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10 de enero de 2022
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Opinión

Portezuelo y su futuro: ¿esconde al final una novela de terror?

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Rodolfo Suarez y Alberto Fernández.

Si todo se cumple como está previsto, en diez días, Mendoza sabrá qué piensa el presidente de la Nación respecto de la obra Portezuelo del Viento. Se trata de un laudo particular por el que Alberto Fernández debe decidir si son suficientes los estudios de  impacto ambiental que se han presentado en el Coirco realizados por dos universidades nacionales a pedido de Mendoza –con lo que habilitaría la marcha del emprendimiento– o, si bien, hay que hacer uno nuevo (o varios), a tono con lo que La Pampa ha  venido solicitando como una forma o manera de oponerse al levantamiento de una presa bajo el argumento de que el dique se levantará sobre el río Grande, uno de los afluentes más importantes del Colorado, el río que comparten cinco Estados: además de Mendoza y La Pampa, también Río Negro, Buenos Aires y Neuquén. 

Las sospechas más crecientes dan cuenta de que la suerte de la obra está echada. Que la Presidencia finalmente ordenará más y más estudios de impacto ambiental con el solo fin de prolongar la indefinición del proceso, porque, de aceptar una nueva investigación sobre las consecuencias ambientales de la obra, podría insumir de uno a dos o tres años de postergaciones. Imposible de aceptar en Mendoza, por varias razones: la primera es porque no hay tiempo que perder en la necesidad de llevar  adelante inversiones de envergadura que movilicen en parte la economía inmóvil y sin generación de riqueza por mucho tiempo  a esta parte; la segunda, porque la Gobernación, que encabeza Rodolfo Suarez, ve que con esa instancia se le escurriría lo poco  que a esta altura de su exaltada gestión podría tener para mostrar y dejar como herencia positiva.

Ya el 22 de diciembre del 2021, desde este mismo espacio, se presentaban por primera vez las dudas más visibles sobre si  seguir empeñados en torno a la obra o comenzar a mirar otras alternativas para el uso del dinero que la Nación –por ahora y  sólo por ahora– está enviando puntualmente cada tres meses, tal como se comprometió durante la gestión de Mauricio Macri, 
luego de aquel recordado acuerdo con Alfredo Cornejo, por entonces gobernador de la provincia. Y el 31 de diciembre, ante los micrófonos de LVDiez, el propio Suarez confirmaría las sospechas de que no se pueden esperar buenas noticias de parte de la Nación en torno al laudo, por la demora, más que nada, tras casi un año y medio sin noticias, y también daría luz verde al deseo –mantenido oculto hasta ese momento– de variar el curso del uso de un recurso que podría comenzar a movilizarse de  inmediato; un recurso líquido en dólares, destinado a un plan de obras hídricas que se extenderían equilibradamente en todo el
territorio provincial. De ahí en más, todo en el Gobierno parece estar girando en otra dirección y con entusiasmo.

Como si la revelación de Suarez hubiera operado como una salida del clóset contenida y oculta, no son pocos los que han comenzado a desempolvar sus propios planes y proyectos de obras varias –vinculadas, claro está y obligatoriamente, con el  objeto hídrico, porque de ahí no podrían escapar, pero de distinta naturaleza según los intereses y el poder de lobby, por  supuesto: hay que estar atentos no sólo a los proyectos de impermeabilización de canales y de construcción de otros nuevos por más de 250 millones de dólares en todo el territorio que ya se están ventilando, sino, más que nada, también, por la inminente  aparición en escena de grandes jugadores del negocio inmobiliario que, por la vía de la ausencia de infraestructura vinculada con la red de producción y distribución de agua potable, presionarán con sus métodos y habilidades para que se mire a esa área  como destino de los más de 1.000 millones de dólares que reunirá la Provincia al fin del cronograma de pago de la deuda  nacional, allá por octubre del 2024, la última cuota del plan por un monto de 350.000 dólares. En total, serán 1.023 millones por todo concepto, y ahora, el viernes 28, deberán llegar, girados por la Nación, los 52,7 millones de dólares correspondientes a la  cuota 10 del plan. En la cuenta especial ya están depositados 318,3 millones de dólares.

Si bien para muchos en el Gobierno, también en la oposición, la posible respuesta negativa del presidente sobre Portezuelo del  Viento puede significar un alivio en gran medida –por supuesto que prima la desazón en buena parte del lobby empresario  vinculado directa o indirectamente con la licitación en marcha–, no hay que dejar de señalar, ni mucho menos soslayar, las  torpezas cometidas por la dirigencia política. 

Esto es así porque el proyecto nunca se militó en la Rosada como se lo merecía. Se dejó todo circunscripto a la grieta y al trato discriminatorio –que es real, que existe– por parte de la Nación hacia Mendoza. El peronismo tampoco hizo nada. Envolvió su posición en un festival de chicanas que no aportaron nada y también existieron aquellos que sabotearon en silencio y con maniobras más o menos visibles la buena marcha del emprendimiento en todo aquello que lo necesitaba, como un buen sistema de presión política para conseguirlo.

Por el lado de la Presidencia todo pareciera ser más que obvio: ¿por qué razón, hoy, Alberto Fernández laudaría a favor de Mendoza, gobernada por la oposición y la que no le dio demasiada importancia al trámite? Un laudo a favor de los pampeanos tendría condimentos más políticos que otra cosa y un guiño necesario para un gobernador que Fernández quiere entre sus filas por la furibunda interna que lo abruma en el gobierno que preside.

Ahora bien, si además de laudar en contra de la obra (una posibilidad cierta), el gobierno de Fernández decide tensar aún más  su relación con Mendoza –razones para ellos hay, y de sobra, como el aval al acuerdo con el FMI, al presupuesto y demás–,  condicionando todo ese paquete a la continuidad en el envío y cumplimiento de los pagos, otra historia comenzaría en Mendoza. Una novela de terror que nadie, siquiera, puede y quiere llegar a imaginar.

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