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26 de noviembre de 2021
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Opinión

Internet fijo y el plan para salir del fondo de la tabla

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Acceso a Internet.

Ya convencido absolutamente de que la sociedad mendocina no quiere modificar, ampliar o cambiar la actual matriz económica de la provincia por la vía del desarrollo de la minería a gran escala, el gobierno de Rodolfo Suarez –con el acuerdo de la mayoría de los intendentes del oficialismo–, intentará romper la barrera impuesta al crecimiento y a la generación de la riqueza por la vía de lo que se conoce como la economía del conocimiento. A esta altura de los hechos, esa meta es bien conocida porque resultó ser el camino que anunció que tomaría la administración de Suarez a las pocas horas en las que decidió dar marcha atrás con los cambios a la ley antiminera que había promovido pocas semanas después de que asumiera el control de la provincia, allá por enero del 2020. Si hay algo nuevo, tras casi dos años de aquel golpe que el ambientalismo le asestó a la columna vertebral del plan de gestión y de desarrollo que se había imaginado para todo el ciclo, hay que ir a buscarlo en el reciente acuerdo que el Ejecutivo viene de alcanzar con las distribuidoras eléctricas de la provincia, las operadoras de internet y los municipios.

A ese plan, a una parte del mismo para ser específico, el gobierno lo llama Mendoza Conecta y lo encuadra, con la anuencia de los intendentes del propio oficialismo, en otro programa denominado Ciudades Conectadas. Pero todo gira alrededor de un índice de vergüenza para la provincia: se encuentra entre las que tiene la más baja conectividad fija por hogares de todo el país: llega a 39 por ciento. Mendoza sólo supera a Santa Cruz (37%), San Juan (36%) y en el último lugar aparece el pobre y vergonzoso reino de Gildo Insfrán, al que el oficialismo mendocino castiga cada dos por tres y al que coloca como ejemplo de todo lo que no hay que hacer; Formosa sólo tiene a 32 por ciento de hogares conectados a un sistema fijo de internet.

Pero en el país hay otra realidad y otra muestra más de desigualdad, en este caso, vinculado al servicio de internet. La CABA tiene más conexiones que hogares, con 108 por ciento de penetración fija de internet; le siguen La Pampa y San Luis, con 82 por ciento; Córdoba (78%); Tierra del Fuego (76%); Santa Fe (74%); Buenos Aires (69%); Chubut (68%); Neuquén (67%); Río Negro (61%); Entre Ríos (59%); Tucumán (55%); Salta (54%); Jujuy (53%) y La Rioja (50%). Por debajo del 50 por ciento de conectividad fija aparecen Catamarca (49%); Santiago del Estero (44%); Chaco y Misiones, con 43 por ciento, y, al final de este lote intermedio, Corrientes, con 42 por ciento. Recién ahí surge Mendoza, como está dicho, muy por debajo de todo y lejísimo del promedio.

Sin embargo, con el Mendoza Conecta, Suarez ha logrado transformarse en la primera provincia que desregula, con un acuerdo al que han ingresado las distribuidoras eléctricas, el uso de los postes que se necesitan para el cableado. Ese aspecto del sistema se denomina infraestructura pasiva. Desde ahora en Mendoza, las empresas que pretendan ofrecer su servicio de internet por la vía de la fibra óptica, podrán hacer uso de los postes a cambio del pago de un canon de 80 pesos por mes por poste a las eléctricas que se los pidan, como las cooperativas, entre las que sobresale la de Godoy Cruz; la principal operadora del Este, Edestesa y, desde luego, que la más grande y gravitante de todas, Edemsa.

El acuerdo introduce una cuña en un mercado dominado por los operadores gigantes tales como Movistar, Claro y DirecTV. Si bien estas compañías podrán valerse de los beneficios del acuerdo y de la desregulación, además de su propia infraestructura, deberán compartirlo con las decenas de operadoras que ya existen y sobreviven en la provincia. Se calcula que el número de esas pymes asciende a unas 100. Para empujar al desarrollo de las mismas, el Gobierno pondrá a disposición un subsidio reembolsable de casi 2,5 millones de dólares para financiar su expansión. Para ello, tendrán que tender un mínimo de 420 kilómetros de fibra óptica para “brindar servicios de internet de última milla en 6 polígonos”, de acuerdo con las condiciones que se anunciaron. Y el monto al que accedan se les liquidará en el equivalente en pesos a devolver a una tasa de 15 por ciento anual, en 36 meses de plazo con 12 meses de gracia incluidos en aquellos 36 meses del total.

Está claro que la economía del conocimiento es mucho más que un plan para conectar la provincia y salir del sorprendente lugar en el que se encuentra, allá sobre el final del listado de todos los estados. Esa falta de conectividad dejó, cuando menos, a unos 15.000 chicos sin acceso a los conocimientos que se impartieron por medio de las clases virtuales durante el peor año de la pandemia; y eso que muchos contaban con el teléfono celular y con los paquetes de servicio de internet que pudieron contratar o comprar de acuerdo con los diferentes programas. La situación bien pudo ser peor de lo que ha sido. La conectividad es sólo una pequeña parte de la economía del conocimiento que incluye la industria del software y las tecnologías de la información; la biotecnología, la investigación y el desarrollo; la industria cultural como la audiovisual; el marketing digital y los servicios profesionales, como los de consultoría general hasta la salud.

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