Alberto Fernández aterrizó en Ezeiza con la sensación del deber cumplido. “Hemos alcanzado los objetivos que nos habíamos fijado”, sentenció. Se trajo de Europa el compromiso de los países acreedores de darle tiempo. Esa es la certeza: ganó tiempo. La duda que surge desde las entrañas del poder, es saber en qué se utilizarán los meses de gracia. Es decir, qué ocurrirá una vez que venza el acuerdo puente que Martín Guzmán teje con el FMI y el Club de París para posponer los vencimientos de deuda. La pregunta no apunta al plan del ministro, sino a las pretensiones de Cristina Fernández.

La vicepresidenta logró parte del objetivo que se trazó a fin del año pasado, cuando Guzmán se apuraba por cerrar en el verano el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Consiguió aplazar esa negociación para atravesar la campaña en paz. Propios y ajenos coinciden en que las revisiones diarias de las metas que se acuerden con el FMI son incompatibles con las exigencias electorales en tiempos de pandemia.

Y aunque el Presidente se esfuerce en fortalecer la posición de su ministro de Economía, las acciones del funcionario se deprecian en la discusión interna del Frente de Todos. Los avances en materia de la deuda no alcanzan a compensar los retrocesos en el terreno de los precios. Si la vicepresidenta pedía tiempo para darle aire a la recuperación económica antes de aplicar el ajuste que vendría atado a la renegociación de la deuda, ahora se le suma la necesidad de aplacar el impacto de la inflación que, al finalizar mayo, ya habrá superado 20 por ciento en el año.

Pese a haber contenido la devaluación del peso, el dólar no logró servir como ancla para los precios de bienes y servicios. Desde enero, el Banco Central aplicó microdevaluaciones diarias que acumularon hasta el mes pasado una depreciación del 11,7%, lo que implica un atraso de más de 6 puntos frente a la inflación. Y en la búsqueda del tan anunciado “acuerdo de precios y salarios” que se promocionó durante todo el verano, el único ítem que se estancó fue el de los salarios.

Si los precios corren a una velocidad del 46 por ciento anual, los salarios caminan detrás al 32,7 por ciento. El poder de compra de los trabajadores se redujo más del 13 por ciento en doce meses. No es sólo una cuestión de ajuste del bolsillo. Por cada punto que crece la brecha entre los precios y los salarios, unas 235 mil personas caen en la pobreza.

Un ancla se come reservas. La otra, la paga el sector más vulnerable de la sociedad. La que falla es el ancla de la política. Hay una pregunta central que acompaña a la gestión del Frente de Todos que aún no se empezó a responder: cuál es el plan para la economía.

Guzmán no acepta las recomendaciones que le hacen desde el Instituto Patria para resolver la discusión sobre la deuda que tiene la Argentina con el FMI y el Club de París, las herencias de la era Macri y también de la gestión Kicillof. Sí, en parte, Guzmán debe lidiar con el acuerdo que el gobernador bonaerense cerró con los acreedores institucionales. En su primera visita al Vaticano como ministro, se quejó abiertamente de la reestructuración que encaró Kicillof en 2014: “Argentina va a pagar un 9 por ciento de tasas de interés en la deuda de 2020 y 2021 al Club de París, lo cual no sólo es insostenible sino que marca un mal antecedente con el resto de los acreedores; definitivamente no es un trato igualitario”. Junto a él estaban el Papa Francisco y la directora gerente del FMI, Kristalina Giorgieva.

La gestión del Presidente y de Guzmán en Europa será clave para el corto plazo: los acreedores aceptarán posponer el pago de los 2.419 millones de dólares que operan el 30 de mayo mientras acuerda con el FMI una medida similar para los vencimientos del segundo semestre con el organismo multilateral. Las elecciones aplazadas hasta noviembre evitarían así convivir con las misiones técnicas, los inspectores del ajuste. ¿Y después de las legislativas, qué?

Guzmán había anticipado en el Presupuesto 2021 cómo pretendía encarar parte de la reducción del déficit fiscal, manteniendo constante la cuenta de los subsidios. El gasto proyectado para este año en la asistencia estatal para la energía y al transporte es de $805.855 millones, que equivale a 2,2% del PIB y representa el mismo nivel de 2020. El 77,4% de esos recursos se destina a subvencionar al sector de gas y electricidad (1,7% del PIB), mientras que el 22,6% se asigna al transporte (0,5% del PIB). Pero para sostener la cuenta estable, las tarifas energéticas deberían subir en torno al 30 por ciento. Se sabe: Cristina Fernández prohibió que el ajuste llegue a los dos dígitos.

Si el Presupuesto 2021 era el plan de Guzmán, como lo explicó al presentarlo en el Congreso, la disparada inflacionaria y la pulseada por los subsidios lo desmoronaron. Y la pregunta ya no pasa por saber qué alternativas maneja el ministro para recuperar un sendero que le permita negociar un programa con el FMI. Las dudas se centran en el plan que imagina Cristina Fernández.

Ese es hoy el principal problema que define las expectativas económicas y el clima de negociación con los acreedores. Y más allá de que el Presidente haya empoderado a Guzmán para que encare la reestructuración de este capítulo de la deuda, la última palabra sobre ese acuerdo no lo tendrá Alberto Fernández sino la vicepresidenta. Y esto no es una conjetura.

La Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública que envió el ministro en diciembre y se votó en febrero, no es sólo una ofrenda a los acreedores que obliga a las fuerzas políticas mayoritarias a respaldar el programa que se firme. Es al mismo tiempo la garantía que se reservó la vicepresidenta, que junto a su hijo Máximo son los principales hacedores de las mayorías parlamentarias, para controlar el contenido del eventual acuerdo.

El Senado que le dice a Guzmán cómo se deben utilizar los recursos extra que recibirá este año la Argentina desde el FMI, es el mismo que deberá aprobar o rechazar lo que él negocie con el Fondo.

El silencio de la vicepresidenta, lejos de ser una muestra de prudencia, es la piedra en el zapato de Guzmán. La política puede ser el ancla que no encuentra la economía. Mientras tanto sólo aporta incertidumbre.