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11 de mayo de 2021
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Opinión

Otra vez sopa: subsidios para el AMBA pagados por los mendocinos

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En Mendoza, la tarifa eléctrica ha sufrido un incremento de casi 30 por ciento, en promedio, de acuerdo con los aumentos autorizados por el gobierno de Rodolfo Suarez en el primer trimestre del 2021. Las distribuidoras reclamaban, como suele suceder, una cifra en porcentajes mucho más alta que la que se terminó aplicando. Las subas rigen desde marzo. Mendoza no ha sido la única que ha permitido un ajuste en la tarifa de uno de los servicios esenciales más importantes. Ha sido acompañada por el resto de las provincias en donde los aumentos han oscilado entre los 35 puntos y los 15, de promedio. En Mendoza, quienes consumen hasta 300kW por bimestre verán aumentado el monto de la tarifa en 117 pesos por mes; los de 300kW a 499kW, unos 400 pesos de más por mes y los que gastan más de 600kW, alrededor de 900 pesos de suba por mes.

Pero, el famoso golpe al bolsillo no ha sido en esta oportunidad ni equitativo ni muchos menos justo. En la CABA, donde radica, quizás, el poder adquisitivo más alto promedio del país, donde tienen sus sedes las mayores corporaciones empresariales nacionales o multinacionales, donde se levantan los barrios más lujosos y exclusivos del país, en la zona donde se paga el metro cuadrado de edificaciones, tal vez, más caro de toda Latinoamérica, el aumento de la tarifa eléctrica no será superior a 9 por ciento en todo el año. Lo propio sucederá en el conurbano bonaerense, el epicentro de los votos del kirchnerismo, que está al frente del Gobierno nacional, hoy en su cuarta versión, con Alberto Fernández al frente y Cristina Fernández de Kirchner en la vicepresidencia.

La concentración de los subsidios entre los que más poseen en el país y los sectores que le garantizan al kirchnerismo y al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, la posible permanencia en el poder, en detrimento de los argentinos radicados fuera del AMBA, ha vuelto con toda la furia a la política de servicios públicos y a la fijación de las tarifas o de lo que se paga por ellos.

Esa situación de desequilibrio, que conforma un trato desigual entre los argentinos; una situación que castiga a los sectores claramente más esforzados de todo el país donde tiene su sede la producción y la generación de riqueza, y que ha provocado y obligado a un cambio de planes al Ministerio de Economía de Martín Guzmán, quien asumió con la promesa de bajar el déficit fiscal y que ahora ve cómo se derrumba aquel objetivo, ha sido la causal del duro embate del cristinismo sobre el propio Fernández.

Un cristinismo que se ha vuelto a imponer y a derrotar al presidente, que había decidido autorizar aumentos en el AMBA, segmentados y escalonados a lo largo del año, para ajustar el monto de las tarifas de los servicios que permanecieron congeladas en todo el 2020. Esa batalla que, según el presidente, de gira por Europa, ya es historia, terminó con el
subsecretario de Energía, Federico Basualdo, ratificado en su puesto cuando el ministro Guzmán, cumpliendo órdenes del propio presidente, le había pedido que se fuera al negarse a ejecutar el incremento de la tarifa.

Al margen de ese episodio insólito y muy comentado –uno más de los tantos que día a día trascienden en lo más alto del poder político nacional y que van demostrando la cada vez mayor injerencia de la vicepresidenta en los asuntos del Gobierno y, a la vez, una evidente mayor sumisión del presidente hacia sus designios–, la vuelta al congelamiento de las tarifas o a una política de fijación de valores irreales que nada tienen que ver con los costos de producción ni con la distribución, ha colocado una vez más al país en tensión: los argentinos del interior vuelven a pagar los beneficios que gozan los más pudientes del país y a los que se suman los más vulnerables del conurbano que, en este caso, son los que mantienen la base de votos del kirchnerismo. Con lo que, en esos territorios, según lo ha ordenado el kirchnerismo, la energía eléctrica no subirá más de 9 por ciento. En Mendoza, como está visto, ya se paga un aumento tres veces más alto que allí.

Según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto (Asap), han vuelto a incrementarse los subsidios energéticos para mantener las tarifas sin subas –o muy leves– en esos lugares que al Gobierno le interesan sobremanera por su peso electoral. Sólo en esos territorios, porque en la inmensa mayoría del país, en las provincias, los beneficios no se hacen ver. En el primer trimestre del 2021, el gasto en subsidios ha sido de 105.000 millones de pesos, casi el doble de lo que se ha destinado a la pandemia.

Pero no siempre fue así. Entre el 2016 y el 2019, el monto de los subsidios energéticos fue disminuyendo de manera notable. En el 2014 se destinaron casi 21.000 millones de dólares, en el 2015 fueron 18.371 millones, en el 2016 se otorgaron 15.574 millones, en el 2017 se destinaron 8.889 millones, en el 2018 fueron 6.967 millones y en el 2019 otros 4.931 millones de dólares.

En el 2020, todo cambió. Con la llegada del gobierno de Fernández y la incidencia de la pandemia, las tarifas de los servicios públicos se congelaron, lo que se constituyó en el reinicio de una política que se ha confirmado para este 2021 electoral y tan caro a los intereses políticos del Gobierno. El año pasado se destinaron 6.607 millones de dólares al esquema de subsidios eléctricos, 34 por ciento más que en el 2019.

Y, en pesos, el aumento en subsidios de un año a otro resultó ser casi espeluznante: de 229.000 millones que se habían destinado en el 2019 se pasó a 440.000 millones en el 2020. Y sólo en el primer trimestre de este año ya se han destinado 105.000 millones de pesos como está dicho, lo que significa 228 por ciento más que el mismo período del año pasado.

El voto para un político interesado en él y necesitado de él no tiene precio. Más cuando está al frente del Gobierno y necesita mantener altos y sin fugas los niveles de adhesión. El punto que, probablemente, para algunos no tiene demasiada importancia o que se pasa de largo es que el precio lo pagan otros votantes que tienen la suerte o la desgracia, según se vea, de residir en latitudes que no son del particular interés político de aquel gobernante, ni aunque se tratase de sus propios militantes. En verdad, para el político que se trata, su número de votantes, sean militantes o no, no es trascendente, que es lo que importa verdaderamente a la Rosada y a la vicepresidenta, particularmente.

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