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22 de junio de 2022
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Opinión

Salud y educación públicas en declive: hay algo que no cierra del todo en Mendoza

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En breve, en Mendoza se activará la campaña electoral con vistas al recambio de gobierno en el 2023. No hace mucho tiempo, se planteó desde aquí una suerte de pregunta al voleo, sin destinatarios específicos ni mucho menos concreto ni individualizado: ¿En qué está pensando hoy aquel o aquella que sueña con gobernar la provincia?, ¿y para qué?

Desde ya que el político profesional dice lo mismo siempre, y no está mal: que desde la política y, por intermedio de ella, lo que se busca es modificar la realidad para transformarla, cuando sea necesario, y ofrecerla al servicio de la ciudadanía. Ordenar la vida en sociedad, para que todo fluya como se lo requiere y se persigue, y que todo funcione en paz, en libertad, donde ese cúmulo de derechos, garantías y obligaciones que se han identificado sean respetados y cumplidos.

Dicho esto, lo que todos sabemos o intuimos, hay que decir que la política en Mendoza no estaría cumpliendo con lo básico. La decadencia paulatina de Argentina ha llevado a preguntarnos, molestos e inquietos, muchas veces, de qué ha servido la recuperación democrática si hace cuarenta años se pena por los mismos problemas irresueltos, e incluso con otros nuevos y más sofisticados y, por ende, más graves. La inflación, la pobreza, la desocupación, el hambre en los sectores más vulnerables y la ausencia de una prestación básica de servicios esenciales de calidad mínimas, han profundizado la visión incierta y desolada de millones de argentinos y unos cuantos, desde ya, mendocinos. Frente a todo este panorama de angustias que se ha extendido por demasiados años ya, ¿reaccionará en algún momento la política para darle un golpe de timón al rumbo? O, en todo caso, ¿no será que se está haciendo una apuesta inconsciente a que la reacción surja desde las bases o desde las propias entrañas de la sociedad, como ocurriera en el 2001?

Los últimos diez años de gobiernos provinciales, en una Mendoza que se estancó y no creció más desde el 2011 en adelante, claramente se han ocupado de administrar miseria. En estos años, la provincia no se transformó como lo han necesitado todos. También es cierto que, en estos diez años transcurridos, ha pasado de todo, tanto bueno como malo, desde la administración. Lo malo agravó el panorama, el escenario y, por ende, nubló mucho más el diagnóstico y lo bueno no alcanzó para cambiar la inercia y una tendencia negativa.

Cuando se transita por procesos inflacionarios como el argentino, con el país arriba de todos en América latina, con una proyección cercana a los tres dígitos, lo que hace temer a procesos hiperinflacionarios como los que se vivieron a fines de los 80 y 90, con una canasta mínima para no ser pobre de entre 95.000 y 99.000 pesos para el núcleo familiar, está más que claro que habrá más presión sobre el Estado y los servicios que presta porque se suman cada día más pobres al concierto de personas vulnerables o con necesidades insatisfechas. La presión es básicamente sobre los servicios de salud y educación, como consecuencia de no poder pagar la prepaga y el colegio o la escuela.

Mendoza está pasando por un momento crítico en uno de esos servicios, en el de salud, agravado por el conflicto particular de los anestesiólogos, a los que comienza a sumarse de a poco el resto de los profesionales representados en Ampros. Más servicios requeridos al sistema público, con cada vez menos profesionales. Todo indica que, en el panel de prioridades del Gobierno, la salud ya debiese haber tenido una respuesta especial y extraordinaria y, a la luz de lo que ocurre en los centros de salud y en los propios hospitales en donde se acumula el número de personas buscando atención con esperas intolerables, está claro que no ha habido una respuesta satisfactoria ni a la altura de lo que se requiere. La situación financiera de la OSEP, agravada, no deja de ser otra manifestación de la crisis. El aumento exponencial del precio de los medicamentos sólo ha podido ser cubierto, y a duras penas, con más recursos transferidos desde la Tesorería. La cuota del afiliado, además, no se ha incrementado y sigue el andar de los sueldos de los empleados públicos que le corren de atrás a la inflación en Mendoza, claramente.

Los datos de la administración financiera de la Provincia dan pie para algunas conjeturas. En el Gobierno se defienden y sostienen que lograron torcer el rumbo de las cuentas públicas hacia fines del 2015, cuando la actual coalición alcanzó el poder. Se trata de una afirmación cierta, si se toma, por caso, el último informe económico del Consejo Empresario Mendocino (CEM).

Entonces, con más razón vale preguntarse por qué razón, en términos concretos, la situación general de la Provincia y en particular la de los servicios públicos esenciales, como el de la salud y el de la educación (todavía existen decenas de escuelas sin bancos, pupitres y otras falencias en su infraestructura), no sólo no mejoraron, sino que tampoco se han podido mantener.

Referentes del Ejecutivo rechazan esa idea de que Suarez, al frente del Gobierno, sólo ha podido pagar sueldos, el tema que ha dado pie al planteo inicial de este artículo. Por el ahorro y la reducción del gasto que se ha logrado, estos servicios deberían haber mejorado. Porque si no, ese ajuste se hizo sobre los más vulnerables. “Esa idea de que sólo se pagan sueldos de la Gobernación efectivamente se dio hasta el 2015, luego eso se revirtió”, se defienden en el oficialismo.

Según el CEM, entre el 2012 y el 2015, las erogaciones del Estado aumentaron más rápidamente que los recursos. En el 2016, esa tendencia comenzó a ser revertida, hasta que en el 2018 se alcanzó un superávit de 8,1 por ciento y, en el 2021, llegó a 11,4 por ciento.

Entre el 2011 y el 2021 el empleo público aumentó 6,9 por ciento, de 103.000 agentes a 110.000. Mirando con más fineza, entre el 2011 y el 2015, la planta de personal se incrementó 10 por ciento, por arriba del crecimiento de la población. En el 2016 se redujo 3,5 por ciento y, entre el 2019 y el 2021, aumentó 1 por ciento el personal público. En la actualidad existen en Mendoza 55 trabajadores públicos por cada 1.000 habitantes; en el 2015 esa relación era de 60 cada 1.000.

Si hasta el 2015 los gobernadores de entonces sólo se dedicaron a pagar sueldos y, en algunos casos, a mal administrar los recursos públicos, qué ha pasado desde entonces, es la pregunta. Veamos: en el 2012, el gasto en personal ascendió a 59 por ciento; en el 2015, a la estrambótica cifra de 65 por ciento y hoy está en 44 por ciento del Presupuesto.

Dicho de otro modo: hoy, de cada 10 pesos que tiene el Estado, 4 y fracción se van en sueldos. En el 2015 se iban en sueldos 6,5 pesos de cada 10 en sueldos. La relación de hoy es más favorable, pero tampoco han mejorado ya no los sueldos, sino los servicios esenciales que requiere una población cada día más necesitada porque cada día es más pobre. Incluso, el ahorro, o esa mejor administración de los recursos sin incrementar el gasto en personal, no se ha visto reflejada tampoco en la inversión pública, en las obras. Esos trabajos, dice el informe del CEM, los de la inversión pública, están en los mínimos de la década. Con lo que hay muchas cosas que no terminan de cerrar.

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