos centrales de la estructura sobre la que se organizaba la Policía y ordenarían una purga inédita, desplazando a casi dos centenares de jefes y oficiales que portaban algunos vestigios de la considerada “vieja policía” o “policía maldita”, que había asolado con su estela de terror en los tiempos de la dictadura.

Y si se continúa con algunos paralelismos entre uno y otro acuerdo, no vendría mal recordarle a la misma dirigencia que el de 1998 mantuvo cierta impronta a lo largo del tiempo; pero, a un año de haber sido firmado, el nuevo gobierno que llegaría a fines de 1999 dejaría de lado buena parte de lo acordado. Por eso, es necesario advertir sobre la firmeza del pacto político, más allá de que haya alumbrado una ley, en el hecho de que es preciso que las pautas fijadas se mantengan en el tiempo hasta resolver el conflicto; porque, de lo contrario, este paso dado por las dos fuerzas políticas protagonistas absolutas de la llamada institucionalidad mendocina que hoy se festeja podría derrumbarse y quedar convertido en la nada misma. Se verá, por supuesto, cómo sigue hacia delante.

La ley de emergencia puede que ordene la coyuntura y resuelva esa grave situación planteada por la falta de atención para, cuando menos, unos 1.200 pacientes que aguardan para ser intervenidos quirúrgicamente en el hospital público. También debería extender sus efectos al sector privado, ámbito al que los anestesiólogos en rebeldía anunciaron que afectarían con sus medidas de acción directa. Pero, hacia delante, tendría que transformarse en un camino de solución definitiva para un problema, el provocado por el accionar de los anestesiólogos, que está presente en casi todo el país y que en Mendoza resurge de tanto en tanto porque es de larga data.

En los años de gobierno de Celso Jaque, entre el 2007 y el 2011, el conflicto con los anestesiólogos se concentraba en la falta de incentivos para prestar servicios en las zonas alejadas de los centros urbanos. Y, en el 2012, con Francisco Pérez al frente de la administración, comenzaba a esbozarse una norma para encauzar un conflicto que empezaba a preocupar. Los anestesiólogos, nucleados en la Asociación Mendocina de Anestesiología (AMA), lograban lo que ninguna de las otras especialidades podía alcanzar: poder de fuego y una cerrada línea de pensamiento interno, sólido, sin fisuras. Algo de todo eso también habían conquistado en el resto del país, en provincias que comenzaban a contar, como Mendoza, con los mismos problemas planteados por un actuar uniforme. Por aquel tiempo, la AMA decidiría no prestarle servicio al PAMI, porque la obra social de los jubilados se negaba a cerrar un acuerdo directo con la asociación de profesionales que representaba a los anestesiólogos. El PAMI firmaba contratos con las clínicas, como ahora, y estaba al día con los pagos a las clínicas, pero los anestesiólogos planteaban quejas por el monto que se les abonaba por su prestación, como ahora. En medio del conflicto y con un proyecto de ley presentado para declarar la emergencia, el por entonces diputado peronista Luis Francisco, presidente de la Comisión de Salud, apoyando la emergencia, diría al diario Los Andes: “Creo que hay que poner el cascabel al gato porque no puede ser que pidan a los afiliados de OSEP o PAMI el pago de honorarios”.

Fue el gobierno de Pérez el que más avanzó para intentar cortarles los caminos a los planteos de la AMA; los que ponían en riesgo la buena prestación de todo el sistema de salud. En el 2014, el ministro de aquella gestión, el médico deportólogo Matías Roby, los enfrentaría de lleno. Planteando la necesidad de una declaración de emergencia como la que se consiguió este martes, Roby los acusaba de “extorsionadores” y, al gremio de los profesionales médicos que los apoyaba, Ampros, de “malandras” y “vagos”.

No sólo Mendoza ha tenido que lidiar con conflictos de esta naturaleza, como está dicho. En enero, el gobierno de Mariano Arcioni, en Chubut, prorrogó por medio de un DNU la emergencia en anestesiología para todo el sistema público de salud, como se viene haciendo desde varios años a esta parte.

En mayo del 2014, la Legislatura catamarqueña sancionaría una ley declarando la emergencia para todas las especialidades críticas, como Anestesiología y Terapia Intensiva para adultos y para niños, y calificaba a todo este servicio público como “esencial”.

Y en febrero del 2007, en la CABA, cuando Mauricio Macri arrancaba su primera jefatura al frente de la Ciudad, debió impulsar una ley de emergencia similar a la de Mendoza para “sanear la situación crítica que atraviesa la prestación de la especialidad”, por la anestesiología.

La ley de emergencia aprobada ayer no soluciona el problema salarial, por lejos el más trascendente de todos los reclamos, quizás el único, esgrimido por los profesionales. Pero da un marco político adecuado para que el Gobierno negocie con los médicos desde un lugar distinto del que tenía hasta ahora. Y la mesa de diálogo que se inaugura, debería ser el ámbito para que, en un contexto de lucidez y razonabilidad, todos se pongan de acuerdo. En especial, para que nadie pueda levantar, como recordatorio contra los médicos, una de las cláusulas de su famoso y prestigioso juramento: “NO PERMITIR que consideraciones de edad, enfermedades o incapacidad credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interpongan entre mis deberes y mis pacientes”.

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