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2 de septiembre de 2021
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Opinión

La Argentina de los planes

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Una madre en una de las terminales de Anses.

La llegada de la primavera trae consigo, además de esa suerte de goce y de felicidad colectiva por las características propias de la estación donde todo se renueva y todo parece empezar de nuevo; la que además preanuncia la cercanía del verano, del sol, del agua y del verde; también de la temporada del descanso anual, de la época festivalera y del pasatiempo al aire libre; además de todas esas cosas, digamos que todas bellas, anuncia también el desembarco de preocupaciones sectoriales reales que amenazan los meses de la cosecha y que se van incrementando con el paso de los años.

La fuerza productiva y económica del país padece, como se sabe, de decenas de problemas a resolver de diversa naturaleza como impositivos, de comercialización, de competitividad, de financiación, de logística por citar unos pocos. Pocos días atrás, en un acto en Concordia, en Entre Ríos, directivos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), le plantearon al presidente que no dejara pasar más tiempo y avanzara en la firma urgente de un decreto o de un proyecto de ley por el que se les permita a los beneficiarios de planes sociales de todo el país tomar trabajo en blanco para la cosecha en las economías regionales sin que pierdan, por eso, el o los planes que reciben como parte de la cada vez más voluminosa ayuda social que se presupuesta y se reparte todos los años con recursos del Estado.

La ausencia de trabajadores para la cosecha, o para las actividades temporales de la agroindustria, como sucede en Mendoza, o bien en otro nivel y rubro, como el de los autopartistas que dejó al descubierto algunas semanas atrás la compañía Toyota cuando reveló que le estaba costando conseguir operarios con el secundario completo para una de sus plantas en la Argentina, se ha transformado en un drama sin exageración. Mendoza, por caso, necesita todos los años alrededor de 15.000 operarios que llegan desde diversas provincias para levantar la cosecha, primero de frutas de pepita y carozo y, hacia febrero, marzo y abril, la de la uva. El año pasado resultó casi dramático por la suma de un problema adicional impensado, el de la pandemia de coronavirus para agravar aún más el panorama.

Probablemente la Rosada se esté ocupando del asunto que, hay que decirlo, no arrancó con este gobierno ni con el de Mauricio Macri ni tan siquiera con los del kirchnerismo de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, sino más bien desde los primeros años de la recuperación de la democracia cuando el presidente Raúl Alfonsín ideó el PAN, el Programa Alimentario Nacional, como una solución inmediata al padecimiento de millones de personas afectadas, como siempre, por la crisis de empleo reinante. El 17 por ciento de la población fue asistida por el PAN en aquellos tiempos. Un poco menos de 6 millones de personas.

La Argentina de los planes, o la “Argentina planera” se fue acentuando y agudizando. Hoy se tienen registradas 22 millones de personas, la mitad del país, recibiendo uno o más de los 15 programas sociales por los que se reparte dinero concreto en la Argentina. Claro que buena parte de esos beneficiarios también aparecen o se superponen en los listados de las organizaciones sociales (piqueteras) que controlan, a su vez, otra parte de la asistencia financiada con los recursos del Estado.

La política de la asistencia social, necesaria y obligatoria en un cierto y particular momento de la Argentina, está claro que se transformó en crónica y cuando no, son las dudas, en una estrategia política y en un instrumento por el que se ha canalizado la dominación o la sujeción de millones de personas en beneficio de un régimen o proyecto político.

Tanto plan y tanta asistencia no ha sacado, de todos modos, a esos argentinos de la pobreza. Es más, los planes han aumentado en la medida en que más gente se fue cayendo del borde inferior de la clase media para pasar a engrosar el número de las clases bajas, empobrecidas y dependientes de la ayuda social del Estado.

Más de 140 planes o programas sociales existen hoy en el país, pero un grupo de quince son los más extendidos, utilizados y demandados. Además de la famosa AUH que se desprendió de aquel más famoso todavía Plan jefas y jefes de hogar que nació con Eduardo Duhalde durante su interinato del 2001 al 2003, le siguen el Plan Potenciar Trabajo; el Programa Argentina Hace; el Programa Hogar; el Federal Incluir Salud; el Jóvenes Más y Mejor Trabajo; el Monotributo Social; el Plan Nacional Primera Infancia; el de Protección Social; el de Seguridad Alimentaria; el Progresar; el Programa de Seguro y Capacitación de Empleo; el SUMAR; el de la Tarifa Social y el de los Medicamentos PAMI.

El inconveniente que siempre han tenido estos programas es que el beneficiario debe probar que no tiene empleo formal para acceder a alguno de ellos en general o que no tienen un ingreso suficiente como para poder satisfacerse las necesidades básicas propias y las de su grupo familiar. De ahí que, ocurrió, cuando la persona beneficiada conseguía un empleo automáticamente se le daban de baja los ingresos por los planes o el plan que recibía. Hasta que comenzaron a fraguarse los datos, a esconderse o a falsearse, cuando no directamente el potencial receptor del trabajo ofrecido se limitó a no tomarlo para no correr el riesgo de no perder la asistencia.

La Argentina planera, la Argentina inviable, la señalada en buena parte del mundo por padecer de una patología crónica e interminable con tanto recurso para explotar, generar y producir riqueza. Un país extraño e indescifrable para el resto del mundo, que sigue dando ejemplos de lo que no hay que hacer si lo que se busca es la paz y la tranquilidad, ya fuese para un proyecto colectivo como sociedad o, simplemente, individual, sin demasiadas miradas retorcidas.

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