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5 de abril de 2021
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Opinión

Salud, economía y seguridad, un menú obligado tras el jubileo del fin de semana

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Reunión clave.

Terminado el jubileo de la Semana Santa, una suerte de guiño que existió entre la Nación y las provincias para evitar cierres y restricciones que agravarían el clima y el ánimo social, empieza el momento de las definiciones frente a la evidente segunda ola de coronavirus instalada en el país.

Lo que viene estará condicionado por muchos intereses y factores de todo tipo que se interpondrán al momento de que se decida en cuanto a la vida de las personas en el nivel nacional y en la Provincia.

Exactamente un año atrás, todo el país transitaba por un encierro absoluto que, luego de casi cinco meses, con algunas pequeñas alteraciones, mostraría como resultado una nación más dividida por la gestión de la cuarentena. A la vez, el parate permitió alumbrar un sistema de salud un poco más robusto que el que se tenía antes de la pandemia y, claro está, entre las consecuencias de todo aquello, un sistema económico destrozado, sin producción, sin ventas, con muchas menos empresas medianas y pequeñas en pie, con una destrucción de puestos de trabajo como pocas veces se había visto y con niveles de pobreza y de marginación que, una vez conocidos pocos días atrás, a ninguno pudo sorprender por esa imagen de tierra arrasada que ha quedado en la superficie, a la vista de todo el mundo y con un panorama tan incierto a futuro como angustiante.

Desde hoy, Fernández, en la Nación, y Suarez, en la Provincia, deben elegir qué camino se seguirá como estrategia para evitar que la segunda ola del virus produzca menos dolor, en un sentido amplio, que el que dejó durante el 2020. Combinar para las próximas semanas las necesidades económicas con las sanitarias no debería ser un camino plagado de traumas, culpas y, lo peor de todo, sin convicción, como el que, posiblemente, deberá permitir el Gobierno nacional por haber mostrado un solo plan, sin alternativas, durante buena parte del 2020, que aquel basado en los confinamientos.

La confrontación lisa y llana, decidida con la oposición, defendiendo una posición más ideológica que científica de esa gestión de la cuarentena, sin flexibilidad, sin apertura y cierres temporarios, casi sin lógica en mucho sentido, le quitó confianza y credibilidad en una parte de la ciudadanía. Está claro que hubo y habrá seguidores convencidos que alientan al Gobierno a seguir por la misma vía, a lo que dé lugar. Pero, Fernández sabe muy bien que ya no hay plata que pueda sostener, como meses atrás, el derrumbe de los ingresos y la inmovilidad.

Además de que no hay plata, o que el sistema no soportaría un nivel de emisión como el del 2020, la encrucijada en la que se encuentra muestra que otro cierre empujaría a la pobreza y a la indigencia a quienes pudieron salvarse a duras penas hasta el inicio del último verano. Con lo que, sí o sí, el dilema de cómo seguiremos de ahora en adelante –cuando empiece a apretar por segunda vez el coronavirus– se resolverá con un mix de aperturas y cierres que, aun así, puede que le cueste a la administración central explicar, porque enfrentará la segunda ola, que ya está entre nosotros, desprovisto de aquella importante dosis de crédito con la que contaba un año atrás y que fue perdiendo por la falta de resultados, la tozudez y el fuerte componente ideológico con el que se impregnaron las medidas tomadas.

Pero, las legislativas que el Gobierno quiere postergar por un mes, de acuerdo con lo que defienden los menos radicalizados de la coalición gobernante –porque también aparecen y se muestran los que decididamente piden la suspensión de las elecciones apuntando a razones sanitarias–, se constituyen en una presión molesta porque, necesariamente, el oficialismo necesitaba llegar a ese momento (agosto para las PASO y octubre para las generales) con una mayoría de los ciudadanos vacunados y con una economía dando señales de recuperación. Y nadie puede asegurar hoy que tales condiciones se cumplirán. De ahí la aparición del debate sobre qué hacer con las elecciones y qué acordar con la oposición.

Rodolfo Suarez en Mendoza no la tiene nada fácil tampoco. A la incertidumbre sobre la marcha de la pandemia, como en todos lados, y a las conocidas urgencias de la economía con todo lo que ya se sabe, le suma las demandas sobre la inseguridad, que durante el fin de semana tuvo como víctima de asalto –con una fuerte carga de violencia incluida– al intendente de Capital, Ulpiano Suarez.

Si hasta este momento el gobierno de Suarez no había tomado real dimensión del creciente estado de inseguridad que se fue asomando a la superficie al ritmo en que la misma gente fue recobrando la libertad de sus movimientos, el ataque sufrido por el intendente se lo demostró en toda su magnitud. Todo el Gran Mendoza está amenazado por las bandas delincuenciales, con lo que el Gobierno tiene que tomar este punto de inflexión como una suerte de invitación ya no a la reacción, sino a la acción concreta que debió haber puesto en práctica hace un buen tiempo.

Economía –desde ya–, la salud y la seguridad están en el camino de Suarez esperando una respuesta del Estado. Y, si bien las urgencias electorales del oficialismo mendocino parecen menores que las del oficialismo nacional, nada ni nadie le puede asegurar un camino tranquilo hacia el examen de medio término.

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