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19 de julio de 2021
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Opinión

Mucha agua en 70 años y nada en los últimos 10, el dato del que depende Portezuelo

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El fiscal de Estado, Fernando Simón.

No es para nada exagerado afirmar que buena parte del futuro de la construcción de Portezuelo de Viento se puede estar definiendo esta misma semana. Menos lo es que su suerte depende de lo que opine el fiscal de Estado, Fernando Simón, quien analiza dos presentaciones, con argumentos fuertes y de peso, en las que solicitan que se frene la obra porque los perjuicios a los que se enfrenta la Provincia pueden ser muy superiores a los potenciales beneficios. Y esos escritos –uno firmado por los juristas Alejandro Pérez Hualde, Aldo Guarino Arias y Miguel Mathus Escorihuela, más otro del geógrafo Marcelo Giraud– lejos de apuntarles a las batallas jurídicas y políticas con La Pampa, cuyas demandas están vivas y siguen su curso, advierten más que nada del impacto del calentamiento global y una suerte de “megasequía” que ha provocado que el río Grande haya perdido parte de su caudal de forma alarmante y constante en los últimos diez años, poniendo en duda el llenado del embalse previsto en el proyecto.

Se presume que Simón tendrá todo listo para dictaminar en el transcurso de la semana, justo a pocas horas de que opere un plazo clave para la política como es el de la presentación de las listas de los candidatos que competirán en el proceso electoral de setiembre y noviembre. Ambos acontecimientos son sensibles y de alto impacto por las consecuencias que encierran las decisiones que se tomen, cualesquiera sean.

Una pregunta sobrevuela el establishment político y empresario mendocino: en qué momento y por qué comenzaron a multiplicarse las demandas locales en contra de una obra que, se creía, contaba con el consenso mayoritario hasta poco tiempo atrás y hoy, cuando menos, aparece demonizada desde varios frentes.

Claramente, luego de más de 50 años de estudio y desde quince años, cuando sucedió en el momento en que Néstor Kirchner en la Presidencia y Julio Cobos en la Gobernación acordaran cómo y de qué manera la Nación devolvería más de mil millones de dólares, y qué se haría con esa semejante cantidad de dinero (Portezuelo), ya se puede afirmar de que se trata de una obra que no logra alcanzar un mínimo de paz.

Quienes observan el proceso de cerca responden a aquellos interrogantes apelando al sentido común y a las obviedades: las motivaciones para frenarla pueden ser varias desde las políticas, otras que apuntan al objetivo de hacer daño a quien gobierna o a una fracción del mismo o bien para ganar protagonismo. Pero, una vez que la denuncia o la presentación está hecha, la demanda tiene vida propia, ya no es de nadie y se está en la obligación de estudiarla y analizarla. Esto último es lo que está ocurriendo en la Fiscalía de Estado, más cuando los escritos han aportado argumentos que tienen mucho color, que pueden ser rebatidos o reafirmados, pero que dispararán una respuesta que no pasará para nada desapercibida.

En la Fiscalía ya tienen todas las respuestas a los oficios que se activaron: respondieron Irrigación, la empresa eléctrica provincial (Emesa) y la Provincia, por parte del Ministerio de Infraestructura. Según se pudo conocer, el informe de Irrigación –de características técnicas– corrobora los dichos de las presentaciones cuando confirma los períodos de bajo escurrimiento y bajo caudal del río. No abre juicios, en principio, sobre si se tiene que hacer la obra. Emesa, por su lado, le ha dado crédito a la situación crítica desde lo hídrico por la que atraviesan el Grande y todos los ríos mendocinos en los últimos once o doce años, pero sugiere que no hay que tomar una decisión que contenga nada más y nada menos que el freno o no la obra, estudiando sólo un breve período de tiempo. Para Emesa, se requieren, por lo menos, 50 años de análisis de la cuenca y no sólo una década.

Tanto Giraud como los tres juristas que piden que no se siga con Portezuelo han afirmado que, según el escurrimiento de los últimos diez años, el dique no se podría haber llenado ni mucho menos contar con el agua suficiente para turbinar y generar energía. Irrigación avala esa mirada, pero a la Fiscalía le ha entregado un estudio que ha tomado los últimos 70 años de lo que ha ocurrido en el río Grande.

En concreto, hasta el 2011, en los 70 años previos, se comprobó que sólo en 9 el río no alcanzó los caudales suficientes que requiere la obra. En los otros 60 o más tuvo el agua suficiente para empezar el llenado del embalse. De todo esto resulta que, hasta el 2011, las probabilidades de llenado del dique eran altas y que en 3 años se alcanzaba el objetivo de la cota prevista. Esa cantidad de agua garantizaba, como los cálculos y proyectos realizados indicaban, la necesaria y lógica generación de electricidad cuya venta al sistema interconectado permitirá, con el tiempo, el repago de la obra.

El problema se ha presentado en los últimos diez años, en los que aquella ecuación de los 70 años se ha invertido en la serie de diez que van del 2011 hasta el presente. Si la obra se hubiese inaugurado en el 2010, el agua acumulada en el embalse aparentaría un charco al pie de un paredón inmenso hacia nuestros días. Y no habría permitido, tampoco, producir energía.

Todo esto configura el escenario presentado ante la Fiscalía y desde el cual Simón deberá dictaminar. Además, se suman los acuerdos firmados entre las provincias en el Coirco, el comité de cuenca del Colorado, del que el río Grande es su principal afluente. En trazos gruesos, esos acuerdos obligan a tener presente que se requieren 1.800hm3 para el llenado, un poco menos de 600hm3, como mínimo, para producir energía, todo condicionado, para comenzar a retener agua para el llenado, a un caudal que supere los 3.000hm3 por año, lo que por el momento no se estaría cumpliendo de acuerdo con los datos surgidos de la serie de estudio de los últimos diez años, como está dicho.

El contexto es bastante complicado y complejo de resolver. Así también es posible que el dictamen de la Fiscalía mencione algo sobre las acciones jurídicas y políticas que están en la Corte: al menos una de la provincia de La Pampa y dos provenientes de fundaciones que se oponen férreamente a la construcción de la obra mendocina en el Grande.

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