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5 de mayo de 2022
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Opinión

Subsidios al transporte, otro caso de verdades afiladas

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Un usuario mendocino del transporte público de pasajeros paga por el boleto en el Gran Mendoza 35 pesos. Se trata de la denominada tarifa de “arranque” o mínima, como es conocida en esta provincia. En el resto del país, en promedio, esa tarifa oscila entre los 24 pesos y los 80. Pero, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que abarca la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y todo lo que se conoce como el conurbano bonaerense, por el mismo pasaje, el mínimo, inicial o de arranque, el usuario del sistema paga 18 pesos. Son los beneficios por pertenecer, por haber caído a vivir en suerte o, según como se lo vea, en las adyacencias del puerto y por formar parte del mayor conglomerado de ciudadanos concentrados de todo el país. Todos ellos casi conforman el 36 por ciento de los votantes de la nación, y una inmensa mayoría navega entre la pobreza y la indigencia, así como que son los que reciben la mayor cantidad de recursos destinados a planes de asistencia social que distribuye el Presupuesto nacional, financiados por todos los argentinos, incluso los que no pagan esas tarifas de transporte –sino mucho más altas– y los que tampoco pueden acceder fácilmente a ese menú de bondades subsidiadas que pululan en la gran urbe que se despliega cerca del puerto.

En Mendoza han tomado nota de que, entre mayo y octubre del año pasado, alrededor de 88.000 millones de pesos destinó la Nación a subsidiar el transporte público de pasajeros en la zona del AMBA. Como contrapartida, y a lo largo de todo el año, de enero a diciembre del 2022, el subsidio que la Nación destinó por el mismo concepto al resto del país, en su totalidad, incluyendo a Mendoza, osciló los 20.000 millones de pesos. Esa relación, de cuatro veces más de beneficios que provienen de las arcas del Estado para unos ciudadanos por sobre otros, todos del mismo país, fue revelada por el secretario de Servicios Públicos de la provincia, Natalio Mema, cuando era entrevistado en el programa Opinión, de LVDiez. El tema del subsidio al transporte, de todos los casos de discriminación o de desigualdad manifiesta entre la Nación, el AMBA, las provincias o entre alguna de ellas –quizás lo más bochornoso de todo– ha motivado que cuatro legisladores nacionales de la oposición, Alfredo Cornejo, de Mendoza; Alejandra Vigo, de Córdoba; Beatriz Ávila, de Tucumán, y Carolina Losada, de Santa Fe, presenten un proyecto de ley para crear un sistema de reparto equitativo y federal del sistema de subsidios al transporte que modifique lo que existe actualmente.

El proyecto apunta a crear un sistema objetivo, conocido por todos y al que todos puedan tener acceso, en el que por pautas acordadas y específicas se distribuya equitativamente una bolsa de recursos que para este año ha sido estimada en más de 164.000 millones de pesos. Son tres los criterios de distribución que prevé la iniciativa: por unidades computables (por cantidad de vehículos, en concreto, tanto afectados a la jurisdicción provincial como a la nacional); por la cantidad de agentes computables (empleados registrados y hasta tres por cada unidad) y por la cantidad de kilómetros recorridos por las unidades en los seis meses anteriores a la liquidación del subsidio. Un subsidio, hay que decir, que va a financiar parte del salario de los trabajadores y el gasoil de las unidades, lo que ha hecho, para el caso de los habitantes del AMBA, pagar mucho menos que lo que se abona en el resto del país. Incluso, en el caso de Mendoza, hay un planteo adicional porque la Nación le adeuda a la Provincia alrededor de 900 millones de pesos. Es decir que no sólo el subsidio es menor que en el AMBA, sino que, además, la Nación no lo envía en tiempo y forma.

El estudio que motivó el proyecto da cuenta de que el interior recibe un 76 por ciento menos que lo que se envía al AMBA. Es decir que una unidad del interior recibe sólo el 24 por ciento de lo que se le destina a una unidad similar en el AMBA.

En el AMBA, además, el 85 por ciento del costo de prestación de los servicios de jurisdicción nacional es solventado por los subsidios nacionales, y el 15 por ciento restante lo aporta el usuario al pagar el boleto. En el interior, dice el estudio, la realidad es muy diferente porque los aportes nacionales, los subsidios, cubren sólo el 32 por ciento de los costos, mientras que los usuarios deben soportar entre el 30 y el 50 por ciento del boleto y lo que resta es aportado por fondos provinciales, como sucede en Mendoza, o municipales en otros casos. Se trata de una situación que termina por perjudicar al usuario del interior del país, que tiene que pagar, en algunos casos, hasta un 350 por ciento más que lo que abona un usuario del AMBA, para prestaciones similares o equivalentes.

Al caso del subsidio nacional al transporte en el AMBA, bien se le puede sumar el subsidio total que la Nación otorga para el servicio energético también en la misma zona. Por caso, el costo de distribución –el que se conoce como Valor Agregado de Distribución (VAD)- es solventado en su totalidad por el Estado nacional para los usuarios en esta zona. No para los mendocinos, lo que ha hecho que desde este mes se haya dispuesto un aumento cercano al 13 por ciento por imperio de un nuevo ajuste, mientras que, para un total de 240 industrias que consumen más de 300kW, el incremento será del 65 por ciento. Y para que se tenga una idea de lo que significa el VAD en el componente total de la factura, el mismo equivale al 33 por ciento.

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