En manos del fiscal de Estado, Fernando Simón, se encuentra el futuro inmediato del tortuoso proceso de licitación y posterior construcción del dique Portezuelo del Viento, en Malargüe. El letrado que está al frente del órgano extrapoder, representante de los bienes y derechos de los mendocinos reunidos en el Estado, imagina que el trámite se resolverá más o menos rápidamente, antes incluso que el de la licitación que se encuentra en curso. Supone que, en un mes, la fiscalía emitirá un dictamen que se transformará en la respuesta a ese pedido de tres juristas para que se suspenda el avance de todo el proyecto porque, como va y frente a las amenazas que se ciernen sobre él, la Provincia perderá mucho más de lo que piensa obtener como beneficio con el mencionado emprendimiento, el más grande y voluminoso, en todo sentido, que se haya proyectado desde el dique Potrerillos a esta parte.

Lejos de las motivaciones que tienen quienes ganaron el centro de la escena política y económica, claro está, con una sorpresiva embestida para frenar Portezuelo, hay que prestarle atención a cierto comportamiento extraño y preocupante que se ha apoderado de la dirigencia política y empresarial de la provincia desde vaya uno a saber cuándo; o bien, quizás y para ser un poco más preciso, se podría coincidir en que el punto de partida de tal comportamiento patológico que le impide a Mendoza focalizar un objetivo para ir con toda la fuerza y el mayor consenso posible para conseguirlo podría situarse con el arranque del nuevo milenio, en coincidencia con el “que se vayan todos” y con aquel proceso de descomposición que ha afectado al país, por supuesto, pero a Mendoza gravemente.

Desde aquellos años a esta parte, con la excepción de algunos períodos de cierta bonanza económica que tuvo más que ver con el contexto internacional que por logro propio, son muy pocos los aciertos que la provincia puede exhibir como marcas y referencias de su histórico y tradicional estilo de desarrollo y de luchas inquebrantables contra las adversidades.

Una encuesta reciente de Elbio Rodríguez, la misma que develó que, para los mendocinos, sólo las empresas y los emprendedores cuentapropistas pueden generar trabajo y garantizarlo más que el Gobierno como suponen otros, sostiene que 70 por ciento de los consultados en la provincia podría inclinarse por algo distinto, en cuanto a propuesta política, de lo que ofrecen las expresiones tradicionales que se dividen entre radicales y peronistas. Se trata de un dato nada más, aunque llamativo, y un síntoma del cansancio de la sociedad frente al estado de cosas que no cambia y más también, que le provoca más perjuicios y penurias con el paso del tiempo.

Lo cierto es que nada, ni siquiera una idea, ha logrado provocar una revolución no sólo en el ánimo de la ciudadanía mendocina, sino mucho menos en la economía. Los cambios más notables han pasado por algunas modificaciones que se han hecho a las normas que le dan vida a la administración de lo público o del Estado en sí mismo. No mucho más.

La actual gestión se ha encontrado con muros de contención a cada una de las propuestas que llevó adelante como cambio de la matriz económica o bien como un giro que imaginó trascendental al sistema educativo y a ese proceso que está en veremos sobre la reforma constitucional. Y, ahora, se ve amenazada su idea de ser la administración que logre adjudicar e iniciar Portezuelo, lo que para muchos es, sin dudas y a riesgo de caer en obviedades, la obra del siglo.

Frente a este panorama, el gobierno de Rodolfo Suarez bien podría enfrentar a la sociedad y culpar a los sectores, tanto políticos y económicos como también sociales que, en concomitancia, todos le impidieron llevar adelante el plan de crecimiento y desarrollo que tenía pensado para Mendoza. Es cierto.

Pero, para el caso de Portezuelo, quizás está a tiempo de reunir argumentos más que suficientes para defender la continuidad del proceso de licitación y lograr iniciar la obra, tal como está convencido, o bien escuchar con atención y humildad a quienes hoy advierten que se va por un camino equivocado con ese dique, no como consecuencia de un arrebato político o económico del momento y al sólo efecto de provocarle otro fracaso al propio gobierno, sino por lo que científicamente se está alertando de seguir adelante con el plan.

Esos argumentos en contra, entre los más serios, hoy están señalando problemas medioambientales provocados por la sequía y el calentamiento global que no se tenían al inicio del siglo ni tampoco quince años atrás, cuando se cerró la construcción del dique. Por ejemplo, el Grupo Olascoaga dice contar con un informe técnico que le ha probado que si el dique se hubiese construido en el 2010, diez años después sólo habría podido reunir el diez por ciento del caudal necesario para su llenado. De comprobarse la sentencia y de persistir esas condiciones de sequía, el dique tampoco podría contar con el agua suficiente en el tiempo que se ha previsto para generar energía.

El mismo grupo dice haber hecho cálculos que indican que, con una inversión de entre 200 y 300 millones de dólares, se podrían construir los parques fotovoltaicos suficientes para generar la misma energía que se afirma que producirá en su momento la central de Portezuelo.

Otros argumentos que van en contra de la presa señalan que no dejaría beneficios en el aspecto agrícola porque sólo se sumarían hectáreas irrigadas para cultivo aguas abajo, no en Mendoza, pero sí en La Pampa, Río Negro y, sobre todo, en Buenos Aires; y que para lograr ese beneficio para Mendoza es necesario el trasvase del río Grande al Atuel para hacer uso de los 34 metros cúbicos que le corresponden a Mendoza del río. Pero el trasvase económica y hasta geográficamente es casi inviable, por el costo y por el tiempo que le demandaría a la provincia su construcción.

Y, por último, los detractores de la obra van a lo práctico: si en medio de una pandemia pavorosa e imprevista, la Provincia puede contar con más de 1.000 millones de dólares, no se justifica que ese dinero sólo se concentre en el dique en el Sur, del cual, la mitad de los recursos se los llevará la empresa china Sinohydro y el resto se repartirá en las tres firmas mendocinas que componen el grupo, más un puñado más que lograrán algunos contratos pequeños. Si ese dinero, sostienen, se destina con más equilibrio, repartido en varios frentes dinamizadores de la economía, es probable que se le saque el mejor de los rendimientos.

Tamaño problema para Suarez, su gobierno y toda la dirigencia. Pero, en particular, la administración, ante una disyuntiva difícil de resolver, y que si equivoca el rumbo, podría ser fatal para Mendoza.