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6 de junio de 2021
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Columna

La campaña de los muertos

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Vacuna Pfizer.

Abril de 1997. Alfredo Yabrán responde ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Seguridad e Inteligencia los vínculos que lo atan a un grupo de empresas de seguridad privada. Los impulsores de la audiencia sospechan que ahí anida su responsabilidad en la muerte del reportero gráfico José Luis Cabezas.

Veintiún años después, este martes, un grupo de empresarios volverá al Congreso a dar explicaciones vinculadas, también, con la muerte. La cita con los responsables de los laboratorios que proveen al Estado argentino responde a la lógica que se instaló en la campaña electoral: oficialismo y oposición se acusan mutuamente de ser los responsables de las más de 80 mil muertes que ya se cobró la pandemia en el país. Las vacunas son parte de esa batalla.

Los representantes de AstraZeneca y del Fondo Ruso de Inversión Directa -dueño del contrato para la provisión de la Sputnik V- tienen a mano explicaciones globales para justificar los atrasos en la ejecución de los contratos. Acuerdos caídos con laboratorios para escalar la producción, concentración del mercado, faltantes de insumos críticos para producir las vacunas. Es también lo que quiere escuchar el oficialismo para deslindar responsabilidades. Pero el centro de la atención estará puesta en Pfizer.

Los representantes de la compañía están obligados a asistir, a menos que prefieran enfrentar alguna consecuencia administrativa (como la suspensión del registro de proveedores del Estado) o un proceso penal, como le ocurre a un testigo -o imputado- que se resiste a presentarse ante un tribunal. Hay tanto interés en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio por este testimonio que podrá escudarse en el mismo argumento que utiliza el Gobierno para limitar la información que ofrece sobre ese contrato frustrado: las condiciones de la negociación son confidenciales.

La decisión de convertir la cita reservada en una audiencia pública garantizará el show pero no necesariamente el acceso a la información. El oficialismo quiere que Pfizer confirme su teoría: que el laboratorio inventó excusas formales para ocultar que no tenía disponibles las dosis que se había comprometido a proveer. Esos supuestos 14 millones de esquemas de los que se habló en octubre de 2020 y que para diciembre, según el ex ministro Ginés González García, ya eran menos de 1 millón.

La oposición busca otra cosa. Quiere saber hasta qué punto incidió en esa trama la inclusión de la “negligencia” en la ley que habilitó la compra de vacunas contra el coronavirus. De hecho, desde Juntos por el Cambio quieren aprovechar la ocasión para dejar en claro que esa cláusula fue incorporada por el massismo y no por ellos, como acusó el bonaerense Axel Kicillof para justificar las complicaciones en la negociación con Pfizer.

Acá las versiones se bifurcan. El miércoles 30 de septiembre del año pasado, cuando faltaban unos pocos minutos para las 18 horas, en una reunión de la comisión de Acción Social y Salud de la Cámara baja, la diputada del Frente de Todos y mano derecha de Sergio Massa, Cecilia Moreau, le preguntó al Subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Mauricio Monsalvo por la “negligencia”. “¿Las cláusulas propuestas en cuanto a la indemnidad incluyen indemnidad en cuanto a la negligencia?”, fueron sus palabras exactas.

Al día siguiente, luego de un cuarto intermedio, el presidente de la comisión, el tucumano Pablo Yedlin, leyó el párrafo modificado del proyecto de ley, con la cláusula por negligencia incorporado, y se ocupó de dejar en claro: “Aquí ven parte de lo que discutimos ayer con el funcionario y hay una importante colaboración en esto de Cecilia Moreau”. Desde el Frente de Todos replican con la frase que dice Yedlin a continuación: “Pero me parece que esto era una de las dudas que se tenía en general, que se plantearon y que se incluyó para que quede en claro”.

Un diputado kirchnerista que participó de las frenéticas negociaciones que durante la noche anterior protagonizaron los integrantes de la comisión de Salud, jura que la massista Moreau no hizo más que manifestar una inquietud que le había acercado la diputada del Pro, Carmen Polledo, y que para evitar la confrontación y agilizar el trámite, la expresó como propia. Desde el Pro, niegan la versión. Y nadie se hace cargo del aporte. En el Congreso, los proyectos de ley se modifican solos.

Para saldar esta discusión, desde Juntos por el Cambio propusieron esta misma semana eliminar la frase de la discordia para despejar el camino y determinar si, efectivamente, ese es el obstáculo para la negociación con Pfizer. Llamativamente quien se opone a la reforma es la propia Moreau que defiende la ley tal como está y hasta asegura que la volvería a votar con las mismas cláusulas con que fue sancionada. “El problema con Pfizer no fue ese artículo, que habla de negligencia, conductas maliciosas o fraudulentas”, dice la diputada y agrega que para ella “hubo algo más que tuvo que ver con que Pfizer no tenía las vacunas producidas como para poder seguir cerrando acuerdos con otros países y pateó la cuestión para adelante, y por eso retomaron ahora la posibilidad de una negociación con la Argentina”.

Precisamente ese punto es el que objeta la oposición. Las vacunas de Pfizer estuvieron disponibles antes y no recién ahora. De hecho, Chile recibió un primer embarque de 234 mil dosis en diciembre. “Sobre un contrato de 10,1 millones de dosis”, aclara enfáticamente un funcionario del Ministerio de Salud que agrega que, en esa misma semana la Argentina pudo recibir 300.150 dosis de la vacuna Sputnik V “que se empezó a negociar cuando se complicó la historia con Pfizer”.

La defensa del Gobierno pasa por ahí: no se perdieron vidas por falta de gestión. Las vacunas que no se lograron obtener del laboratorio estadounidense se sustituyeron por las dosis de otros proveedores. Pero fueron incapaces de lograr un acuerdo con Pfizer cuando el laboratorio puso las dosis a disposición del mecanismo Covax. Ahí apunta la oposición. “¿Cómo va a explicar el Gobierno que el fondo Covax ofreció a la Argentina vacunas Pfizer y fueron rechazadas? ¿A quién le va a echar la culpa?”, tuiteó el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo.

El 22 de enero, el laboratorio Pfizer cerró el acuerdo con Covax para proveer de 40 millones de dosis al mecanismo de colaboración. Una nimiedad si se compara con las 2 mil millones de dosis que se calcula que debería distribuir este año ese sistema apadrinado por la OMS. “¿Y si hubiésemos firmado? las vacunas recién las mandaron en mayo”, insiste la fuente del Ministerio de Salud. Ciertamente, el 21 de mayo la Organización Panamericana de la Salud completó un envío de 1.165.320 dosis de Pfizer a 4 países de América Latina. Para ese momento otros 27 países de la región ya habían recibido 16.475.790 dosis de AstraZeneca, entre ellos Argentina que ya completó 1.944.000.

¿Cuántas dosis adicionales podrían haber llegado si el gobierno lograba firmar un acuerdo con Pfizer? En palabras de la oposición: “¿Cuántas vidas se pudieron haber salvado?”. Ese es el nudo del debate de la campaña electoral que busca instalar Juntos por el Cambio: cada vacuna que no llegó es una vida que no se salvó. La pregunta sigue siendo “¿por qué?”.

"¿Por qué dicen que no la quiero comprar? Sucede que las condiciones me ponían en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país. Dije que esto no lo puedo firmar porque me están pidiendo cosas desmedidas", repitió el presidente hace unos días. El Gobierno sigue sin precisar la desmesura.

“No pedían ni glaciares ni Vaca Muerta, pedían que la garantía de responsabilidad se aplicase sobre las reservas del Banco Central y en caso de que fuera insuficiente, sobre las reservas a constituirse en el futuro. No querían recursos naturales, sino que arriesgásemos los dólares de la cosecha de soja”. La versión pertenece a uno de los abogados que revisó el contrato que tuvo en sus manos González García. “No se podía meter a las reservas en el contrato cuando estás en medio de una negociación con el FMI”, justifica.

Versiones que podrían despejarse con información detallada. En lugar de convocar a los laboratorios, el Congreso podría crear una comisión especial, que interrogue a funcionarios en forma reservada y que elabore un dictamen que ayude a despejar la incertidumbre. Es una posibilidad que ofrece el reglamento de ambas cámaras del Congreso, que hasta regula quién debe poseer la llave que resguarde las actas que se elaboran en las reuniones secretas.

El oficialismo quiere tapar el debate con el récord diario de dosis aplicadas. Y acusa a los gobernadores opositores de ser los responsables de las muertes. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, lo dijo sin eufemismos el jueves en su demorada visita al Senado. Cuando la mendocina Pamela Verasay le reprochó la distribución inequitativa de los recursos discresionales entre las provincias, el ministro coordinador le respondió: “La verdad es que plantear una idea de discriminación hacia el pueblo de Mendoza es un error que sólo busca un objetivo electoral pero que no se condice con la información y los datos que tenemos y mucho menos con cómo hemos nosotross avanzado con el gobierno a pesar de que tiene una mirada distinta y hasta incluso incumple medidas de ciudado nacional y después nos pide respiradores”.

En la Casa Rosada no dejan de repetir una frase que el Presidente lanzó hace un par de semanas: “¿Al final quién tenía razón?”. Lo dicen cuando ven a Juan Schiaretti llevando a Córdoba a la fase 1 después de negarse a aplicar las restricciones que figuran en el DNI presidencial. “Alberto se la juega para salvar vidas mientras que la oposición se juega la próxima elección”, en palabras de Cafiero. Schiaretti le devolvió la gentileza: “La vacuna es la única solución para terminar con la pandemia que nos afecta”.

No son las vacunas las que quedaron instaladas en el medio de la campaña electoral. Sino los muertos. Oficialismo y oposición centraron sus estrategias no en atraer a los votantes, sino en espantárselos a los adversarios. En las legislativas de este año no se elige un modelo de país. Mucho menos hay indicios de debates ideológicos. Es la disputa por la responsabilidad penal. Cada sector busca construir al otro como un insensible asesino para que el ciudadano opte por el fiscal y no por el acusado.

La oferta electoral 2021 se está reduciendo a esas dos opciones: “Las dosis que no trajiste” y “las restricciones que no aplicaste”. Ya habrá otro tiempo para discutir sobre la pobreza, la deuda o la inflación, ese otro terreno donde unos y otros tienen mucho más para perder.

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