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10 de junio de 2021
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Opinión

Superpoderes y el renacer autoritario de la pandemia

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Ni siquiera una ley alcanzaría para avasallar la facultad constitucional que tiene la provincia para definir sus propios criterios, de acuerdo con su situación y circunstancias particulares, que le permitan administrar el servicio de salud pública y, por añadidura, el de la educación, más otros generales que se puedan desprender. El principio, de corte republicano y federal estrictamente, además de ratificar el carácter autónomo de las jurisdicciones subnacionales, fue confirmado recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando falló a favor del derecho de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a decidir por sí misma si mantener abiertas las escuelas o cerrarlas en virtud del mayor o menor impacto de la pandemia de coronavirus en su territorio.

La aseveración toma sentido por lo que en este momento discute el parlamento nacional, a iniciativa del oficialismo y con el apoyo de sus aliados, para que se permita establecer por ley criterios objetivos que le darían al presidente de la Nación la potestad de cerrar o de abrir provincias enteras, partes de ellas, ciudades, distritos, regiones o cualquier aglomerado nacional que se encuadrara en lo que se considera el mayor riesgo de atención por la pandemia de coronavirus: el estado de alerta o alarma epidemiológico y sanitario.

En las últimas horas, el Frente de Todos se vio obligado a postergar por unos días, quizás hasta la próxima sesión de Diputados, su intento por darle sanción definitiva a la ley pandemia o, mejor dicho, de superpoderes, que ya votó favorablemente en el Senado a fines del mes de mayo. Al kirchnerismo le está costando mucho más de lo que se imaginaba avanzar en la sanción de una norma que por el momento es acompañada por algunos de sus socios menores, pero significativos al momento de alcanzar el número mágico de los 129 diputados que le permitirán habilitar la discusión del proyecto y, eventualmente, su sanción. Entre quienes acompañan al oficialismo nacional en una iniciativa de neto corte kirchnerista, aparece con claridad el mendocino José Luis Ramón y los integrantes de su bloque federal. “En una época de pandemia, tan extraordinaria como la actual, quien debe decidir qué hacer y qué no es claramente una sola persona: el presidente de la Nación”, viene diciendo palabras más o menos el diputado nacional mendocino. Sin embargo, algunos apoyos que el gobierno estaba negociando y que consideraba de su lado, en las últimas horas se habrían modificado o cambiado de parecer. En esa lista se encuentran los legisladores cordobeses que han visto cómo se ha señalado críticamente a su provincia y al gobierno de Juan Schiaretti por fijar algunos criterios diferentes a los aconsejados por la Nación en cuanto a aperturas y cierres del movimiento de la población y, por ende, del motor que mueve la economía, desde ya.

En Mendoza esperan sin demasiada inquietud, ni siquiera algo de alteración, el desenlace de la ley que se discute en Diputados. “Cuando llegue el momento, veremos qué dice y qué hacer”, sostuvo un funcionario de confianza del gobernador Rodolfo Suarez. Pero, el propio Suarez parece descansar en el criterio que ha dejado claro la Corte nacional. Si bien el fallo ha tenido que ver con una demanda específica de la CABA, a la que el Gobierno nacional le quería imponer el cierre de las escuelas y el dictado de clases sólo por medio de la virtualidad, fallando en su favor y en contra del Ejecutivo, todos están interpretando que hubo allí un aval general a todas las jurisdicciones. “Ni un DNU ni una ley pueden ir en contra de las facultades provinciales en este sentido”, resume el gobernador ante sus más cercanos.

Pero hay, además, otro factor que por el momento hace jugar Mendoza en cuanto a los criterios que se están discutiendo: los casos de contagio se están moviendo por debajo de lo que estableció el proyecto hacia fines de mayo cuando se sancionó en el Senado, incluso con todas las aperturas que no rigen en otras regiones, como en el AMBA, precisamente.

La puja por la modalidad del dictado de clases que el Ejecutivo nacional entabló con el Gobierno de la CABA fue lo que terminó disparando la iniciativa del oficialismo para establecer criterios por ley y ordenar desde el Ejecutivo los caminos a seguir. Más tarde se sumarían a las críticas del Gobierno nacional, además de la CABA, la situación en Mendoza, en Santa Fe y en Córdoba. Ahora, Mendoza parece haber salido de los objetivos a alcanzar con munición política gruesa por parte del Ejecutivo, debido a la situación de contagios que muestran, por ahora, estar transitando por una meseta alta, aunque controlada. Pero, en la política nacional nada es definitivo.

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