A nadie le caben dudas que el actual proceso de concertación entre el peronismo del presidente Kirchner y el sector del radicalismo liderado por el gobernador Cobos constituye un fenómeno de construcción de poder político. Pero es oportuno que nos aventuremos a preguntarnos si este proceso puede ser más que eso, si puede ser también la semilla de un cambio estructural del sistema de partidos argentino.

    Hace ya casi tres años, un alto funcionario kirchnerista sostenía que la reforma política posible y necesaria para Argentina no pasaba tanto por cambios de leyes de partidos y sistemas electorales, sino por transformar a los actuales partidos políticos –hoy aparatos de construcción de poder para el líder de turno– en instituciones que reflejen posiciones diferenciadas y coherentes sobre los grandes temas nacionales y sean capaces de exponerlas al debate público y proponerlas al electorado, junto con equipos y líderes para su concreción.

    Hace tiempo que las identidades partidarias responden más a una cuestión de historia o de estilo que a una mínima coherencia ideológica. Desde la recuperación de la democracia, el peronismo ha sido capaz de sostener el proyecto neoliberal de Menem y la actual visión kirchnerista, que se declara su antítesis, y en muchos aspectos, sin duda, lo es. El radicalismo no se quedó atrás, sosteniendo tanto el modelo socialdemócrata alfonsinista como el conservadorismo de De la Rúa.

    Pero más allá de estas incoherencias de los partidos, detrás de toda acción y plan de gobierno, siempre estuvo presente, expresa o tácitamente, una concepción ideológica que sustentaba el proyecto político que ese gobierno pretendía. Esa concepción se reflejó y se refleja en numerosos temas: el rol del Estado dentro del proceso económico y su consecuente nivel de intervención en el mercado, la prioridad y los instrumentos elegidos para producir una redistribución de la riqueza, la forma de integrarse en la economía globalizada, los costos ambientales y sociales a pagar por sostener el crecimiento económico, el respeto por la institucionalidad, el compromiso con la defensa de los derechos humanos, la visión sobre la problemática de la seguridad, la prioridad de la educación.

   El actual proceso de concertación es una gran oportunidad para que, al igual que ocurre en la mayoría de las democracias occidentales, los dirigentes tiendan a agruparse en torno a coincidencias conceptuales y no sólo por historias comunes o necesidades de construcción de poder.