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27 de junio de 2022
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Opinión

¿Para qué explicar? ¿Para qué hacerse entender? ¿Para qué hacer el esfuerzo?

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Rodolfo Suarez y Víctor Ibañez, los princicpales impulsores de la reforma constitucional.

Cuando se hace un repaso rápido, a salto de matas o vuelo de pájaro, de todo lo que nos ha pasado en, digamos, 50, 60, 70 años –no importa cuánto– podríamos convenir en que los argentinos, “el pueblo”, nos hemos equivocado unas cuantas veces. Y que eso de andar repitiendo que “el pueblo nunca se equivoca” –un pensamiento y una sentencia que Perón universalizaría a lo largo de su extensa y prolífica historia política– es ya, a esta altura del campeonato, una niñería extrema; un infantilismo en el que solemos caer colectivamente, quizás para no observar o identificar los yerros y, mucho menos, hacernos cargo. Por supuesto que ese “hacernos cargo” tendría que empezar por casa. Si nadie de quienes componemos “el pueblo” se sumerge, al menos, en su interior –lo que supone un esfuerzo que no todos están dispuestos a sortear–, volveremos a chocar con la misma muralla y todo lamento posterior será inútil y mucho más frustrante.

Dicho esto, ¿acaso no sería necesario ya que comience un proceso de reconocimiento de culpas por lo hecho y no hecho, por acción y por omisión, de toda la sociedad, en todos los niveles? Quizás. El resultado de semejante acto de constricción –visible, expreso y deliberado, o interno y sin demasiados rollos ni tampoco teatralizaciones–, produciría, probablemente, un revolucionario giro de una buena vez por todas.

Para quien elige, “el pueblo”, votar con absoluta conciencia de lo que hace y responsablemente supondría desde el vamos hacerse cargo; por medio de ese examen interno profundo, quien gobierna sortearía esa actitud fácil de ver las culpas afuera, siempre o casi siempre y quien ocupa el rol opositor podría darse cuenta de las razones que lo llevaron a estar como está y por qué está como está, más que alzar el dedo acusador contra todo lo que cree el origen de su problema en vez de señalarse a sí mismo. Todo esto, junto, es posible que esté ocurriendo en Mendoza desde varios años a esta parte.

Esas tres patas antes señaladas –pueblo, Gobierno y oposición– fueron afectadas por ese mismo proceso de descomposición generalizado que se apoderó de la economía, por señalar sólo un aspecto central, y que provocara la caída como en un dominó de todos los demás factores que determinan la vida de una sociedad. La metástasis está en todos lados. Ni el pueblo ni el Gobierno ni la oposición estarían haciendo un mínimo esfuerzo para identificar las razones por las que fallan y siguen fallando.

Para el Gobierno u oficialismo, la elección del 2023 no puede ser otra cosa que un triunfo. Así camina, con autosuficiencia, apuntalado en la solvencia y el convencimiento que tiene de que todo lo que se construyó desde el 2015 en adelante consolidó un vínculo fuerte con los votantes. Enfrente no hay nada visible y serio y puede que sea esta razón, más que cualquier otra, en la que descansa. Pero, hace tiempo que la actual administración de Gobierno dejó de explicar y de asumir el esfuerzo –que supone conocimiento, sapiencia, técnica, idoneidad,  mucha convicción y persuasión– de hacerles entender a los mendocinos el estado de las cosas. Esas cosas, todo lo que golpea y maltrata a los ciudadanos, están ahí y se multiplican a diario, mientras –como estrategia, probablemente, pero quizás más por incapacidad propia para desentrañar el nudo que tiene por delante– sólo se le apunta a la macroeconomía y con eso se camina sin mucho apuro ni urgencias que lo hagan verse amenazado; que lo hagan verse amenazado, otra vez, sin observar que puede estar frente a una advertencia cierta, quizás no de perder el poder, aunque sí su volumen y la llegada de su alcance que hasta ahora ha sido efectivo.

Un ejemplo de la ausencia de explicaciones y de no hacer un esfuerzo para que se entienda qué persigue y para qué, particularmente en objetivos que no ha podido cumplir, puede que se haya dado en las modificaciones al sistema educativo que no logró imponer y al reactualizado debate por la reforma institucional o de la Constitución que pretende. Una de las causas de por qué vuelve con la reforma institucional va por el lado de lo que estarían diciendo las encuestas cuando se le plantea a la ciudadanía si quiere más o menos gasto destinado a la política, por la política o generado por ella. A sabiendas, incluso, de que no conseguirá el consenso entre los partidos opositores y en la Legislatura –hay que ver a esta altura si en verdad lo quiere–, mantiene el tema como uno de las banderas electorales. El Gobierno interpreta que le alcanza con señalar al desprestigiado y desvinculado perokirchnerismo mendocino como el que se opone a reducir el gasto y a perder su cuota en la corporación legislativa, como lo afirmó expresamente el gobernador Rodolfo Suarez en su última aparición pública.

Pero las reformas institucionales, constitucionales o como se las quiera llamar, parecen no haberse impuesto a lo largo de los tiempos, cuando se las ha encarado integralmente como ahora, por falta de explicaciones, por malas campañas de comunicación, por la ausencia de consenso y porque nunca se dijo con claridad y simpleza cuál es el objetivo perseguido, el por qué y el para qué. Al menos, eso se podría inferir que les ha sucedido a estos intentos, a diferencia de lo que ocurre en otras provincias, donde sólo ha sido necesario un acuerdo legislativo entre los partidos representados en el parlamento para modificar el marco normativo constitucional.

Mendoza “tiene características particulares y especiales, como esta dosis de mayor democracia que permite al pueblo ser escuchado directamente y que se marca con la consulta vinculante en la que se le pregunta a la gente si está o no de acuerdo en la reforma que se propone”, reconoció Gabriela Ábalos, la magistrada, docente y especialista en temas constitucionales cuando se le pidió una opinión, precisamente en LVDiez sobre el fracaso de los intentos, más allá del factor político coyuntural que hoy frena la idea de Suarez.

Es decir, no alcanza con postular que se gastará menos. No se ha explicado ni aclarado el porqué de una sola cámara, en vez de dos, más allá de aquel argumento de menos gasto, lo que es en verdad irrelevante. Ábalos sostiene que sería absolutamente necesario rediscutir el rol de la Legislatura, porque, hoy, las dos cámaras representan lo mismo, duplicando todo el esquema. Bien se podría aprovechar el debate para hablar de representaciones por cantidad de habitantes, pero también garantizando a extensiones alejadas de los centros urbanos su representatividad, de forma igualitaria a la que tiene cualquier habitante del Gran Mendoza. No se ha hablado tampoco de priorizaciones de la igualdad, pero tampoco con seriedad y profundidad sobre un verdadero sistema descentralizado, por regiones, por departamento. Qué hacer con el Poder Legislativo, qué hacer con la coparticipación, cómo regionalizar y cómo descentralizar el poder bien podrían ser algunas de las razones por las que se tendría que modificar la Constitución.

Pero se explica poco. No hay un profundo interés por convencer. También es cierto que discutir poder, por parte de quien lo ejerce, suele ser incómodo y mejor apuntarles a otras cosas, aprovechar los momentos y que no cambie nada.

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