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14 de mayo de 2021
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Opinión

Tensiones, presiones y posibles errores fatales

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El gobierno de Rodolfo Suarez finalmente decidió jugar una de las cartas que conservaba sin uso, todavía –ante las presiones de cierres y de más control– para evitar la circulación de las personas que está recibiendo de varios sectores. Presiones, básicamente, de la oposición, sin dudas, la que ha contado con el intendente más fuerte y gravitante de las filas peronistas, Emir Félix, de San Rafael, al frente de los reclamos. Pero, también, reclamos que han surgido de algunos intendentes propios del Gran Mendoza, quienes han creído ver la necesidad de hacer concesiones a los sectores más afectados por el avance de la pandemia, por la segunda ola y por la confirmación de la existencia de las variantes más peligrosas del virus en buena parte de la provincia.

La carta, ya en uso, no ha sido otra que la extensión de la restricción –por número de DNI para las salidas– de compras a todos los días de la semana, tal como funcionó en el 2020, con la llegada de la pandemia. La medida rige desde el fin de semana y será, como todas las anunciadas anteriormente, por tiempo indeterminado.

Al Gobierno le queda ampliar el rango horario en el cual no se permite la circulación de la gente –hoy entre las 23.30 y las 5.30– en caso de que la situación sanitaria llegara a niveles más graves de los que hay por estas horas; y hasta llegar a prohibir el movimiento de todas las personas en general, con la excepción de quienes cumplen actividades esenciales, más la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles educativos; un tema que se ha transformado en el motivo de disputa política más fuerte en el país y en la provincia entre el oficialismo y la oposición. Pero Suarez ha descartado, por el momento, avanzar en más cerrojos y afectaciones a la libertad de las personas que la medida del DNI extendida que rige desde hoy en adelante.

Así como se ha asumido, en un convencimiento casi generalizado, que la pandemia vino a salvar paradójicamente a muchos gobiernos en la Argentina, desde el nacional que encabeza Alberto Fernández como el de muchas provincias, también crece la amenaza, en forma de advertencia, que si se falla en el manejo de las herramientas que permiten gestionar la situación de emergencia que se padece, la misma pandemia y sus efectos pueden llegar a hundir a todas estas administraciones.

Está claro que el gobernador, para el caso de Mendoza, se ha plantado en mantener como pueda y por el mayor tiempo posible en funcionamiento y en pie las actividades económicas de la provincia, evitando para ello afectarlas apartándose de las prohibiciones extremas, los cierres y los confinamientos como los que se aplicaron en buena parte del 2020.

Sin embargo, una incógnita va creciendo en grado de importancia: ¿por cuánto tiempo resistirá esos embates antes de que se tomen y anuncien medidas más restrictivas? Y, en caso de que se avance en el sentido de los mayores cierres, ¿cuánto tiempo pasará para que las voces en contra se hagan escuchar con más fuerza, como siempre pasa, en una tensión de ida y vuelta que parece no contar con un freno ni con un límite al menos a la vista?

Se descarta que el Gobierno se esté moviendo y decidiendo en función de las evidencias y de los datos con que cuenta, los que surgen de la realidad, comprobados y oficiales, y no por meros impulsos o por presiones que tienen mucho que ver con estados de ánimo y con posiciones que se van asumiendo en función de intereses particulares, políticos y sectoriales que, evidentemente, han surgido.

Las clases para todos los niveles, sin ir más lejos, que han sido tomadas como el botín político a conquistar por buena parte de la clase política del momento, ayer volvieron a ser ratificadas por Suarez, tomando como un argumento clave el número de contagios de virus que surge de todo el movimiento educativo.

Los casos, dice el Gobierno, sostenido en los números que surgen de otras jurisdicciones como las de Córdoba, Santa Fe y CABA, son similares, incluso, a los de las provincias o regiones en donde la presencialidad está suspendida, con lo que se descuenta que la provincia continuará sin cambios en materia educativa, pese a los reclamos que surgieron con fuerza desde San Rafael y, particularmente, desde los sindicatos docentes que no han dejado de impulsar el cierre de los establecimientos como una de las formas de mantener activa y viva la militancia en su favor.

El dilema del Gobierno, como de todos en verdad, es el temor a equivocar el camino de todo lo que está relacionado con la pandemia; es decir, de todo lo que hoy involucra la vida de los ciudadanos. Suarez consiguió un nivel de credibilidad y confianza en el Gobierno aceptable con la gestión que hizo de la crisis sanitaria generada por el Covid. Lo logró por los aciertos del año pasado.

Para lo que tenemos enfrente o para lo que se transita, el gobernador tiene que volver a configurar el tablero de comando. Los errores que puede cometer –ese es el riesgo al que se enfrenta–, lo conducirían a los devaneos, probablemente, que ha tenido con otras políticas que serían la columna vertebral de su gobierno sin pandemia, tales como la ampliación de la matriz económica y la reforma de la Constitución. También se podría sumar aquel intento por cambiar o modificar el rumbo de la educación hacia estatus más eficientes y modernos que están incluidos en el proyecto de nueva ley de educación que no ha logrado afirmar.

De ahí que la pandemia ha sido para este gobierno una tabla de salvación a la que ha podido subirse; es cierto e indubitable. Pero también puede que sea insuficiente para todo el peso que pueden significar las posibles equivocaciones en las que pueda incurrir.

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