LA PAZ (EFE). El presidente de Bolivia, Evo Morales, logró ayer el mayor triunfo político de sus nueve meses de gobierno, al firmar nuevos contratos de operación con diez petroleras, pero aún quedan por resolver otros aspectos clave de la nacionalización de los hidrocarburos que decretó en mayo.

    Morales cumplió su principal promesa electoral y anunció que Bolivia recibirá 4.000 millones de dólares anuales desde 2010 gracias a su política, lo cual sin dudas mejorará su popularidad, que había caído de 81 a 50 por ciento en los últimos cinco meses. Las negociaciones con las petroleras fueron tensas y rudas –“a cara de perro”, dijo a Efe un diplomático español–, enturbiaron las relaciones con países como Brasil y España, pero al final todas las empresas que tienen operaciones de exploración y explotación aceptaron las nuevas reglas y seguirán en Bolivia.

    Ocho compañías, incluidas las tres que tienen más inversiones (la hispanoargentina Repsol YPF y dos filiales de la brasileña Petrobras), firmaron nuevos contratos en la madrugada de ayer, minutos después de terminar el plazo de 180 días fijado por Morales en su decreto de nacionalización del 1 de mayo. Las otras cinco son las argentinas Matpetrol y Pluspetrol, Andina (filial de Repsol), British Gas y Chaco (de British Petroleum). El viernes habían firmado ya la francobelga TotalFinaElf y la estadounidense Vintage (Occidental).

ACEPTACIÓN. Fuentes gubernamentales, diplomáticas, de las petroleras, e incluso de la oposición coinciden en que Morales ganó políticamente la batalla, pero apuntan que en la letra menuda y en las cifras de los contratos las empresas lograron victorias notables, las que se revelarán cuando los documentos sean enviados al Congreso boliviano para su ratificación si no antes.

    El secretario de Asuntos Exteriores español, Bernardino León, quien llegó a La Paz cinco horas antes de terminar el plazo, dijo ayer que Repsol YPF tuvo “una negociación muy compleja”y por ello fue la última empresa en cerrar el acuerdo, “tras ciento ochenta días menos diez minutos”. León y el director general de Repsol YPF para Argentina, Brasil y Bolivia, Enrique Locutura, dijeron en una entrevista con Efe que tanto la empresa como el gobierno español están satisfechos con el resultado de la negociación.

    Entre los aspectos clave de la nacionalización que quedaron postergados, nadie dice por cuánto tiempo, está la decisión de renacionalizar cinco firmas que hace años eran parte de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Según el decreto de mayo, YPFB debe controlar la mitad más una de las acciones de esas empresas: la filial de refinerías de Petrobras,Andina, Chaco y las operadoras de gasoductos Transierra, en la que Repsol tiene 40 por ciento, y Transredes, filial de Shell y Ashmore. Locutura explicó que las discusiones sobre Andina se interrumpieron, pero está seguro de que ambas partes llegarán a una solución razonable.

    Por su parte, el ministro brasileño de Minas y Energía, Silas Rondeau, aclaró que el acuerdo firmado por Petrobras no incluye la situación de las refinerías ni el precio del gas exportado a su país,el que Morales quiere incrementar. “La indemnización (por transferir el control de las refinerías) es otra discusión. Hay que hacer una auditoría para establecer un valor justo y definir la indemnización sobre la participación que será traspasada a YPFB”, explicó hoy en Río de Janeiro.

EL VALOR DEL GAS
.Respecto al precio del gas, Petrobras y el gobierno de Brasil, uno de los principales accionistas de la empresa, insisten en que hay contratos vigentes, que entraron en vigor en 1999 por veinte años, los que Morales no puede cambiar unilateralmente. León explicó que España esperaba que Morales cumpliera su promesa de nacionalizar sin expropiar, que los nuevos contratos fueran resultado del diálogo y no de la imposición y que condujeran a dar mayor seguridad jurídica a las empresas, “y se han conseguido todos esos objetivos”.

    Otro aspecto clave de la nacionalización que tampoco ha podido concretar Morales es la “refundación” de YPFB, que en el decreto de mayo estaba fijada para junio. Según el decreto de mayo, YPFB debe asumir el control absoluto de los hidrocarburos y el monopolio de su comercialización, tanto en el país como para la exportación, pero el gobierno reconoce que no tiene recursos económicos ni personal suficiente para asumir ese reto. Algunos analistas preguntan si las petroleras firmaron sólo para salvar lo ya invertido, pero en vista de la dureza de la nacionalización evitarán nuevas inversiones, con lo cual el triunfo de Morales sería pan para hoy y hambre para mañana.